El primer juicio por el ‘caso Mediador’ se celebrará el 22 de enero

El juicio por el denominado caso Mediador ya tiene fecha de inicio. La primera pieza separada de esta macrocausa, que se celebrará con un tribunal del jurado, comenzará el próximo 22 de enero en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, según confirman fuentes jurídicas.

La investigación judicial se dividió en diferentes partes y en esta en concreto se enjuiciará la presunta trama de corrupción relativa a los sobornos y favores que se habrían producido para impulsar contratos de instalaciones fotovoltaicas en el Archipiélago. En el centro de esta pieza se sitúa el empresario Antonio Bautista Prado; el general de División de la Guardia Civil ya retirado, Francisco Javier Espinosa Navas, y Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador.

La Fiscalía pide condenas de un año de prisión a cada uno de los investigados como presuntos autores de un delito de cohecho.

El principal protagonista de esta pieza es Antonio Bautista Prado, empresario del sector fotovoltaico, administrador de varias mercantiles. Su objetivo: abrirse camino en el mercado canario instalando plantas y placas solares en explotaciones ganaderas y grandes empresas del Archipiélago, aprovechando las ventajas fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC) y los fondos europeos de recuperación.

Según el relato de la Fiscalía, Bautista no se limitó a competir en el mercado. Habría recurrido a una red de contactos políticos y policiales para agilizar trámites, conseguir contratos y acceder a ayudas públicas a cambio de dinero, viajes y otros favores.

Marco Antonio Navarro Tacoronte, sería el encargado de presentarle a Bautista el escaparate perfecto: diputados, cargos en administraciones públicas y mandos de la Guardia Civil. En los mensajes intervenidos, Navarro se vende a Bautista como alguien «integrado en el Gobierno de Canarias» y capaz de «abrir puertas» en consejerías claves para sus proyectos solares.

El tercer vértice de esta pieza es Francisco Javier Espinosa Navas, general de División retirado de la Guardia Civil, al que la investigación atribuye un papel decisivo como «llave de acceso» a grandes empresarios canarios. A través de sus contactos, Bautista habría logrado sentarse con representantes de grupos hoteleros y deportivos de primer nivel, con la idea de colocar sus instalaciones fotovoltaicas en hoteles, complejos deportivos y otras infraestructuras.

La Fiscalía sitúa el arranque de la relación entre Bautista y la trama en agosto de 2020, cuando comienzan los primeros contactos por mensajería. A partir de ahí se suceden reuniones, comidas y viajes.

Uno de los episodios más llamativos es una comida en el restaurante Cangrejo Colorao, en Fuerteventura, donde coinciden Bautista, el Mediador, el entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y el entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno canario, José Domingo Fernández Herrera. El objetivo, según los investigadores: allanar el camino para la instalación de placas solares en explotaciones ganaderas con el beneplácito de las autoridades.

En esta pieza aparece un proyecto presupuestado en torno a los 188.000 euros para la instalación de plantas fotovoltaicas. A ello se suman gestiones para cerrar contratos con empresas privadas, entre ellas Canary Islands Car (Cicar), que habría llegado a firmar con una de las sociedades de Bautista.

Sobornos en efectivo, fiestas y placas gratis

Detrás de estos movimientos empresariales, la acusación pública ve algo más que buenos contactos. La Fiscalía sostiene que Bautista abonó al menos 17.000 euros en sobornos a Espinosa y Navarro, repartidos en varios pagos vinculados directamente a la agilización de sus proyectos solares.

Pero no solo hubo dinero en metálico: viajes y fiestas en Madrid que habrían superado los 25.000 euros, coincidiendo con visitas al Congreso de los Diputados y reuniones con el círculo de Fuentes Curbelo; pagos canalizados a través de un club de fútbol modesto, la Unión Deportiva Tetir, presidida por Tito Berni, que la Fiscalía considera un vehículo para blanquear parte de las comisiones, y dádivas en especie, como la promesa de instalar placas fotovoltaicas gratuitamente en una finca familiar vinculada a Fuentes Curbelo, a cambio de su apoyo político.

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