El presupuesto autonómico aumenta en 813 millones el gasto público en 2026

La deducción fiscal en el IGIC por la adquisición de la vivienda habitual mejora sus condiciones en la ley de presupuestos autonómicos de 2026 para favorecer a más familias. De esta forma se aumentará la edad, la renta máxima y el importe de compra de los inmuebles para acogerse a las bonificaciones tanto en el IGIC como en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, explicó ayer que la barrera actual de 24.000 euros de ingresos anuales impide a muchas familias comprar una vivienda por la carestía del mercado inmobiliario, por lo que ese límite no estaba teniendo ningún tipo de repercusión en los contribuyentes.

En las cuentas de 2026 se duplicarán los ingresos para poder acceder a estas bonificaciones fiscales, de tal forma que se amplía la renta hasta los 48.000 euros anuales, con lo que podrán acogerse más familias porque son unas cantidades que ‘permiten’ comprar una vivienda y pagar una hipoteca.

Esta medida forma parte de las modificaciones tributarias que se incluyen en el presupuesto autonómico del próximo año, que ayer fue presentado por el Gobierno a las patronales y sindicatos en el marco del Consejo Asesor.

Como novedad también se introduce la eliminación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) sobre los combustibles, porque ya no hay producción en Canarias, pero a la vez se introduce un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustibles, actualmente sin gravamen.

Las líneas generales del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2026 reflejan un crecimiento del mismo de un 7%, lo que supone 813 millones de euros más de gasto público. La mitad de este incremento lo absorben los dos principales servicios públicos: el Servicio Canario de Salud (SCS), que aumenta su presupuesto en 240 millones más, hasta los 4.833 millones de euros, y Educación, que sube su dotación en 159 millones, hasta alcanzar los 2.313 millones de euros.

Las otras áreas que también incrementan sus fondos son Transición Ecológica y Energía -140 millones más- y las políticas de Vivienda, con 25 millones adicionales. Pese a que el Gobierno central sigue sin presupuestos, el Ejecutivo regional aprovecha la subida de la recaudación por el auge del turismo y la demanda interna para alcanzar los 12.491 millones de gasto no financiero.

La deuda pública se mantiene a raya, equivalente a un 10,4% del PIB autonómico, lo que supone 6.680 millones de euros de endeudamiento.

Frente a estos incrementos en el gasto social, no sucede lo mismo con la inversión pública y las transferencias de capital. En la documentación presentada ayer en el Consejo Asesor a las patronales y los sindicatos se refleja una caída de las transferencias de capital del 18,8% después de un descenso del 45% de las mismas del presupuesto inicial de 2025 a la previsión de cierre de este ejercicio.

El presupuesto de la Consejería de Obras Públicas tiene una caída del 14%, lo que supone 60 millones de euros, como consecuencia de los ajustes en el convenio de carreteras.

Prudencia y sin información

Como ya sucedió en las cuentas de 2024 y 2025, tanto el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como la consejera de Hacienda, Matilde Asián, expresaron la prudencia que marca la elaboración del presupuesto y se quejaron de la falta de información y de los principales indicadores que debe elaborar el Estado cuando se entra en la recta final de año.

El anuncio ayer mismo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que convocará próximamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar la senda de estabilidad y el techo de gasto cogió por sorpresa al Ejecutivo regional.

Por ello Clavijo no descartó modificaciones en la ley de presupuestos durante la tramitación parlamentaria o una vez que entre en vigor si finalmente hay cuentas del Estado. «No podemos esperar», aseguró el presidente, que priorizó el cumplimiento estricto de los plazos para que el nuevo presupuesto se aplique a partir del 1 de enero.

La consejera Matilde Asián se quejó de que las cuentas de 2026 se han tenido que confeccionar en base a unas magnitudes estatales fijadas desde 2023, ya que desde entonces se han prorrogado los presupuestos del Estado.

Asián puso de manifiesto que no le parece adecuado que a esta fecha el Gobierno de España todavía no haya aprobado la senda de consolidación fiscal, por lo que ha elaborado unas cuentas regionales «con un superávit del 0,1 % de su PIB».

La consejera también reprochó al Gobierno español que no haya aprobado la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, por lo que el Ejecutivo canario se ha visto obligado a elaborar sus presupuestos con una tasa de crecimiento del 3,3 %, una magnitud fijada en 2023 que, por lo tanto, «no se adapta para nada a la realidad actual».

Clavijo consideró asimismo «muy importante» que el Gobierno siga diseñando sus cuentas «a gasto real», una línea de trabajo implantada desde el principio de legislatura que «marca la diferencia y nos permite ser transparentes con la ciudadanía», ya que el presupuesto refleja partidas ajustadas a la capacidad de ejecución de los departamentos.

Este criterio también fue aplicado a los dos presupuestos anteriores elaborados por el actual pacto de gobierno.

Las previsiones realizadas por Economía y Hacienda reflejan una ralentización del crecimiento económico tanto en términos de PIB como de creación de empleo. La actividad crece un modesto 1,9%, mientras que el empleo se queda en un 0,6% de subida, lo que deja la tasa de paro en el 12,8% frente al 13,1 actual.

Empresarios y sindicatos acogieron con criterios desiguales las cuentas que les presentaron ayer desde el Gobierno. El presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, consideró positivo el hecho de que en Canarias haya un anteproyecto de presupuestos «encima de la mesa» pese «al escenario de incertidumbre», y además de respaldar que se priorice el gasto social, pidió que se refuerce la inversión pública para dinamizar la economía.

De igual forma, Ortega consideró imprescindible la necesidad de «simplificar la normativa» para propiciar la «ejecución real» de las políticas presupuestadas.

Por parte de las centrales sindicales se demandó un mayor nivel de ejecución presupuestaria, una mejor redistribución de la riqueza y que se siga apostando por unos servicios públicos que cuiden a sus habitantes.

El secretario general de UGT, Manuel Navarro, criticó que las cuentas canarias para 2026 alejen la inversión educativa del 5% del PIB que establece la ley y valoró la predisposición del Gobierno regional a constituir una comisión de estudio para la carrera profesional de los empleados públicos, una demanda que podría introducirse en una disposición en la norma presupuestaria.

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