Alquiler vacacional en Canarias: el Parlamento aprueba la ley para ordenar el sector turístico

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva ley que regula el alquiler vacacional en las Islas, una norma impulsada por la Consejería de Turismo, que dirige Jessica de León (PP), y que ha contado con el respaldo de los grupos que conforman el cuatripartito —Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente—.

La iniciativa ha salido adelante con el rechazo del PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox, que también bloquearon el debate de 24 enmiendas ‘in voce’ planteadas durante la sesión plenaria.

La consejera Jessica de León reconoció que ha sido una ley “difícil de explicar y de gestionar”, pero valoró el esfuerzo del Gobierno y de los grupos que la han hecho posible “por estar al servicio del interés general y no ser rehenes del tacticismo político”. También agradeció el respaldo del presidente Fernando Clavijo y del vicepresidente Manuel Domínguez, destacando que “sin ellos, esta norma no habría sido posible”.

La oposición denuncia que la ley “expulsa a familias canarias”

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Esther González (NC-bc) acusó al Ejecutivo de aprobar “una ley sin consenso, que beneficia a los grandes empresarios turísticos y perjudica a las familias canarias”. Aseguró que el texto “abre la puerta a la expulsión de miles de familias de las zonas turísticas”, y reprochó que el Gobierno rechazara las 34 enmiendas presentadas por su grupo.

En la misma línea, Gustavo Santana (PSOE) afirmó que la ley “no piensa en los residentes ni en el interés general”, señalando que desde septiembre de 2023 se han registrado “más de 32.000 nuevas viviendas vacacionales” como consecuencia de un “efecto llamada”. Para los socialistas, la norma “favorece a los grandes tenedores” y “expulsa a los vecinos de sus barrios”. Santana propuso limitar a tres el número máximo de viviendas por propietario, una medida que —dijo— “protegería al pequeño arrendador”.

Por su parte, Paula Jover (Vox) calificó la norma de “camaleónica y mal elaborada”, al considerar que “no resuelve los problemas y traslada demasiadas cargas a los propietarios y a los ayuntamientos”.

Los grupos del Gobierno defienden que la norma “ordena, protege y da seguridad jurídica”

Desde el bloque que sostiene al Gobierno, el PP defendió que la ley “pone fin a los pseudohoteles” y ofrece “seguridad jurídica y autonomía a los ayuntamientos”, que serán los encargados de determinar “dónde, cómo y cuántas viviendas vacacionales” se permitirán en sus municipios.

La diputada de Coalición Canaria, Socorro Beato, subrayó que el texto “ordena, protege y equilibra”, además de “simplificar procedimientos y reforzar el papel de los cabildos y ayuntamientos”. Beato recalcó que “la ley no prohíbe el alquiler vacacional, sino que lo ordena con sentido común”, garantizando la convivencia vecinal y la sostenibilidad turística.

Asimismo, Jesús Ramos (ASG) defendió la necesidad de dar “amparo legal a una actividad que genera futuro en las islas verdes” y pidió que las enmiendas rechazadas puedan introducirse “vía decreto lo antes posible”.

Por último, Raúl Acosta (AHI) reconoció que la norma “no es perfecta, pero mucho mejor que como entró en la Cámara”, ya que “ordena sin castigar” y permite adaptar la regulación a las particularidades de cada isla.

Una norma que marcará el futuro del modelo turístico en Canarias

Con esta aprobación, Canarias se dota por primera vez de un marco jurídico específico para la vivienda vacacional, que busca equilibrar el derecho a la vivienda con la sostenibilidad del turismo, uno de los principales motores económicos del Archipiélago.

Pese a las discrepancias políticas, el debate ha dejado claro que el alquiler vacacional seguirá siendo un eje central en el modelo económico y social de las Islas, con una regulación que aún promete seguir generando discusión en los próximos meses.