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El Ejecutivo estudia crear un mercado de emisiones ultraperiférico

El Gobierno regional propone el mercado de carbono como impulso al turismo sostenible y el cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea

Chimeneas escupen humo en una refinería ubicada en China.

Chimeneas escupen humo en una refinería ubicada en China. / EFE

Irene Mederos

Irene Mederos

Las Palmas de Gran Canaria

La descarbonización y la movilidad sostenible son pilares clave en la agenda de Canarias en un contexto en el que el Archipiélago es uno de los territorios en los que «más se contamina para la obtención de energía», explica el vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Comercio, Manuel Domínguez. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2022 Canarias emitió 12.698 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente, cifra que supera a la de comunidades más grandes como Aragón (10.080) o Navarra (4.661 kilotoneladas de dióxido de carbono). Para reducir estas emisiones y sacar provecho económico, el vicepresidente planteó la posibilidad de incluir a Canarias en el mercado de carbono, un sistema que permitiría a las empresas comprar créditos de emisiones generadas en otras regiones o países, mientras las Islas impulsan proyectos para disminuir su propia huella ambiental.

Los mercados de carbono son sistemas comerciales diseñados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante incentivos financieros. Un regulador establece un límite máximo o techo de emisiones para los participantes, quienes deben entregar derechos de emisión equivalentes a sus emisiones al final de cada periodo: si una empresa supera ese límite, debe pagar sanciones. Por otro lado, aquellas compañías que emiten menos gases de efecto invernadero de lo permitido pueden vender su capacidad de emisión no utilizada a otras empresas que sí se excedan. En otras palabras, ser responsable con el medio ambiente e invertir en energías limpias no solo contribuye a cuidar la naturaleza, sino que también genera beneficios económicos, ya que las empresas pueden obtener ingresos vendiendo sus excedentes de emisiones derivados de su actividad económica.

Para que este negocio funcione son necesarios una serie de elementos clave, entre los que se incluye: ámbito de aplicación (sectores y participantes afectados), la autorización de emisión, el derecho de emisión transferible, el techo total de emisiones, la asignación de derechos, el seguimiento y verificación de emisiones, el cumplimiento de entrega de derechos, y un registro electrónico que controla la propiedad y uso de los derechos.

Objetivo 2030

El sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS) –que se estableció en 2003– se ha implementado en varias fases y abarca sectores como instalaciones fijas, operadores aéreos y, desde 2023, empresas navieras y otros. Su objetivo es reducir las emisiones de la Unión Europea al menos un 55% para 2030 respecto a 1990 para, de alguna manera, contribuir a los compromisos climáticos. En la actualidad se trata del mayor mercado de cumplimiento del mundo y ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2023, se estimaba que el valor del mercado global de comercio de carbono superaba los 900 mil millones de dólares.

En España, estos sistemas se regulan a través de la Ley 1/2005, que está siendo actualizada para alinearse con las últimas directivas europeas. Pero, ¿qué se plantea hacer en Canarias? La propuesta aún no es clara. Más bien se ha puesto sobre la mesa una aspiración de futuro en la que el Archipiélago sería el ‘oasis verde’ de la sostenibilidad, mientras industrias de otras comunidades autónomas o terceros países aprovecharían para «compensar las acciones que desarrollan en su territorio», explicó Manuel Domínguez.

Turismo sotenible

Esta compensación, según apuntó Domínguez, se llevaría a cabo mediante acciones enfocadas en la «reforestación de las Islas» y de proyectos que ayuden a la compensación de las emisiones de CO2 que estas empresas generan. Pero aún no hay medidas concretas, solo una idea que necesitaría «conjugar acciones» desde las consejerías de Turismo, Transición Ecológica y Hacienda. «A partir de ahí, cuando este proyecto esté más desarrollado, podremos detallarlo más intensamente», subrayó el vicepresidente.

La propuesta, por tanto, parte de un folio en blanco, aunque con una idea clara que ya ha sido implementada en otros países como Costa Rica, Camboya o Ghana, donde el uso estratégico de los mercados de carbono ha permitido avanzar en la protección medioambiental así como en el desarrollo sostenible.

La mirada hacia una economía del carbono está puesta, además, en el turismo sostenible. Para Manuel Domínguez, proteger los ecosistemas del Archipiélago es también una forma de preservar su principal atractivo, que no se limita al buen clima, sino que se encuentra en sus paisajes naturales únicos. «En el mercado global del turismo, la sostenibilidad puede convertirse en una estrategia competitiva», afirmó.

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