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Los presupuestos de Canarias para 2026 incrementan el gasto de personal y rebajan la inversión

El incremento de plantilla para reforzar los programas y servicios esenciales se come el 46% del crecimiento presupuestario de 2026

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Los presupuestos canarios para 2026, que este miércoles aprobó el Consejo de Gobierno, Incrementan en un 8% los gastos de personal, que ascienden a 5.064 millones de euros -el 90% del mismo se destina a Educación, Sanidad y Bienestar Social- y reducen un 4% la inversión -1.027 millones- debido a que decrece la dotación del convenio de carreteras en 67,5 millones con respecto a 2025.

Sin embargo, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, aseguró al explicar los pormenores del proyecto presupuestario que "si quitáramos ese efecto del convenio de carreteras en las inversiones reales, las mismas crecerían un 3,2%".

La cuentas, que se presentarán el próximo 30 de octubre en el Parlamento para comenzar con su tramitación, ascienden a 12.491 millones, lo que supone un incremento del 7% -813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán a garantizar el gasto en políticas sociales en un entorno de "estancamiento del crecimiento económico", que se quedará en el 1,9% frente al 2,9% con que se estima que finalice el año

Partidas sociales

No obstante, pese a este escenario y según los datos aportados por la propia consejera, el 46% del incremento de los presupuestos se destina a aumentar la la plantilla pública. Es decir, casi cinco de cada diez euros de crecimiento irán a pagar nóminas.

"El 90% del gasto del Capítulo I va a Sanidad, Educación y servicios sociales, además del 2% del complemento retributivo de los empleados públicos y el refuerzo a la transición verde, la agricultura, la economía, la industria y el comercio», afirmó Asián.

Del montante global, al Servicio Canario de Salud (SCS) le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

El gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros –62 millones de euros más– lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025 y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) tiene un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más. También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más, con lo que se convierte en la Consejería con mayor incremento porcentual.

Flexibilizar la regla del gasto

Canarias, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del Producto Interior Bruto (PIB), cumple, según la consejera Asián, con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, volvió a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales.

"Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada", recalcó.

Bonificaciones a la compra de viviendas

La consejera quiso incidir de forma especial en todas las bonificaciones tributarias que contienen los presupuestos para luchar contra la emergencia habitacional y facilitar el acceso a una vivienda digna a los residentes y, al respecto, se refirió a la mejora que experimentan las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas y el importe de adquisición de los inmuebles.

"El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas", aclaró la consejera.

Aunque reconoció que "nos habría gustado poder hacer más, pero la no flexibilización de las reglas del gasto no nos permiten hacer más, hemos hecho un esfuerzo para duplicar las ayudas" y, por ello, la edad para acogerse a las bonificaciones sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda hasta los 200.000 euros, aunque aumenta en el caso de familias numerosas. Además, la renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de que se lleve a cabo una tributación conjunta.

En el caso del Impuesto de Transmisiones las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Alivio fiscal

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC); es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%.

También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. Igualmente, se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales en entidades de reciente creación hasta un máximo de 4.000 euros anuales.

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