Cirugías, viajes y alcohol: así operaba la ONG que defraudó millones de dinero público para migrantes

Iniciaron su andadura en Canarias en 2015 con el objetivo de trabajar "en el sistema de protección" de la infancia y satisfacer, sobre todo, la inserción social y el desarrollo de los menores migrantes. Pero solo seis años más tarde comenzaron los escándalos en el seno de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que acumula contratos con el Gobierno de Canarias para la gestión de dispositivos de emergencia desde 2020. Trabajadores presentaron denuncias anónimas por presuntas agresiones sexuales entre los usuarios y prostitución. Las autoridades -policiales y judiciales- pusieron la gestión de la ONG en el punto de mira, mientras la fundación seguía recibiendo dinero público para, en teoría, destinar al cuidado de los migrantes. En teoría. Solo entre 2020 y 2022 la entidad percibió 12.505.878 euros de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, parte de ellos procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Para ese entonces, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional seguían ya el rastro del dinero público. A dónde habían ido a parar parte de los millones era la gran pregunta que se formulaban las autoridades. En el punto de mira estaban los directores de los centros: María de los Ángeles Barroso, directora del Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria); Fernando Pérez Romero, responsable de Puerto Bello y Ancorán (Gran Canaria); Natalia Levy, al frente de Las Casitas Forestales de Yaiza (Lanzarote) y Enrique Manuel Dévora, del albergue La Santa (Lanzarote). Y en sus bolsillos -presuntamente- estaba la respuesta.

Tras la querella presentada por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas y tres años de investigación policial, los cuatro gestores de los recursos y la Fundación Respuesta Social Siglo XXI (en teoría, organización sin ánimo de lucro) están imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos entre 2018 y 2023. A ellos se suma un empresario inmobiliario, José Manuel A. F., encargado de alquilarles los inmuebles que luego usaban como centros de menores. La Policía Nacional dio la semana pasada por concluida esta "compleja investigación ecónomico-patrimonial", bautizada por los agentes como operación Tabaiba y caso Siglo XXI por los medios de comunicación.

Cuatro gestores de los centros en Gran Canaria y Lanzarote y la propia organización están imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones

Las pesquisas -prolongadas más de tres años- se han centrado -entre otras pruebas- en el análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables que revelaron, afirma la Policía Nacional, que "los investigados desviaron parte de los fondos Next Generation transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico".

Un ejemplo. Los investigadores sostienen que, de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados. De ellos, detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros. Y aquí vienen los datos reveladores: los directores de los recursos se gastaban el dinero público en operaciones estéticas, viagra, vacaciones, alcohol, tiendas, gasolina o comidas en restaurantes.

"Estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera", afirma la Policía, en aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Rastreo de cuentas

Los agentes y el fiscal rastrearon las cuentas y los movimientos bancarios de los ahora imputados. Vayamos uno a uno. María de los Ángeles Barroso fue responsable del Guiniguada, en la capital grancanaria, y entonces tesorera de Vox. Anticorrupción especifica que usó un bono durante seis meses para eliminar arrugas por valor de 1.500 euros; alquiló vehículos; compró productos para purificar el agua de las piscinas y abonó gastos en supermercados y bares.

El segundo acusado es Fernando Pérez, al frente de Ancorán y Puerto Bello. Actuaba casi igual que su compañera en el Guiniguada. Dejó rastro en Ikea, Decathlon, MediaMarkt y restaurantes.

Les siguen Natalia Levy y Enrique Dévora, ambos en Lanzarote. En el caso de él, se le imputa presuntamente la compra de medicamentos antiinflamatorios y contra la disfunción eréctil. Resulta complicado justificar que estas compras eran para los adolescentes. Constan también compras de deportivas de marca.

Solo entre los años 2020 y 2022, la entidad recibió 12.505.878 euros del Gobierno de Canarias

Junto a ellos se investiga como responsable a la fundación y a un empresario inmobiliario, José Manuel A. F. quien con la empresa Pine Point alquilaba a la ONG algunos inmuebles para que albergasen los centros de menores. "El empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, con un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023", sostiene la Policía Nacional, y añade: "Los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales".

