Mogán exige cambiar la ley de vivienda vacacional porque se 'cargará" a las 47.000 existentes en Canarias

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha arremetido este lunes duramente contra la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas de Canarias, aprobada por el Parlamento regional el pasado 12 de noviembre. Bueno alerta que la aplicación estricta de esta norma, tal como está redactada, conducirá a la eliminación de "todas" las viviendas vacacionales (VV), afectando directamente a las 47.754 viviendas turísticas que, según datos del ISTAC, estaban disponibles en Canarias a septiembre de 2025.

Mogán y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) muestran su "rechazo absoluto" a la nueva norma e instan al Gobierno de Canarias a corregir la ley mediante un decreto en seis meses que modifique urgentemente el tratamiento de las 'Actividades Clasificadas', para evitar que los ayuntamientos se vean obligados a denegar licencias y a asumir una oleada de litigios.

Los ayuntamientos, verdugos

La regidora de Mogán, junto al director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, criticó este lunes en rueda de prensa que la legislación traslada a los 88 Ayuntamientos la carga administrativa y la responsabilidad de revocar licencias a miles de pequeños propietarios y los convierte en "verdugos".

La clave de este "desastre" reside en la obligatoriedad impuesta a las VV de cumplir con la normativa de Actividades Clasificadas. La controversia legal se centra en la exigencia de que los alquileres vacacionales cumplan con la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Esta ley es anterior al régimen que reglamentó la Vivienda Vacacional, el Decreto 113/2015 de 22 de mayo.

Actividad Clasificada, la clave del embrollo

El concepto de 'Actividad Clasificada' se aplica a aquellas actividades que son susceptibles de ocasionar molestias, alterar la salubridad o producir riesgos para las personas o para las cosas.

Según los técnicos de Mogán, las viviendas vacacionales son, en realidad, actividades inocuas, similares a los arrendamientos temporales o de larga duración. A diferencia de los hoteles o complejos de apartamentos, que quedan exentos de las actividades clasificadas pese a que sí son susceptibles de generar molestias por contar con instalaciones comunes como calderas, sistemas de ventilación o lavanderías industriales, una VV no cuenta con estas características. Los ruidos puntuales en un alquiler vacacional, "por alguna fiesta", son considerados problemas de ámbito civil, no de actividad clasificada, indica la alcaldesa.

Onalia Bueno recordó que la propia consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, reconoció que la normativa anterior de actividades clasificadas "no estaba clara", dejando a los pequeños propietarios en un plano de "absoluta indefensión".

Históricamente, los ayuntamientos tenían una participación "cero" en la autorización e inspección de las VV. La 'declaración responsable' se presentaba ante los cabildos insulares, que inscribían la actividad, mientras que la inspección turística recaía en el Gobierno de Canarias. Ahora, la nueva ley traslada toda la carga administrativa, la tramitación y la resolución (aprobación o denegación) de la consolidación de las VV existentes a los 88 Ayuntamientos de Canarias, explica la alcaldesa.

2.800 VV en Mogán

En el caso de Mogán, esto implica que el municipio deberá gestionar la situación legal de sus 2.800 viviendas vacacionales. Estos datos fueron obtenidos por la corporación a través del censo turístico de la tasa turística, dado que los ayuntamientos no tenían datos precisos, e incluso los censos del Gobierno de Canarias y cabildos no estaban actualizados, remarca Eduardo Álamo.

La ley establece una moratoria turística, congelando las nuevas licencias de VV por cinco años hasta que se hagan los planeamientos insulares. Respecto a las VV anteriores a la ley (consolidables), 47.754 según el ISTAC y unas 70.000 desde la Consejería de Turismo, la nueva ley exige al propietario solicitar al ayuntamiento una declaración responsable. El municipio comprueba si se cumple con las Actividades Clasificadas y remite el expediente al Cabildo Insular, que emitirá un informe preceptivo (vinculante).

La alcaldesa y sus técnicos son enfáticos: la Ley de 2011 y y el decreto de 2015 no encajan con la VV, por lo que la previsión es que el "100% de los establecimientos no van a cumplir con las actividades clasificadas".

Indemnizaciones millonarias

Si no se cambia la interpretación, los ayuntamientos se verán obligados a emitir resoluciones de revocación. Esto significaría que Mogán tendría que emitir 2.800 resoluciones administrativas denegando la continuidad de la actividad. Esta delegación de responsabilidad tiene consecuencias graves, ya que serán los ayuntamientos los que "se comerán los futuros pleitos ante los Juzgados" por la revocación de derechos consolidados, con el riesgo de indemnizaciones millonarias.

