El Estado cumple el auto del Supremo pero aún mantiene a 343 menores con asilo en Canarias

Ocho meses -240 días- ha tardado el Estado en cumplir el auto del Tribunal Supremo (TS) del 26 de marzo para asumir, "en el plazo improrrogable de diez días", en su sistema de protección internacional a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Canarias en pateras y cayucos y solicitaron asilo. Lo ha hecho por fascículos, a golpe de reiterados requerimientos del Alto Tribunal y no de forma completa, pues aún quedan 343 niños y niñas en los centros temporales habilitados en el Archipiélago por el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz.

Este viernes, 21 de noviembre, fecha de la última advertencia dada por el Supremo, la Consejería de Bienestar Social que dirige Candelaria Delgado certifica que han sido trasladados a la Península 336 niños y niñas que pidieron asilo y se han hecho mayores de edad esperando el traslado un total de 240, En los centros temporales estatales, pero radicados en el Archipiélago, hay 200 menores en el Canarias 50, otros 16 en la Casa del Mar en Gran Canaria y en el Colegio León otros 127 menores solos. Por lo tanto, solo quedan en centros de acogida dependientes del Gobierno de Canarias 70 menores con los que existen discrepancias con el ministerio, pues consideran que son adultos.

En este escenario, Delgado asegura que aunque el Estado «ha cumplido», mientras se mantengan esos 343 menores en las Islas –y aunque estén en el sistema de protección internacional–"significa que el sistema de protección sigue tensionado, porque continúan desbordados los recursos educativos, los recursos sanitarios y los del propio sistema de integración".

Tutela canaria

"No olvidemos que aunque se haya cedido la guardia y custodia de estos niños y niñas la tutela sigue ejerciéndose por Canarias y continuamos velando para que los menores estén en un centro permanente y estable, ya sean en la Península o aquí, y nos preocupa su bienestar porque en los centros en los que están ahora no se cumplen los estándares normativos", afirma la consejera.

Por ese motivo, la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, deja claro que «el final del proceso no es que se queden en los centros provisionales como el Canarias 50 por lo que en las próximas semanas seguiremos insistiendo en que se les acoja en centros permanentes».

El ministerio de Saiz se defiende blandiendo que "a pesar de todas las dificultades y complejidad del mandato judicial", pues no se puede obviar "que son niños y niñas especialmente vulnerables", han sido integrados "en un sistema que se ha tenido que modificar completamente para adaptarlo a sus necesidades".

Un centenar de plazas sin cubrir

En total, la Secretaría de Estado de Migraciones afirma que se han ofrecido hasta la fecha 817 plazas, de las que hasta el momento quedan por cubrir alrededor de un centenar, que podrán completar "a medida que el Gobierno canario vaya realizando los traslados y trámites pertinentes".

El Ministerio recuerda que, "siempre en coordinación en todo momento con el Gobierno canario", no solo ha llevado a cabo los traslados especificados en el primer auto del Supremo, sino que "ha seguido dando respuesta a otros muchos casos de jóvenes solicitantes de asilo no incluidos en ese primer listado, tal y como se apuntaba también en las medidas cautelares".

A este respecto, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, recuerda que además de abrir numerosos centros en diversas localidades de la Península, el Estado "ya dispone también de recursos en las propias islas, que tienen un carácter de permanencia vinculado a las circunstancias individualizadas de cada menor, y en los que se valorará su grado de integración en las Islas, así como, si procede, su tránsito a la vida adulta".

Abrir centros en la Península

Cancela insiste en que se continuará trabajando en la apertura de los recursos de acogida que sean necesarios en la Península pero resalta que este viernes "ponemos fin a un proceso, pero continuamos con el trabajo de colaboración entre administraciones para, mientras no exista un pronunciamiento en firme del Tribunal Supremo, seguir trasladando, si es el caso, a otros niños y niñas solicitantes de protección internacional, a nuestro sistema".

"Y no podemos olvidar que el Gobierno canario sigue siendo el tutor de los menores de edad y, por tanto, la colaboración es fundamental para garantizar su acogida plena y las necesidades de cada uno de los niños y niñas", concluye.

En octubre, el presidente Fernando Clavijo denunció en el Parlamento canario la pasividad los distintos ministerios implicados a la hora de cumplir los autos del Tribunal Supremo.

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