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Sector inmobiliario

El plan nacional de vivienda ‘ignora’ a casi un millón de canarios

El Estado reparte 7.000 millones de euros con datos de población de 1991, cuando en las Islas vivían 1,4 millones de personas frente a los 2,2 actuales

Un trabajador mide  la ventana de una vivienda en construcción en Tenerife.

Un trabajador mide la ventana de una vivienda en construcción en Tenerife. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno central ha diseñado un nuevo plan de vivienda de 7.000 millones de euros –el 60% financiado por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas– con criterios de reparto que se remontan a 1991, hace 34 años. En ese año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias contaba con 1.492.835 habitantes, y desde entonces la población ha crecido un 51%, hasta alcanzar los 2.257.957 actuales. Es decir, casi un millón más de personas que el plan no tiene en cuenta, lo que afecta directamente a la financiación que recibe el Archipiélago, que atraviesa una situación de emergencia habitacional que hace que este plan sea especialmente crucial para garantizar el acceso a vivienda digna.

La realidad demográfica de 1991 dista mucho de la actual. Sin embargo, el criterio poblacional –que representa el 70% del reparto de fondos– sigue anclado en esas cifras obsoletas. Lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico ha presentar una batería de alegaciones al Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, en las que reclama una modernización urgente de los criterios para que el plan se adapte a las necesidades reales de 2025. «El 70% de los fondos se reparten en función a criterios de población, pero la de 1991, por lo que ese criterio no es valido. Hay comunidades autónomas que han aumentado población y otras que la han disminuido», explica el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega.

Canarias pelea por una distribución justa y equitativa de los fondos. «Pedimos nuevos criterios y, en caso de que no se puedan cambiar, hay que actualizar los que tenemos actualmente con datos contemporáneos para que se produzca un reparto objetivo», insiste Ortega. El Gobierno de Canarias plantea no solo actualizar las cifras poblacionales, sino también revisar otros indicadores que también se tienen en cuenta a la hora de repartir los fondos y considera desfasados, como la renta per cápita. Al utilizar los datos de principios de los noventa las Islas ni siquiera están entre las cinco regiones que reciben fondos por el este criterio a pesar de ser actualmente la tercera comunidad con menos renta por persona.

Criterios actualizados

Con el modelo actual, el Archipiélago recibe un 5,3% de los fondos, lo que equivale a 222,6 millones de euros. Si se aplicaran criterios actualizados, la participación de Canarias ascendería al 10,9%, casi el doble: 457,8 millones.

Otro de los puntos críticos señalados en las alegaciones es el referente a la población joven. Actualmente, la fórmula solo contempla a personas menores de 30 años, un umbral que Canarias pide ampliar hasta los 35 para ajustarse mejor a la realidad sociolaboral del Archipiélago y mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda. La posición del Ejecutivo autonómico es clara: o se canariza el plan nacional de vivienda, o no contará con su apoyo.

«Canarias tiene que votar en contra en caso de que no se actualicen los criterios. No se trata de imponer nada, pero sí de que sean objetivos y justos. En caso de que no se quieran modificar, lo mínimo es actualizarlos», recalca Ortega.

Singularidades territoriales

Además de la población y la renta, el Gobierno de Canarias cuestiona la falta de adaptación de la fórmula de reparto a las singularidades territoriales y sociales del Archipiélago. A su juicio, mantener datos de hace más de tres décadas no solo perpetúa desigualdades, sino que limita la capacidad de respuesta ante la emergencia habitacional que vive la comunidad. Otro de los puntos que el Ejecutivo autonómico considera especialmente discriminatorio es el tratamiento que reciben las regiones ultraperiféricas. El peso que se les otorga en la fórmula de reparto es de apenas un 0,9%, una cifra que, según el Gobierno canario, no respeta lo establecido por la Unión Europea, que insta a los Estados miembros a velar por paliar los sobrecostes estructurales de estos territorios. El Ejecutivo regional reclama que este factor tenga un peso real en el cálculo, de modo que se reconozcan las dificultades añadidas que afronta el Archipiélago.

Por el momento, el Ministerio ha escuchado tanto las propuestas del Gobierno regional como las planteadas por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. «La ministra ha dejado claro que su idea es buscar la manera de abordar esas singularidades canarias», asegura Valido

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