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Vox denuncia ante el Supremo al expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres por presunto falso testimonio en el 'caso Koldo'

El partido de Santiago Abascal presenta una querella ante el Tribunal Supremo tras las declaraciones del actual ministro de Política Territorial en las comisiones parlamentarias sobre el 'caso Koldo', donde negó conocer al empresario Víctor de Aldama

El ministro Ángel Víctor Torres durante una de sus comparecencias por el 'caso Koldo'

El ministro Ángel Víctor Torres durante una de sus comparecencias por el 'caso Koldo'

Europa Press

Madrid

El partido Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por un presunto delito de falso testimonio en sede parlamentaria.

La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el ex presidente del Gobierno de Canarias mintió durante sus comparecencias en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre el caso Koldo, la presunta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia.

Las acusaciones de Vox

Según el escrito presentado, Vox acusa a Torres de ocultar su relación con el empresario Víctor de Aldama, señalado como uno de los principales investigados en la trama, y con su socio Ignacio Díaz Tapia, ambos vinculados al grupo Hidrocarburos.

El partido afirma que el ministro negó cualquier vínculo o intervención en la gestión de contratos de material sanitario adquiridos por el Gobierno de Canarias durante la crisis sanitaria de 2020.

Sin embargo, Vox basa su denuncia en el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a que Torres sí habría mantenido contacto con Aldama y que incluso mostró “una participación activa e interesada” en los negocios relacionados con la compra de mascarillas, según la documentación remitida a la Audiencia Nacional.

Peticiones de Vox al Supremo

En su escrito, Vox solicita al Supremo que cite a declarar tanto a Ángel Víctor Torres como a los empresarios Víctor de Aldama e Ignacio Díaz Tapia, además de requerir diversa documentación sobre los contratos de material sanitario gestionados en Canarias durante la pandemia.

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