El Estado se 'desprende' de un menor por cada día sin cumplir con el Supremo

205 días. Este es el tiempo que ha pasado desde que el Tribunal Supremo emitió el auto que otorgaba al Estado un plazo de 10 días -calificado como «improrrogable»- para asumir la tutela de más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo alojados en Canarias. Desde entonces, 200 de esos jóvenes han alcanzado la mayoría de edad. En otras palabras, por cada día que transcurre sin que la Administración central realice una derivación, un menor migrante cruza el umbral de la adultez sin haber recibido la atención estatal que le correspondía durante su infancia con todo lo que ello implica: continuarán su proyecto sin haber contado con la protección requerida cuando eran menores.

La situación no ha pasado desapercibida en el Ejecutivo regional. Aunque al alcanzar la mayoría de edad los jóvenes salen del sistema de protección canario y pasan a ser responsabilidad del Estado, el escenario no convence al Gobierno de Canarias. La respuesta del Estado es «insuficiente», sostuvo Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, al término del comité interadministrativo celebrado entre ambas administraciones para abordar los traslados a la Península de menores solicitantes de protección internacional. En su opinión, el procedimiento actual no contribuye a aliviar el hacinamiento del Archipiélago y «da la sensación de que el Estado está esperando a que los chicos cumplan la mayoría de edad» antes de proceder a su derivación.

El panorama se aleja de ser esperanzador. Además de los 200 jóvenes que ya han alcanzado la etapa adulta, Canarias acoge actualmente a unos 30 muchachos solicitantes de asilo que están a punto de cumplir los 18 años. Una situación que preocupa al Gobierno autonómico. La demora del Ejecutivo central en realizar las reubicaciones ya ha tenido consecuencias directas sobre los jóvenes y, ante esto, el Gobierno canario ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de acelerar los traslados hacia la Península.

Las declaraciones del Ejecutivo regional han levantado ampollas en la Administración central. Desde Migraciones aseguran que el listado inicial facilitado por la Comunidad Autónoma ya contenía personas que habían alcanzado los 18 años. Sin embargo, desde Madrid justifican la inclusión de estos mayores de edad en las cifras que aportan porque «forman parte del listado remitido al Supremo».

El argumento no convence a los representantes políticos de Canarias. «El Estado no está dando una solución a las personas cuando cumplen la mayoría de edad. Esas plazas no se están asignando de forma inmediata», criticó Rodríguez, quien reprochó que «en ningún momento el Estado ha querido replicar para la infancia migrante la red de atención existente para los adultos».

Una postura que comparte la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien calificó de «inaceptable» que el Gobierno central haya acusado a Canarias de ralentizar los traslados de menores solicitantes de asilo. «Los datos son demoledores: en siete meses solo han salido 182, y aún queda casi un millar por trasladar», afirmó. Mientras la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, acusa a la Comunidad Autónoma de no tramitar adecuadamente los expedientes para el traslado, desde el Archipiélago insisten en que es el Gobierno central quien no está haciendo su trabajo: «Hay 87 menores en el Canarias 50 y se han realizado 14 entrevistas en El Hierro, por lo que ya hay más de 100 menores que el Estado podría trasladar y no lo ha hecho. Para ellos es más fácil criticar que ponerse a trabajar para resolver este problema».

Las declaraciones llegan justo después de que Cancela asegurase que hay «más plazas disponibles que menores por trasladar», por lo que «en una semana podría darse la paradoja de contar con más de un centenar de plazas vacantes, pero sin niños y niñas a quienes trasladar, debido a que las autoridades canarias no están remitiendo los listados y expedientes necesarios para realizar las entrevistas o gestionar el traslado al recurso temporal Canarias 50».

Sin embargo, muchos de los chicos alojados en este recurso llevan ya «más de dos meses en el centro» a la espera de ser reubicados, lo que vulnera el compromiso estatal de limitar su estancia a un máximo de dos semanas. «La táctica del Estado es dilatar todo lo posible la asunción del mandato del Supremo de acogerlos en sus recursos de la red de protección internacional, con la intención de que muchos de ellos cumplan la mayoría de edad y no tener que habilitar recursos específicos para menores de edad, rentabilizando al máximo los que dispone para mayores», denunció Delgado. Su crítica es clara: «Estamos cansados de que falseen los datos para tapar su incapacidad»

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