Tramitación exprés en el Parlamento para el nombramiento de Toledo al frente de RTVC

La maquinaria institucional se ha activado a toda velocidad. Tras la dimisión, este lunes, de María Méndez como administradora general de RTVC, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un procedimiento acelerado para cubrir la vacante y estabilizar la cúpula del ente público. El candidato propuesto, César Toledo –actual director de Medios y Contenidos–, afrontará el próximo lunes la evaluación de idoneidad por parte de la Comisión de Control de RTVC y, apenas 48 horas después, el miércoles, su designación llegará al Pleno del Parlamento. Si supera ambas votaciones, su nombramiento podría publicarse en el Boletín Oficial de Canarias el viernes de esa misma semana. Un trámite relámpago para un cargo clave en un momento especialmente delicado.

La renuncia de Méndez –que llevaba algo menos de dos años en el puesto– se produce tras un periodo marcado por las tensiones internas y la salida encadenada de varios responsables del organigrama. Durante el último mes, abandonaron la estructura directiva Paco Luis Quintana, hasta entonces responsable de los Servicios Informativos, y Óscar Fernández, director de Producción. Las tres dimisiones consecutivas han dejado vacantes áreas esenciales de la casa y han abierto la puerta a una reconfiguración profunda de la estructura directiva que el Ejecutivo canario quiere abordar cuanto antes.

La crisis interna coincide con otro proceso clave: la tramitación del Anteproyecto de Ley del Sector Audiovisual de Canarias. La norma, que sustituirá al marco vigente desde 2014, ya ha pasado por el Consejo Económico y Social y se encuentra actualmente en el Consejo Consultivo. Después deberá regresar al Gobierno para la aprobación definitiva del proyecto y su envío al Parlamento, donde comenzará un debate legislativo que podrá introducir modificaciones de calado.

Ruido

En torno a ese texto se ha generado parte del ruido de las últimas semanas. Algunos trabajadores consideran que ciertos artículos dejan demasiado margen a futuras externalizaciones. El punto más sensible tiene que ver con el modelo de gestión de los Servicios Informativos ya que, aunque el anteproyecto fija con claridad que la prestación del servicio público seguirá siendo de gestión directa por parte del ente y su sociedad pública, técnicamente la ley no impide que en el futuro pueda optarse por un modelo indirecto, algo que la normativa estatal permite.

El Gobierno, no obstante, insiste en que la vocación del texto es inequívocamente pública y garantiza la gestión pública de los informativos de RTVC. El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, lo aclaró el lunes tras el Consejo de Gobierno. «En la norma hay una vocación clara de servicio público y gestión directa», defendió. El responsable gubernamental recordó que la actualización normativa es necesaria para desbloquear una ley que, durante años, no ha logrado completar órganos esenciales para el funcionamiento de RTVC y que ha quedado desfasada ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo audiovisual.

Cabello defendió que el proceso «no parte de cero», sino de un modelo que ya combina tareas internas con otras externalizadas desde hace décadas –como el transporte, la limpieza o algunas producciones concretas–. Lo que no altera la apuesta central de lograr «una televisión y una radio públicas más sólidas, más robustas y capaces de responder a los retos actuales». En este plan se enmarca la puesta en marcha de la nueva plataforma OTT, cuya licitación ya está en marcha y que comenzará a operar en los primeros meses de 2026.

Sobre las críticas que señalan supuestas ambigüedades del anteproyecto, Cabello recordó que el texto aún puede modificarse. «El Consejo de Gobierno formula una propuesta de ley y le corresponde al Parlamento aprobarla o ajustarla. Los grupos políticos pueden seguir aportando y enriqueciéndola durante el debate parlamentario», recordó sobre el proceso. La idea, recalcó, es modernizar un modelo que venía arrastrando bloqueos desde hace años y garantizar que los profesionales del ente público sigan prestando el servicio informativo en régimen de gestión directa, tal y como se ha hecho en las últimas legislaturas.

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