Nueve de cada diez acusados de ser patrones de patera acaban condenados

Uno de cada cuatro acusados de ser patrón de patera se declara inocente, pero en conjunto más de nueve de cada diez (92,2%) acaba condenado. Así se desprende del análisis de 1.200 sentencias y 1.462 acusados de pilotar pateras realizado por el abogado Daniel Arencibia, especialista en extranjería, desde 2016. Los datos evidencian notables diferencias entre las provincias canarias. En Tenerife, de 110 personas juzgadas, 53 aseguraron ser inocentes (un 48%) y 26 fueron finalmente absueltas (un 23,6%). En Las Palmas, en cambio, de 337 acusados, 62 negaron haber cometido el delito (un 18,4%), pero solo 9 obtuvieron la absolución (apenas un 2,7%). El resto fue condenado con penas que suelen rondar los tres años de prisión cuando existe conformidad con la acusación y entre cuatro y cinco años cuando no la hay.

Lejos de ser casos aislados, estas cifras, explica Arencibia, dibujan una realidad clara: muchos acusados acaban en prisión pese a proclamarse inocentes, tras haberse declarado culpables por recomendación de sus abogados. La situación evidencia profundas contradicciones entre comunidades autónomas. En Baleares los llamados patrones de patera son puestos en libertad el mismo día del juicio, incluso tras recibir una condena. Las embarcaciones parten desde Argelia, recorriendo distancias similares que las que separan Marruecos de Canarias. La diferencia entonces radica en el criterio judicial: mientras que en el Archipiélago mediterráneo se les ofrece declararse culpables a cambio de una condena de solo dos años, un plazo que permite la suspensión de la pena si no tienen antecedentes, en Canarias «la Fiscalía les plantea que, o aceptan una pena de tres años, o se enfrentan a una petición de hasta ocho. Aunque no fueran los patrones, la elección es evidente. Entre tres años y ocho...»

Los resultados de esta práctica apuntan a que en Las Palmas, en el 82% de los casos no llega a celebrarse juicio debido a que los acusados se acogen a la conformidad. En Santa Cruz de Tenerife, el porcentaje desciende al 52%, donde el número total de acusados también es menor.

Una tendencia que va a "peor"

La tendencia, lejos de mejorar, empeora. Desde 2019, el número de embarcaciones que llegan a las Islas ha aumentado de forma significativa, y el fenómeno ha comenzado a convertirse «en un asunto político». En este contexto, advierte Arencibia, la policía «empieza a forzar la máquina para buscar más gente a la que meter en la cárcel» y los principales afectados «son siempre los pescadores, los últimos en llegar y los que nunca tienen el dinero».

En 2020, en plena crisis de Arguineguín, el número de acusados no superaba la veintena en ninguna de las dos provincias: 19 en Las Palmas y 6 en Santa Cruz de Tenerife. Cuatro años después, en 2024, las cifras se triplicaron con 63 acusados en Las Palmas y 24 en Santa Cruz de Tenerife. En lo que va de 2025, ya se registran 7 acusados en Las Palmas y 18 en la provincia tinerfeña. «Seguimos enviando a prisión, de forma sistemática, a personas en base a la declaración de otros. Eso es lo realmente grave», denuncia el experto. Una afirmación que también respalda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, que establecen que «no se puede enviar a prisión a una persona únicamente por el testimonio de un testigo protegido o que obtiene algún premio con su declaración». Sin embargo, en Canarias, las condenas se basan precisamente en la afirmación de un compañero de viaje, sin pruebas adicionales. La práctica se vuelve preocupante si se tiene en cuenta que «la policía se reúne con los migrantes cuando llegan a la costa y les dice: ‘Si alguno quiere señalar a quien organizó el viaje, se le pueden dar papeles’», por lo que la elección en este escenario es «clara». Hay que buscar a un culpable.

Los menores

Otro de los puntos sensibles es el trato a los menores. Algunos adolescentes han sido acusados de ser patrones de patera, llegando incluso a entrar en prisión. «He participado como abogado en la defensa de algunos de ellos. Hemos acudido al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que nos ha dado la razón y ha ordenado la excarcelación de varios de esos menores», explica el letrado.

Su crítica hacia la Fiscalía es tajante: «En lugar de reaccionar cuando se les advierte de que se trata de un menor de edad, prefieren cubrirse las espaldas. Nos hemos encontrado con niños que pasan hasta ocho meses en la cárcel porque la Fiscalía se empecina en no reconocer su error».

Ante situaciones de este tipo, la respuesta de los tribunales también es contundente. «Ya existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que califican estos procedimientos como un disparate. Advierten que, en el ámbito de las migraciones, con frecuencia se pierde el rigor en la investigación». Un argumento revelador si se tiene en cuenta que de manera general no existen huellas dactilares ni fotografías que permitan acreditar que el acusado es realmente culpable.

La respuesta

Las pruebas se diluyen hasta el punto de perder validez y la falta de garantías procesales se convierte en un foco de atención a nivel internacional. En julio de 2022, un informe de Naciones Unidas advirtió que, en Canarias, «no se persiguen las organizaciones criminales que están detrás del tráfico de personas por mar, sino que se ha optado por procesar a los patrones, con independencia de si pertenecen o no a dichas organizaciones», denuncia el experto. De hecho, el informe de la Fiscalía Autonómica de Canarias de 2024 confirma que no se han hecho averiguaciones patrimoniales en las Islas: «Se ha abandonado la búsqueda de organizaciones criminales y toda la persecución se centra en ir a por quien estuviera agarrando el timón».

Mientras las embarcaciones siguen llegando a las costas del Archipiélago, la respuesta legal debería «orientarse hacia un modelo basado en pruebas objetivas», como las huellas dactilares en el timón, y centrarse en perseguir a las redes criminales y mafias que organizan los viajes. La necesidad de un procedimiento «honesto» por parte de la Fiscalía toma fuerza en este escenario, sobre todo para «actuar con urgencia» en la protección de los chicos cuya edad esté en duda.

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