El Estado incumple su promesa y aloja a niñas en el Canarias 50

El tiempo se agota para el Estado. La urgencia por dar cumplimiento al último auto que dictó el Tribunal Supremo -el tercero en pocos meses-, y que otorga un nuevo plazo «improrrogable» de 15 días para asumir la atención de los menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional alojados en el Archipiélago, ha llevado al Gobierno central a incumplir una de sus promesas: evitar que las niñas pasen por el recurso Canarias 50. Hasta ahora, se había seguido un procedimiento diferenciado para ellas con el fin de garantizar su protección. Una idea que se ha diluido a menos de una semana de que venza el plazo fijado por el Alto Tribunal.

Aunque, según lo acordado por ambas administraciones, las chicas deberían permanecer en sus centros de acogida para evitar su paso por el macrocentro donde también se alojan adultos migrantes, en las últimas semanas algunas de ellas han ingresado en el lugar. La situación podría suponer incluso un riesgo para las chicas. El jueves se supo que al menos 14 menores migrantes que desaparecieron de sus centros en las Islas entre noviembre de 2024 y mayo de este año habían sido captados por una organización criminal dedicada al tráfico de jóvenes entre el Archipiélago y Francia. En este escenario la vulnerabilidad de las niñas aumenta.

Por ello, la intención principal era que se sometieran a las entrevistas correspondientes al proceso de reubicación en los recursos canarios, donde ya se encontraban instaladas. La situación ha cambiado. Tanto el Gobierno central como el Ejecutivo regional aseveran que, pese a la entrada en este recurso, las chicas cuentan con un espacio habilitado y diferenciado. Por el momento, ninguna ha permanecido más de tres días: todas salen como prioridad en un plazo de dos, y sus autorizaciones para viajar a la Península son gestionadas en primer lugar y tramitadas con prioridad.

Las entidades

En este contexto, la premura por cumplir con el auto del Supremo ha acelerado las entradas y salidas en el recurso. La tardía respuesta del Gobierno central lo empuja ahora a trasladar menores a toda prisa. Varios centros canarios han criticado esta rapidez en las derivaciones y reclaman un proceso más escalonado que «escuche las necesidades de los chicos». Aun así, desde el Estado aseguran que «en ningún momento de este proceso se ha alcanzado la ocupación de 200 plazas», por lo que, garantizan, los niños no se encuentran en una situación de hacinamiento.

El argumento parece no convencer a las entidades canarias. Numerosos trabajadores sociales y centros han denunciado las condiciones en las que se encuentran los menores en el Canarias 50. Las entidades han alertado de que las instalaciones del macrocentro, ubicado en La Isleta, no son las adecuadas. Una crítica que cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la vulnerabilidad de la infancia migrante que llega a las costas de las Islas sin la compañía de un adulto familiar.

Algunos menores hablan de situaciones que revelan un patrón de desatención. Los testimonios apuntan incluso a la falta de productos de higiene personal o a la instalación de los niños en carpas. De confirmarse, estas condiciones contravendrían los criterios fijados por la propia Fiscalía. En julio de 2024, el Gobierno de Canarias instó a la Consejería de Bienestar Social a solicitar a Puertos del Estadola habilitación de carpas en sus recintos para acoger a menores migrantes ante el colapso de la red autonómica. La propuesta generó tensión con la Fiscalía, que advirtió de que un alojamiento de ese tipo no sería admisible. Además, los recursos sostienen que los menores permanecen en el Canarias 50 en contra de su voluntad y denuncian un sistema «que ahoga y atropella» los derechos de la infancia migrante.

La respuesta

Ante las críticas, el Estado mantiene que no hay ningún problema y ello lo demuestran las «numerosas visitas de la Fiscalía» tras las cuales «no se ha levantado ningún acta de incidencia como centro de tránsito y valoración». Pero desde que se iniciaron las derivaciones al territorio peninsular -el pasado 11 de agosto-, el macrocentro se ha convertido en uno de los puntos más sensibles entre ambas administraciones. Canarias ha reiterado en numerosas ocasiones que el recurso no es adecuado para las menores y que, aunque el compromiso fija su estancia máxima en 15 días, en la práctica deberían permanecer allí incluso menos tiempo.

El centro -un antiguo cuartel- fue reformado de manera exprés por el Ejecutivo central en el mes de julio para adaptarlo a la atención de los menores migrantes. El objetivo de la obra era habilitar 250 plazas. Desde Madrid se pidió a la Comunidad Autónoma detener las derivaciones al alcanzar las 190, ya que buena parte de las plazas aún no estaba acondicionada. En otros términos, el Partido Popular ha solicitado que la propiedad del Canarias 50 sea transferida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para reconvertirlo en un espacio de uso ciudadano.

Suscríbete para seguir leyendo