Financiación autonómica
Canarias llega ‘sola’ al Consejo Fiscal con el aval de unas finanzas saneadas
El Gobierno rechaza cualquier intento de vincular los recursos del REF a los fondos para costear los servicios públicos

La consejera de Hacienda Matilde Asián (izquierda) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el último Consejo de Política Fiscal. / La Provincia
El Ministerio de Hacienda retoma la batalla del sistema de financiación autonómica y de los presupuestos del Estado con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después de meses de incertidumbre sobre la continuidad o no de la legislatura y en medio de un fuerte ruido político que pone muy cuesta arriba que estos dos asuntos salgan adelante. Canarias acude a este encuentro en una posición equidistante entre el lobby que han creado las comunidades infrafinanciadas -Murcia, Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha- y el frente común de las comunidades gobernadas por el PP que se oponen frontalmente al cupo singular para Cataluña.
Criterios de insularidad y defensa del REF
Una de las claves para que Canarias acuda sin una línea común con otras regiones es, por un lado, que el Gobierno regional quiere poner especial énfasis en los criterios de insularidad y población ajustada para determinar el coste real de los servicios públicos. Por otro lado, cualquier intento de descafeinar los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) con la intención de incluirlos en el sistema de financiación es rechazado frontalmente por Canarias y aquí se encuentra con la incomprensión de algunos dirigentes autonómicos y técnicos del Ministerio de Hacienda, que siguen sin entender que el objetivo del fuero canario es solventar las deficiencias estructurales y económicas de las Islas por su lejanía del continente y la fragmentación de su territorio, con lo que no tiene nada que ver con la financiación necesaria para prestar los servicios públicos esenciales. Las autonomías peninsulares piensan igual que la vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el pasado mes de abril afirmó en el Senado que Canarias «se encuentra en situación de superávit, no solo por las ayudas del Estado, sino por su régimen fiscal y otros tipos de comportamientos de la insularidad».
El Estado convoca a las autonomías nueve meses después del plante de las comunidades del PP
Los análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) no ayudan a los argumentos de Canarias, dado que incluyen en sus cálculos precisamente los fondos del Bloque de Financiación Canario o ‘bloque del REF’. El último informe emitido el pasado mes de agosto, con los datos del sistema de financiación al cierre de 2023, colocan al Archipiélago entre los cinco territorios más beneficiados por el reparto de los recursos tributarios del sistema. En 2023 Canarias logró una financiación por habitante ajustado de 3.718 euros, lo que permite que las Islas ocupen el quinto lugar en la clasificación por detrás de Cantabria, la líder con 4.077 euros, seguida de La Rioja, Baleares y Extremadura.
Quizás por este tipo de circunstancias el Gobierno canario, encabezados por el presidente Fernando Clavijo y la consejera de Hacienda Matilde Asián, han preferido llevar al CPFF el aval del «frente común» político, económico y social de Canarias en defensa del REF como sistema de compensación separado de la financiación de los servicios públicos y que el Archipiélago requiere de un tratamiento acorde con su lejanía e insularidad pero también por las tasas de pobreza, desempleo y coste real de los servicios públicos en función de la población residente pero también de la flotante.
Posición de canarias ante el CPFF
Matilde Asián advierte antes de la reunión convocada por la ministra María Jesús Montero en Madrid: «Para Canarias es importante que el futuro sistema de financiación responda a las necesidades de los costes efectivos de la prestación de los servicios públicos en un territorio alejado y fraccionado como el canario. El cálculo por población ajustada y el peso de la insularidad son dos criterios que deben prevalecer a la hora de diseñar el nuevo sistema. Hay que tener en cuenta que Canarias depende sustancialmente de las transferencias del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales».
El Ejecutivo regional demanda que la financiación responda al peso de la insularidad y la población real
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoca también a las comunidades para informarles sobre el techo de gasto y la senda del déficit, dos indicadores imprescindibles para la elaboración de los presupuestos del Estado de 2026. Según la información que se ha conocido la intención de Hacienda es comunicar una nueva propuesta de margen de déficit que, antes de aprobarla en el Consejo de Ministros, se debe plantear a las comunidades y que pasa por ofrecer «más recursos a las comunidades autónomas». El Gobierno tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con lo que su propuesta saldrá adelante aunque la rechacen las autonomías gobernadas por el PP, que en el último Consejo celebrado el pasado mes de febrero, plantaron al Ejecutivo, actuación que también fue secundada por la consejera de Hacienda canaria, Matilde Asián.
A esta nueva convocatoria las comunidades del PP no han sugerido si habrá un nuevo plante o no. De entrada la consejera Asián ya ha advertido que el indicador de estabilidad y déficit del Estado «llega tarde» porque se debió dar a conocer en julio porque Canarias ya tiene sus presupuestos en tramitación parlamentaria.
Perjuicios de la condonación
- Canarias llega al Consejo Fiscal como una de las comunidades más saneadas, con superávit y la deuda bajo control. Es precisamente uno de los principales argumentos del Ejecutivo para cuestionar la financiación de Cataluña: se castiga al que cumple los deberes y se premia al que gasta sin control y acumula una deuda abultada.
- Según los cálculos de la Hacienda canaria, en la cifra asignada a las Islas por la condonación de la deuda a Cataluña hay un perjuicio de 1.710 millones de euros pese a ser una de las comunidades más cumplidoras con el déficit.
- Una de las principales peticiones de la Comunidad Autónoma es poder utilizar los remanentes que se acumulan en cada ejercicio por los topes de la regla de gasto para utilizarlos en inversiones y en asuntos que requieren urgencia.
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