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Las islas desconocidas junto a Canarias que España y Portugal mantienen en disputa desde hace cinco siglos

Las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago más cerca de Canarias que de Madeira, sigue siendo el centro de una disputa histórica por la que ambos países aún deben fijar sus límites marítimos

Una fotografía de las Islas Salvajes y arriba a la derecha un mapa antiguo de Canarias donde aparecen representadas.

Una fotografía de las Islas Salvajes y arriba a la derecha un mapa antiguo de Canarias donde aparecen representadas. / LP/DLP

Héctor Rosales

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Para ser unas islas que existen de verdad, las Salvajes han conseguido pasar más desapercibidas que la mismísima San Borondón. Al norte de Canarias, a unos 165 kilómetros, se encuentra el archipiélago de las Islas Salvajes —Salvaje Grande, Salvaje Pequeña, Ilhéu de Fora y varios islotes menores—, un conjunto administrado desde Madeira pero físicamente más próximo a las costas canarias.

Pese a su nombre tan sugerente y a la peculiar situación política que arrastran desde hace más de cinco siglos, apenas figuran en el imaginario colectivo. Quizá influya que no están habitadas y que se mantienen como un espacio natural protegido y casi intacto. De hecho, cada vez que se habla de ellas suele ser para aludir al debate —aún en vilo— sobre su pertenencia.

En los últimos años la discusión se ha desplazado hacia un aspecto más específico de ese conflicto histórico, aunque hoy las islas figuren oficialmente como territorio portugués y España no cuestiona esa administración en lo que respecta a la superficie terrestre.

El debate más reciente

La controversia actual no gira en torno a la soberanía de las islas ni a sus 12 millas de mar territorial —que España admite como portuguesas—, sino a lo que ocurre más allá. Es en las 188 millas adicionales donde hay debate. España considera que, al no poder sostener población ni actividad económica propia, solo generan mar territorial y no una Zona Económica Exclusiva.

Portugal defiende que la presencia continua de guardas equivale a una ocupación humana real y que, por tanto, las islas deberían tener pleno peso en la delimitación de las aguas que las rodean.

España mantiene que las Salvajes no son más que «promontorios rocosos» sin vida económica ni capacidad real para sostener población, por lo que únicamente generarían mar territorial. Por ello defiende desde hace décadas la necesidad de negociar la delimitación de las Zonas Económicas Exclusivas de ambos países.

Más allá de la disputa, el verdadero valor de este conjunto de islas —además del atractivo estratégico que siempre ha tenido poseer territorio en el Atlántico— reside en su extraordinaria riqueza natural. Más de medio centenar de especies propias las convierten en una reserva ecológica de enorme relevancia.

Cinco siglos de conflicto

En el siglo XV, navegantes portugueses como Diogo Gomes de Sintra reivindicaron su descubrimiento, aunque las islas ya aparecían representadas en cartas medievales como la de los hermanos Pizzigani de 1367. Durante la conquista de Canarias, los barcos castellanos recalaron ocasionalmente en ellas, aunque no hubo intentos de ocupación ni administración efectiva. Las consideraban inhabitables, rodeadas de arrecifes peligrosos y sin valor económico, y aun así se tendía a asumir que formaban parte del ámbito canario. Conquistadas unas, conquistadas todas.

Infografía de la situación de las Islas Salvajes.

Infografía de la situación de las Islas Salvajes. / LP/DLP

Portugal nunca compartió esa interpretación y supo aprovechar la falta de ocupación o administración efectiva por parte de España. Con el tiempo, y gracias a su vinculación con Madeira, fue consolidando su presencia mediante visitas, regulación de actividades y considerándolas dentro de su esfera administrativa. Las islas siguieron deshabitadas, pero esa ausencia de soberanía efectiva española permitió que Portugal reforzara su posición.

El faro que encendió el debate

Las aguas del archipiélago siempre fueron un riesgo para la navegación y, en 1881, España quiso construir un faro. Portugal protestó de inmediato y España respondió que la soberanía no estaba claramente determinada. El proyecto quedó paralizado y, cuando en 1911 volvió a plantearse, ambos países acordaron evitar acciones unilaterales.

La cuestión resurgió en 1938, cuando la Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional falló a favor de Portugal. España, inmersa en la Guerra Civil, no defendió su postura y nunca ha considerado ese dictamen plenamente vinculante en materia de aguas. Años más tarde sí reconoció la soberanía terrestre portuguesa, aunque sin aceptar que ello implicara derechos marítimos adicionales.

El debate nunca se ha cerrado y, cada cierto tiempo, vuelve a avivarse, ahora en un plano principalmente económico y con la Zona Económica Exclusiva como eje central. La tensión se ha manifestado en episodios como la captura de pesqueros españoles en 2005 en aguas reclamadas por Portugal, los enfrentamientos entre guardas y pescadores ese mismo año o las protestas de Lisboa en 2007 tras el sobrevuelo a baja altitud de un avión español sobre esta reserva natural.

Incluso actores ajenos al conflicto han protagonizado incidentes. En 2014, dos independentistas canarios ocuparon Salvaje Pequeña para protestar contra las prospecciones petrolíferas cerca de Lanzarote y Fuerteventura. La Marina portuguesa los desalojó e impuso una multa por pernoctar sin permiso, y la confusión inicial sobre una supuesta bandera española llegó a activar contactos diplomáticos.

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