El Ministerio Público relató en su querella registrada el 25 de mayo de 2023 una "alarmante" falta de vigilancia sobre los gastos en efectivo que realizaban los cuatro directores y lo describió como "un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol". Los gastos -aseveró Ródenas- "no parecen encajar con una dinámica razonable en la gestión de un centro de menores".

Gastos irreales

Por ejemplo, el fiscal apuntó a gastos en determinados conceptos que suman cantidades "que resultan desproporcionadas para la actividad de un centro de menores". Es el caso de las elevadas facturas por alquileres de vehículos, sumadas a considerables costes en bonos y tickets de guagua.

La querella reveló sorprendentes cuantías en concepto de combustible, en cuyos tiques no se identifica la matrícula del vehículo y además, una vez calculados los kilómetros diarios que se habrían de recorrer para llegar a tener tal consumo, "resultan completamente irreales".

"Los querellados", dice el fiscal, "desviaron a sus cuentas personales (...) cantidades dinerarias que se quedaron, incrementando sus ingresos personales a costa del dinero público que debían destinar al cuidado completo, para la integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían".

A lo largo de casi un centenar de folios, el delegado de Anticorrupción en Las Palmas examina los movimientos bancarios -la mayoría disposiciones en efectivo o traspasos a sus cuentas- para concluir que se apropiaron de cantidades que van desde 863 euros, en el menor de los casos, hasta más de 18.000 en el mayor.

Ródenas ordenó la práctica de múltiples diligencias en la fase preprocesal y tomó declaración en enero de 2023 a los investigados, que se acogieron a su derecho a guardar silencio. Estas pesquisas arrojaron "un escenario repleto de irregularidades contables, de laxa fiscalización del gasto público, y altamente indiciario de un menoscabo de las funciones de verificación y control económico de la Fundación".

A esto se añade el cierre de las cuentas bancarias personales de los procesados por no reunir los estándares de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales y resultar una operativa sospechosa debido a la ingente cantidad de reintegros en efectivo por cajero bancario.

Destino del dinero

La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, que la instruyó hasta que la Fiscalía Europea asumió el asunto por la implicación de fondos Next Generation. El fiscal ya veía necesaria entonces una auditoría "si no se quiere dejar abierto un espacio de impunidad por desconocer cómo ha sido la gestión de este dinero público entregado a la fundación". Apreciaba indicios de malversación, falsedad y administración desleal.

Siglo XXI, sostiene Ródenas, no se encuentra al corriente en su obligación de rendir cuentas anuales ante el Protectorado de Fundaciones Canarias y, pese a desarrollar su ámbito de actuación en más de una comunidad autónoma, tampoco lo está ante el Protectorado Único de Fundaciones de Competencia Estatal.

Ánimo de enriquecimiento

"Está en juego conocer el verdadero destino y el correcto funcionamiento del dinero público que le fue entregado a la fundación querellada para el cumplimiento de un fin esencial para la debida integración social de las personas menores migrantes no acompañadas", concluye el fiscal Anticorrupción. Este fin, añade, "se revela adulterado por un ánimo de enriquecimiento personal en las personas contratadas para la función de la dirección de los centros".

Actualmente, Siglo XXI gestiona cuatro centros de acogida en Gran Canaria y Lanzarote y continúa recibiendo financiación pública: el Guiniguada, Ancorán, Las Casitas Forestales de Yaiza y el Tomás Morales. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, afirmó esta semana que no hay elementos que motiven la rescisión del contrato con la ONG, recoge Efe.

Rodríguez reivindicó la puesta en marcha desde enero de 2024 de un protocolo de inspección "centro por centro" que ha dado pie a varios cierres -como el de La Santa, en Lanzarote- y a apartar a algunos trabajadores del contacto directo con menores. A la directora general le "llama la atención" que ese "seguimiento exhaustivo" no se realizara en la pasada legislatura, sino que "dependiendo de la entidad se obraba de una manera o de otra".

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