Clavijo reclama el amparo del Parlamento de Canarias para exigir al Estado que cumpla con los menores migrantes

Enésima apelación este martes del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la unidad de todo el arco parlamentario para afrontar el drama que supone el «hacinamiento» de miles de menores migrantes no acompañados que están acogidos en «centros saturados» dependientes de la Comunidad Autónoma frente a la inacción del Gobierno central. Una falta de voluntad que es aún más «frustrante» porque el Estado no cumple ni con el nuevo artículo 35 de la ley de extranjería ni, lo que es aún más grave, con los sucesivos autos del Tribunal Supremo (TS) para que se haga cargo de manera inmediata de los niños y niñas sin progenitores que han pedido asilo. Esta vez, Clavijo no consiguió esa unidad, pues el enfrentamiento entre los dos bloques que existe en la política nacional –aunque con menos decibelios– aterrizó en el hemiciclo de la Cámara.

La pasividad de los distintos ministerios implicados a la hora de  cumplir los autos del Tribunal Supremo (TS) respecto a los 1.100 menores migrantes solicitantes de asilo, amén de los más de 3.000 que deben ser asumidos por las comunidades autónomas en virtud del nuevo artículo de la ley de extranjería, llevó a Clavijo a alertar de que «es el caldo de cultivo del crecimiento de los discursos racistas y xenófobos de personajes como Santiago Abascal», el líder de Vox.

«Está siendo estéril el trabajo de ganar la batalla en el Supremo para que el Estado asuma que los menores en asilo son su responsabilidad exclusiva, y tampoco cumple con la ley de extranjería». Fue el diagnóstico del presidente, que avisó: «No me voy a callar la boca ante el atropello del que está siendo objeto la Comunidad Autónoma».

¿A quién se recurre?

Tras constatar que «después de siete meses solo han sido asumidos por el Estado 199 menores en el sistema de protección internacional» y que «va a ser difícil que en marzo hayan sido asumidos por las comunidades autónomas los 2.400 niños y niñas» no sujetos a medidas de protección internacional que deben ser trasladados desde las Islas después de la declaración por parte del Gobierno central de la contingencia migratoria extraordinaria que vive Canarias, el jefe del Ejecutivo volvió a incidir en que «si el Estado desobedece al Supremo, ya no tenemos a quien recurrir».

«Estamos frustrados por el cúmulo de excusas del Estado para decir que no hay centros suficientes y que el sistema es complicado, pero es que a nosotros nadie nos pregunta cuando los menores llegan a nuestras costas en cayucos y los atendemos con dignidad en centros que siguen saturados», insistió Clavijo. «¿Qué lealtad tiene un gobierno con otro gobierno cuando lo obliga a reclamar ante el Supremo que el primero cumpla con sus obligaciones y no haga dejación de las mismas?», concluyó.

Deslealtad del PP

Frente a los argumentos presidenciales, los portavoces de la oposición de izquierdas, Sebastián Franquis (PSOE) y Luis Campos (NC-Bc), insistieron en que a quien debe exigir Clavijo lealtad «es a quien se sienta a su lado», en referencia al vicepresidente Manuel Domínguez, que es el líder del PP canario, pues ambos acusan a los conservadores de impedir el traslado de menores a sus autonomías y de haber elevado al Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos en contra de la modificación de la ley de extranjería.

«Vuelve a situar el debate sobre los menores en un terreno de confrontación política que no ayuda ni a Canarias ni a los niños y niñas que están bajo nuestra tutela. Donde usted pierde credibilidad es en lo que calla, que es que el verdadero bloqueo a la solidaridad no lo está haciendo el Estado, sino su socio de gobierno, que vota en contra y se niega a acoger menores cuando llega el momento de pasar de las palabras a los hechos», afirmó Franquis, que criticó la «doble vara de medir» de Clavijo al «exigir al Estado lo que su propio socio impide».

Un argumento repetido por el portavoz ‘canarista’: «La deslealtad institucional viene de las comunidades gobernadas por el PP en lo que es una actuación miserable hacia Canarias, que necesita todo el apoyo, pero de eso usted habla bajito no vaya a ser que se molesten sus socios»

Cumplir una orden judicial

Los grupos del ‘cuatripartito’ (CC, PP, ASG y AHI) respaldaron la actuación del presidente Clavijo y de la Consejería de Bienestar Social durante todo este proceso, haciendo hincapié en que «la lealtad institucional la ha demostrado Canarias desde el primer minuto» frente a la pasividad y el mirar para otro lado del Gobierno central.

«No discutimos una preferencia política ni hablamos de cifras; hablamos de niños y de niñas y exigimos el cumplimiento de una orden judicial firme. No caben excusas ni retrasos, hay que cumplir, Canarias ha reforzado recursos, ultimado expedientes y cooperado y, según dice el Supremo, el Estado ha apostado por un ritmo de ejecución durante estos siete meses manifiestamente inadmisible», resumió el nacionalista José Miguel Barragán.

Cuatro autos del Tribunal Supremo

A pesar de la bronca política y el debate producido en el Parlamento, lo cierto es que el pasado 25 de marzo, el Tribunal Supremo dio diez días al Estado para integrar a más de 1.000 menores en el sistema nacional de protección internacional. Cuatro meses después, el Alto Tribunal impuso la obligación de presentar informes quincenales, y en agosto reiteró la exigencia de una «pronta y completa integración». Por último, la pasada semana dictó un ultimátum de 15 días tras constatar la inacción del Gobierno central.

Esas «resoluciones claras, públicas y reiteradas» son las que ha puesto sobre la mesa el presidente Clavijo para insistir en que «apreciamos falta de voluntad política y de planificación estatal, así como el incumplimiento reiterado de los compromisos de traslado», pues «las promesas semanales de plazas y derivaciones no se traducen en resultados reales, y así lo ha apreciado el Tribunal Supremo».

«Las instituciones deben ajustarse a la legalidad, porque no tenemos a nadie más a quien acudir para que el Estado cumpla realmente con sus competencias», concluyó el jefe del Ejecutivo autonómico.

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