César Toledo supera la prueba de idoneidad del Parlamento para administrador de RTVC

César Toledo ha superado este lunes la prueba de idoneidad ante el Parlamento de Canarias para ser nombrado administrador general de Radio Televisión Canaria (RTVC). Tras un debate en la comisión de control del ente público, la propuesta, formulada por el Consejo de Gobierno de Canarias, fue aprobada con 9 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención.

Los votos favorables provinieron de los grupos que apoyan al Gobierno: Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Agrupación Socialista Gomera (ASG). Votaron en contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Nueva Canarias (NC). El Grupo Vox se decantó por la abstención.

La aprobación de la propuesta implica que la candidatura será elevada al Pleno del Parlamento de Canarias de este miércoles 26 donde se requerirá la mayoría absoluta de sus miembros para la elección final de Toledo.

La defensa de la idoneidad

El candidato, César Toledo, abrió su intervención agradeciendo a la anterior administradora, María Méndez, por su trabajo en la transición hacia un nuevo marco normativo y la convergencia multimedia

Toledo destacó su compromiso con el carácter público y la gestión directa de los servicios informativos de RTVC, afirmando que esto quedará garantizado en la nueva Ley Audiovisual de Canarias.

Comunicador de la vieja escuela

Toledo se definió como un comunicador "de la vieja escuela", con casi 40 años de experiencia profesional en prensa, radio, televisión y medios digitales. Ha trabajado en la administración local, insular y autonómica, y en funciones de comunicación institucional tanto en el Ejecutivo como en el legislativo. Resaltó su profundo conocimiento interno de RTVC, ya que formó parte de su equipo fundacional en 1999.

Entre sus principales propósitos, si obtiene la confianza del Pleno, se encuentra mantener el carácter público del ente y la culminación del convenio colectivo de la radio pública lo antes posible, con el objetivo de tenerlo listo "antes de Navidad"

El candidato garantizó que el nuevo proyecto de RTVC se basará en el rigor de la información, la pluralidad en las opiniones, la calidad de los contenidos y la innovación tecnológica.

En respuesta a las críticas, Toledo manifestó que no venía a hacer política, sino a hacer televisión. Se comprometió a que todas las versiones y críticas vertidas en la Cámara, incluyendo las más duras, tengan "fiel reflejo en la información independiente, plural y rigurosa" de los medios públicos. Subrayó que el ecosistema audiovisual vive una profunda transformación (Inteligencia Artificial, análisis de datos) y que RTVC debe ser una herramienta eficiente para la cohesión territorial y social, la defensa de la identidad cultural y la protección de la industria audiovisual canaria.

Apoyo de los grupos del Gobierno

Los grupos que votaron a favor destacaron la trayectoria profesional de Toledo y la necesidad de estabilidad en el ente público.

El diputado de AHI, Raúl Acosta, valoró la idoneidad del perfil técnico y profesional de Toledo, su conocimiento del sector audiovisual y su capacidad para trabajar en entornos complejos. Reclamó que el nombramiento debe servir para impulsar las reformas pendientes, la transparencia y la "paz social" en el Ente, cuidando el clima laboral.

Jesús Ramón Ramos Chinea (ASG) consideró a Toledo el perfil idóneo debido a sus más de 38 años de experiencia y su visión de servicio público, forjada en diversas administraciones. El grupo abogó por un ente "territorialmente equilibrado", que acerque la televisión a la ciudadanía y tenga un mayor compromiso social, especialmente con las islas no capitalinas. Pidió centrarse en tres principios: servicio público, estabilidad y colaboración.

Carlos Ester Sánchez (PP) defendió la importancia de la gestión interna y la necesidad de agilidad en la toma de decisiones, criticando la "parálisis" de la legislatura anterior. A pesar de los señalamientos de la oposición, relativos a que César Toledo fue despedido por el Grupo Parlamentario Popular por grabar las conversaciones de diputados del PP, Carlos Ester declaró que apoyará siempre lo que sea beneficioso para el Ente, pidiendo a Toledo que cuide y respalde al personal de la casa, pieza indispensable para el buen funcionamiento.

