Canarias exige el doble de los fondos asignados en el plan de vivienda

Canarias quiere dejar de ser la gran perjudicada en el reparto de fondos estatales para vivienda. El Gobierno autonómico ha exigido al Ejecutivo central una revisión profunda de los criterios utilizados para distribuir los recursos del plan estatal de vivienda, dotado con 7.000 millones de euros –de los cuales el 60% será aportado por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas– al considerar que están «completamente obsoletos» y no reflejan la realidad actual de los territorios. Canarias reclama «canarizar» el plan, es decir, que contemple de forma efectiva sus singularidades geográficas, económicas y sociales. Según los cálculos del Archipiélago, si se aplicaran indicadores actualizados, su participación pasaría del 5,3% actual a un casi 11%. O lo que es lo mismo, en lugar de recibir 222,6 millones del Estado, le correspondería más del doble, 457,8 millones. El Ejecutivo regional ya ha advertido de que, si no se produce una actualización de los criterios, no respaldará la propuesta estatal.

La Consejería de Obras Públicas. Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha presentado al Ministerio que dirige Isabel Rodríguez una batería de alegaciones para adaptar el plan. La demanda principal es la actualización de los criterios. «Los fondos se reparten con unas ponderaciones que vienen desde 1991. Nadie, ni siquiera el propio Ministerio, sabe con certeza cómo se ha hecho ese reparto durante años», explica el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega.

Población de 1991

Actualmente, el 70% de los fondos estatales se distribuye en función de la población, pero la de 1991. «Hay comunidades que han ganado población y otras que han perdido. El criterio en sí podría ser válido, pero los datos están completamente desfasados», aclara Ortega. Otros indicadores se encuentran en situaciones similares. El 14% de la ponderación responde a la demanda de vivienda, también medida en 1991. Las necesidades de vivienda, que representan el 8,5% del reparto, y la renta per cápita, con un 4,6%, tampoco se ajustan a la realidad actual. De hecho, Canarias –tercera comunidad con menor renta per cápita actualmente– queda directamente excluida de este último criterio, al haberse limitado históricamente a solo cinco comunidades autónomas.

«Es inadmisible que se sigan utilizando criterios de hace 35 años para repartir los fondos del plan estatal de 2026», denuncia Ortega.

El caso canario se agrava por su condición geográfica. Las regiones ultraperiféricas apenas reciben un 0,9% del total, cuando, según cálculos del Gobierno autonómico, la ponderación justa para Canarias debería situarse entre un 4 y un 5%. La cifra actual no se corresponde con las obligaciones reconocidas por la UE para paliar los sobrecostes estructurales de estos territorios.

Fórmula de reparto

La comunidad propone un cambio profundo en la fórmula de reparto. Mantener la población como criterio principal, pero actualizada, y elevar el peso de la renta per cápita hasta un 16,5%, además de introducir un nuevo factor: la presión arrendaticia, que reflejaría el esfuerzo real de las familias para acceder a una vivienda. A cambio, se eliminarían criterios obsoletos como la demanda y la necesidad de vivienda de 1991, así como las calificaciones provisionales de vivienda protegida de enero a septiembre de ese año, que aún hoy se utilizan.

Con esta reforma, Canarias estima que su participación se situaría en torno al 10,9% –prácticamente el doble de su cuota actual–, lo que supondría varios cientos de millones de euros adicionales en los próximos años. De hecho, el propio Ejecutivo regional calcula que solo con actualizar los datos de población y renta per cápita, sin introducir más cambios, la participación canaria aumentaría en 1,1 puntos porcentuales, pasando del 5,3% actual al 6,4%. «Lo mínimo que pedimos es que se actualicen los datos. Otra cosa es que se quieran modificar los criterios, pero al menos que reflejen la realidad de 2025, no la de 1991», subraya Ortega.

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