El Parlamento de Canarias da vía libre al blindaje competencial de los cabildos

Gran consenso, tanto en el seno de la Federación Canaria de Islas (Fecai) como en el Parlamento de Canarias, donde todos los grupos parlamentarios -salvo Vox- presentaron, y aprobado este miércoles, la tramitación de una nueva ley de cabildos que pretende "eliminar las previsiones relativas a la suspensión, modificación y revocación de transferencias" de las competencias delegadas y asumidas, aunque su aprobación final no será una realidad hasta el primer trimestre de 2026.

Una reforma que establece que las "transferencias de competencias conllevan la titularidad plena, y no solo su gestión", es decir, que ya no habrá competencias 'prestadas' ni 'tuteladas' por la Comunidad Autónoma que puedan ser arrebatadas a los cabildos.

"Hablar de cabildos es hablar de cohesión territorial", resumió Luz Reverón (PP), un planteamiento que con diferentes matices suscribieron el también presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (ASG), Nayra Alemán (PSOE), Socorro Beato (CC), Luis Campos (NC-Bc) y Raúl Acosta (AHI) para demostrar su apoyo al cambio normativo. Paula Jover, en cambio, pese a asegurar que el partido de la derecha más extrema "cree en los cabildos", considera que la nueva ley "amplía estructuras, órganos y plantillas de personal sin ningún límite a cambio de que los ciudadanos paguen más impuestos para mantenerlas".

22 competencias

Tal y como consagra el artículo 70.2 del vigente Estatuto de Autonomía, los cabildos insulares, «como instituciones de la Comunidad Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular» en un total de 22 competencias: demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación oficial de los municipios; ordenación del territorio; carreteras –salvo las que se declaren de interés autonómico–; transporte por carretera, por cable y ferrocarril; gestión de puertos de refugio y deportivos –salvo que se declaren de interés autonómico–; turismo; ferias y mercados insulares; defensa del consumidor; asistencia social y servicios sociales; conservación y administración del parque público de viviendas; funciones propias de la Agencia de Extensión Agraria– infraestructuras rurales de carácter insular y granjas experimentales–; campañas de saneamiento zoosanitario; servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente; acuicultura y cultivos marinos; artesanía; cultura, deportes, ocio y esparcimiento – que incluye el Patrimonio histórico-artístico insular, museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma–; caza; residencias de estudiantes en la isla; espectáculos; actividades clasificadas y políticas en igualdad de género.

Con la modificación propuesta, todas ellas quedarán blindadas mediante un sistema "basado en la lealtad institucional mutua y bidireccional", aunque esta no es la única reforma legal.

Instituciones duales

Según el Estatuto de Autonomía de 2018 y la Constitución a los cabildos se les reconoce su papel como "instituciones de la Comunidad Autónoma" y, al mismo tiempo, mantienen "su naturaleza de órgano de gobierno" de la entidad local llamada isla. Por tanto, tienen una "configuración institucional dual" y con esta modificación legislativa se pretende dar una respuesta normativa coherente con la realidad jurídica y funcional que desempeñan en el sistema autonómico canario.

En consecuencia, otra de las innovaciones más significativas de esta reforma es el "reconocimiento práctico de la doble naturaleza de los cabildos a través de un sistema de control diferenciado y coherente".

Eliminar duplicidades

Tal y como reza en el informe aprobado en julio por la Fecai que fue la base del texto de la nueva ley de cabildos que este miércoles inicia su tramitación, se establece un "marco de control coherente con la naturaleza y el alcance de sus responsabilidades, eliminando duplicidades y contradicciones normativas que generaban inseguridad jurídica y dificultades operativas".

Frente al "modelo tradicional de alejamiento entre administraciones", la reforma propone un "nuevo marco basado en la cooperación y el respeto institucional»" con unos objetivos claros: "modernizar y adaptar el régimen jurídico de los cabildos" a la realidad institucional y normativa vigente, "reafirmar su autonomía y su papel representativo dentro del sistema autonómico" e impulsar "mecanismos efectivos de cooperación entre cabildos" para favorecer la cohesión territorial y funcional del Archipiélago.

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