Por Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, confirmó que Toledo cumple todos los requisitos de idoneidad y compatibilidad. El grupo nacionalista enfatizó que la doble mirada de Toledo (redacciones e instituciones) y su contribución a la etapa fundacional de RTVC lo hacen idóneo para culminar la actualización normativa y afrontar los retos tecnológicos. CC anticipó que ejercerán un control riguroso, constante y exigente para garantizar la independencia y el servicio público.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición cuestionaron la imparcialidad del candidato, su formación y su historial profesional.

Carmen Hernández (Nueva Canarias ) manifestó que RTVC atraviesa una "auténtica crisis sin precedentes". Votó en contra, argumentando que el directivo de un medio público debe ser libre e imparcial y no un cargo de confianza del Gobierno.

NC puso en duda la idoneidad académica de Toledo, indicando que no posee título superior de periodismo o audiovisual. La crítica más fuerte se centró en la integridad profesional, recordando que Toledo fue objeto de un despido disciplinario por el Grupo Parlamentario Popular por supuesta "pérdida de confianza" y más de 2.000 grabaciones sin autorización, mencionando las acusaciones de espionaje.

El grupo socialista no apoyó el nombramiento "ni por el fondo ni por la forma", aseguró Nira Fierro (PSOE). Acusó a Toledo de entrar "por la puerta de atrás" para actuar como un "comisario político" en los contenidos de RTVC, citando la frase del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, de que RTVC "es del gobierno". El PSOE vinculó su nombramiento con la dimisión del anterior director de informativos, Paco Luis Quintana. También cuestionaron la veracidad de su autodenominación como periodista, mencionando que solo tiene títulos propios. El grupo señaló la importancia de proteger a los trabajadores ante la posible externalización de servicios informativos.

Por Vox, Paula Jover explicó su abstención por dos motivos fundamentales: el coste de más de 60 millones de euros que supone la financiación de RTVC, una cuantía que según ellos podría destinarse a sacar a 25.000 niños canarios de la pobreza; y la preocupación por la función social y la pluralidad del Ente. Vox mencionó las protestas de los trabajadores y las declaraciones del presidente Clavijo sobre la pertenencia de la televisión al gobierno como razón para la abstención.

Renuncia de María Méndez

La renuncia de Méndez –que llevaba algo menos de dos años en el puesto– se produce tras un periodo marcado por las tensiones internas y la salida encadenada de varios responsables del organigrama. Durante el último mes, abandonaron la estructura directiva Paco Luis Quintana, hasta entonces responsable de los Servicios Informativos, y Óscar Fernández, director de Producción. Las tres dimisiones consecutivas han dejado vacantes áreas esenciales de la casa y han abierto la puerta a una reconfiguración profunda de la estructura directiva que el Ejecutivo canario quiere abordar cuanto antes.

La crisis interna coincide con otro proceso clave: la tramitación del Anteproyecto de Ley del Sector Audiovisual de Canarias. La norma, que sustituirá al marco vigente desde 2014, ya ha pasado por el Consejo Económico y Social y se encuentra actualmente en el Consejo Consultivo. Después deberá regresar al Gobierno para la aprobación definitiva del proyecto y su envío al Parlamento, donde comenzará un debate legislativo que podrá introducir modificaciones de calado.

Ruido

En torno a ese texto se ha generado parte del ruido de las últimas semanas. Algunos trabajadores consideran que ciertos artículos dejan demasiado margen a futuras externalizaciones. El punto más sensible tiene que ver con el modelo de gestión de los Servicios Informativos ya que, aunque el anteproyecto fija con claridad que la prestación del servicio público seguirá siendo de gestión directa por parte del ente y su sociedad pública, técnicamente la ley no impide que en el futuro pueda optarse por un modelo indirecto, algo que la normativa estatal permite.

El Gobierno, no obstante, insiste en que la vocación del texto es inequívocamente pública y garantiza la gestión pública de los informativos de RTVC. El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, lo aclaró el pasado lunes tras el Consejo de Gobierno. «En la norma hay una vocación clara de servicio público y gestión directa», defendió. El responsable gubernamental recordó que la actualización normativa es necesaria para desbloquear una ley que, durante años, no ha logrado completar órganos esenciales para el funcionamiento de RTVC y que ha quedado desfasada ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo audiovisual.

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