Además, la ley impone a los ayuntamientos la obligación de aprobar un plan de comprobación y control de las VV en materia de Actividades Clasificadas en el plazo de ocho meses. Esto se considera imposible, pues se les pide hacer en ocho meses lo que el Gobierno y los cabildos no hicieron en diez años, remarca. Mientras tanto, el IGIC de las pernoctaciones de las VV sigue a favor de la Comunidad Autónoma, denuncia Onalia Bueno.

Existe también un problema práctico con la inspección. La Ley de Actividades Clasificadas permite inspecciones sin previo aviso para comprobar el funcionamiento. Sin embargo, dado que la VV es una vivienda, los técnicos municipales no tienen potestad para entrar a revisar sin una autorización judicial, lo que podría constituir un allanamiento de morada.

Las propuestas rechazadas

El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) , elevó propuestas que fueron rechazadas, principalmente mediante silencio administrativo, lo que confirma la intención de la Consejería de Turismo de "eliminar todas" las viviendas vacacionales, sentencia Bueno. No obstante, proponen tres soluciones:

1. Creación de un decálogo exclusivo: Junto a la Fecam, se solicita que de manera inmediata el Gobierno de Canarias incorpore a la Ley una Disposición Transitoria que establezca un plazo de seis meses para aprobar un decreto que detalle claramente los requisitos que deben cumplir las VV respecto a actividades clasificadas; la suspensión temporal de la comprobación de actividades clasificadas para las VV dadas de alta antes de la Ley, mientras ese decreto no exista; y que las VV previas en suelo residencial no se consideren contrarias al planeamiento.

2. Actividad Inocua: Por otro lado, proponen como alternativa modificar el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas, para que las VV se definan como actividad no clasificada o inocua, igual que los arrendamientos de temporada, dado que estas no generan molestias ni riesgos significativos y, por tanto, su encaje natural no es el de una actividad clasificada.

3. Exención: Otra opción es modificar el Reglamento de Actividades Clasificadas (Decreto86/2013) para incluir a las VV dentro del Artículo 69: Actividades Exentas, tal como ya ocurre con los hoteles y apartamentos turísticos sujetos a autorización previa.

La alcaldesa moganera ha insistido en que, si ninguna de estas propuestas se incorpora, la nueva Ley acabará con "todas" las viviendas vacacionales en Canarias.

La preocupación se basa también en la rápida expansión del producto. Mientras que en Gran Canaria las VV aumentaron un 16,47% entre 2019 y 2025, en Canarias el aumento fue del 29,8% en el mismo periodo. En Fuerteventura, el crecimiento llegó al 21,6% (alrededor de 1.300 viviendas) entre 2019 (4.549 VV) y 2023 (5.531 VV).

Bueno cuestiona que, si la Actividad Clasificada siempre fue obligatoria, por qué los Cabildos permitieron este aumento sin exigir su cumplimiento durante diez años y ahora se lo exigen a los ayuntamientos.

Pequeños propietarios

La alcaldesa concluye que esta medida afecta al 80% de pequeños propietarios que utilizan la VV para complementar sus ingresos, dañando la democratización de la economía turística. Los pequeños propietarios de VV ahora se encuentran ante un riesgo real de perder la licencia si no cumplen con los complejos requisitos y trámites necesarios derivados de considerar las VV como actividad clasificada, expone Bueno.

A pesar de la nueva norma, sigue sin haber un marco común claro. De este modo, cada cabildo y cada ayuntamiento podrá interpretar la ley de forma diferente, lo que puede provocar situaciones injustas, como que una VV aprobada en una isla sea denegada en otra teniendo idénticas condiciones, e incluso que sea aprobada en un municipio y denegada en el colindante.

Los pequeños propietarios deberán asumir en un breve periodo de tiempo costes económicos elevados por la necesidad de adaptar las viviendas a unos estándares elevados, de aportar informes técnicos y documentación adicional para consolidar el uso turístico; someterse a inspecciones masivas; o encontrarse que su hasta ahora vivienda de alquiler vacacional, dada de alta legalmente, sea declarada irregular porque sea incompatible con el suelo residencial – solo el 10% de las viviendas podrán ser de uso vacacional –.

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