Los jueces decanos de Canarias piden más tiempo para la implantación de la ley Bolaños

La implantación de la última fase de la ley Bolaños, que implica la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en las capitales de provincia y en las localidades con mayor volumen de asuntos, preocupa a la judicatura. Los jueces decanos de los partidos judiciales afectados por el cambio, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, han emitido este miércoles un comunicado en el que exigen más tiempo para modificar la planta y advierten de que la falta de medios "puede poner en riesgo" la adecuada prestación del servicio.

El calendario marca hasta el 31 de diciembre de este año para completar la mayor transformación de la estructura judicial en décadas, una fecha para la que, según advierten los firmantes, no están preparados. La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia implica la conversión de los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia y sus dos primeras fases ya han entrado en funcionamiento en los partidos judiciales con menor volumen de asuntos. De la misma forma, ha supuesto una mayor atribución de competencias a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, que han pasado a asumir todos los delitos contra la libertad sexual.

Los jueces decanos han querido poner de manifiesto su "preocupación" por el estado actual de la implantación y por el "escaso margen de tiempo" previsto para completarla. La tercera y última fase es la que más preocupa porque implica a aquellas sedes que concentran el mayor volumen de litigiosidad y afectará, por tanto, a los numerosos asuntos que tramitan.

"No contamos con todos los medios para garantizar su eficacia"

"A menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo diseñado por el legislador, en las grandes ciudades, no contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia, lo que puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados", previene el comunicado.

Según señalan los firmantes, han colaborado con las distintas administraciones implicadas para lograr una activación eficaz, pero no cuentan a día de hoy "ni con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes que integrarán la oficina judicial de cada tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación de los directores y jefes de área que deben liderar la implantación".

Adecuación de plazas

En concreto, aquejan una carencia de medios como la adecuación de las plazas judiciales al volumen de asuntos, la concentración de sedes, el expediente digital en todas las jurisdicciones, una reubicación adecuada de los espacios físicos o unos sistemas de gestión procesal adaptados. "Debería llevarse a cabo el análisis de las disfunciones que se detecten en los Tribunales ya implantados y en su caso, adoptar las medidas adecuadas para su corrección", reclaman.

El documento lo firman, además, los jueces decanos exclusivos y el decano de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. En el caso de Canarias, suscriben los representantes de la judicatura de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife (Lanzarote).