Las matronas del Servicio Canario de Salud amenazan con convocar una huelga si no hay subida salarial: Canarias tiene la peor ratio del país
El colectivo exige a la Consejería de Sanidad que reconozca su especialidad con un aumento salarial
El SCS asegura que las profesionales ya reciben un complemento retributivo

Una matrona coge a un bebé. / Europa Press
Las matronas del Servicio Canario de la Salud (SCS) convocarán una huelga en febrero si la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no emprende acciones para reconocer su formación con un incremento salarial. «Todas las ramas sanitarias tienen su problemática, pero este conflicto en concreto considero que tiene una trascendencia social y que además incide en la natalidad», afirma Francisco de Borja Domínguez, el abogado que asesora a las casi 200 profesionales que han solicitado orientación jurídica en las Islas.
A su juicio, si la situación no cambia, esta «falta de reconocimiento» derivará en un número cada vez menor de enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia, un conflicto que ya de por sí es agudo en Canarias, pues, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago es la región con la tasa más baja del país. De hecho, con base en los registros de 2024, en las Islas solo había 324 matronas, lo que se traduce en 24,5 por cada 100.000 mujeres en edad fértil –entre los 15 y los 45 años–.
Para el Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Las Palmas (Coelp), el dato es aún más «preocupante», ya que, según advirtieron en mayo, España ya se encuentra a la cola tanto de Europa como del conjunto de los países desarrollados. La media que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se sitúa en 34 matronas por cada 100.000 habitantes y 25,9 matronas por cada 1.000 nacimientos. Ahora bien, en el territorio nacional las cifras descienden hasta 16,4 y 12,4, respectivamente.
Responsabilidad
«Ser matrona implica concurrir a las pruebas EIR y, después, recibir dos años de formación para ejercer unas funciones que requieren mucha responsabilidad. No tiene sentido que la categoría esté reconocida, pero que a la hora de trabajar perciban el mismo salario que las enfermeras y enfermeros que no cuentan con una especialidad en su disciplina», defiende Domínguez. «Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿quién va a querer ejercer esta profesión?», cuestiona. No obstante, desde el departamento de Recursos Humanos del SCS garantizaron el pasado viernes que el colectivo recibe un complemento retributivo por su especialidad que ronda los 230 euros.
Tal y como expone el abogado, la legislación sanitaria española solo contempla la existencia de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, pero no tiene en cuenta las especialidades. «En La Rioja, por ejemplo, han conseguido impulsar una proposición no de ley para reconocer a las matronas con una categoría superior a la de las enfermeras a través de un plus salarial. El diputado Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha llevado el asunto al Parlamento de Canarias y, por desgracia, no hemos conseguido una solución efectiva», cuenta.
Además, asegura que desde septiembre intentó contactar por correo electrónico con la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, para abordar la problemática en el marco de una reunión. Sin embargo, no ha obtenido respuesta. «Recientemente, le he enviado otro correo a Patricia Hernández –diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias- y esperamos que refrende el proyecto que propuso el grupo socialista en La Rioja», señala Francisco de Borja Domínguez.
La plantilla de matronas del Servicio Canario de la Salud ha establecido en febrero el plazo límite para ser escuchada y poder tratar de forma efectiva el conflicto. Si para entonces la Consejería de Sanidad no ha mostrado una voluntad clara de reconocer su especialización a través de un incremento salarial, las profesionales garantizan que convocarán una huelga en todo el Archipiélago, una medida que, según advierten, pretenden utilizar como último recurso «ante la falta de respuesta institucional».
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