Un perro huye y Sebastián Franquis calla

En la jornada de ayer, por primera vez, invité a alguien a asomarse a un pleno del Parlamento de Canarias. Concretamente a mi perro. Escogí a mi perro porque no disponía de ningún otro semoviente para practicar el experimento. Reconozco que el chucho es un Shih Tzu, una raza criada para solaz de reyes y emperadores en el Tíbet y en China, y, por tanto, poco proclive a las democracias parlamentarias. Como un pequeño posoperatorio no me permitía asistir a la sesión y por fortuna funcionaba el servicio de streaming del Parlamento, obligué al pobre perro a observar por la pantalla del ordenador el comienzo del pleno. Como cualquiera mostró cierto interés chismoso en los prolegómenos: los saludos, las voces, los corrillos de figuritas, los timbrazos. Pero cuando tomó la palabra la presidenta Astrid Pérez bostezó y a los dos minutos saltó al suelo. Lo intenté de nuevo más tarde cuando Sebastián Franquis estaba en el uso de la palabra pero comenzó a ladrar desesperadamente y el pobre animal salió corriendo y se metió bajo la mesa de la cocina.

El perro se aburrió con la señora Pérez porque ignoraba que la presidenta de la Cámara estaba leyendo (con brío, eso sí) una declaración institucional que supuestamente conmemoraría el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero que en realidad se refería al Día Internacional de la Infancia, celebrada la pasada semana. Como le ocurrió al chucho, más de la mitad de los diputados no se enteraron. Da más o menos igual. Un día la presidenta leerá algo recordando la llegada de los vikingos a Terranova y no habrá ni bípedo ni cuadrúpedo que se entere, sin excluir a la señora Pérez. Ayer sus señorías se despistaron y estuvieron a punto de no aplaudir la declaración. Tampoco hubiera pasado nada, sinceramente. Las declaraciones institucionales son inaudibles eructitos después de devorar un bocado de buena consciencia.

La sesión plenaria se abrió con una pregunta del diputado de AHI, Raúl Acosta, al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, sobre las vicisitudes del llamado decreto Canarias, singularmente oportuna, porque el jefe del Ejecutivo anunció que media hora antes el ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, le telefoneó para comunicarle que había sido aprobado en la reunión del Consejo de Ministros. Clavijo fue prudente, pero celebró la decisión, aunque más tarde llegaron los detalles, que no permiten hablar en rigor de un decreto Canarias, sino de un decreto La Palma. En efecto, el resto de la agenda canaria no aparece por ningún lado. «Una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas», dijo Clavijo. Nadie duda de que para empezar no está mal, pero ahora queda claro que las negociaciones con el Gobierno español serán largas y que los futuros decretos para el desarrollo de los compromisos de la agenda canaria ya quedan pospuestos para el próximo periodo de sesiones de las Cortes, es decir, a partir de febrero. En el sector coalicionero del Gobierno cundió una satisfacción moderada y, en el sector del PP, desconfianza. Entre los socialistas el alivio era perceptible: Pedro (Sánchez) no les había dejado inermes frente a CC y el Partido Popular. El ministro Torres pidió un rinconcito en la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hablar un pisco del decreto, lo que y le fuero graciosamente concedido por Pilar Alegría.

Clavijo pareció casi deslumbrado por la sabiduría casimirista, limpia y transparente como el agua de los Chorros de Epina, y estuvo plenamente de acuerdo con el señor Curbelo

Casimiro Curbelo sigue construyendo su estatua de estadista pleno a pleno, pregunta tras pregunta. Un día se le erigirá una estatua como la de Horacio Nelson sobre la columna de Trafalgar Square y no habrá regimiento de cascos azules de la ONU que pueda derribarla. Ayer propuso a Clavijo que la reflexión sobre el reto demográfico sea estable y continúe en el tiempo, convirtiéndose en un «pacto político y social» que vaya más allá que las decisiones y análisis originadas en el Parlamento. Como es habitual, Clavijo pareció casi deslumbrado por la sabiduría casimirista, limpia y transparente como el agua de los Chorros de Epina, y estuvo plenamente de acuerdo con el señor Curbelo.

El núcleo de la sesión plenaria, sin embargo, se centro merecidamente en la amenazadora pesadilla que se está cociendo en las tripas presupuestarias del ogro filantrópico que se sigue llamando todavía UE. Más exactamente en esa orientación de nacionalizar los fondos de los programas específicos de las regiones ultraperiféricas (la principal demográfica y económicamente es Canarias) y entregárselos directamente a los gobiernos centrales de la UE y no a las RUP como hasta ahora, a partir del venidero periodo 2028-2034. Clavijo hizo un análisis sucinto y magnífico de la coyuntura después de sus reuniones con Bruselas, que incluyeron entrevistas con tres comisarios y varios técnicos y parlamentarios. De prosperar la iniciativa centralizadora se podrían perder más de 4.600 millones de euros en el periodo mencionado, correspondientes en su mayoría -pero no únicamente- a programas de apoyo a la agricultura y la pesca. El presidente identificó correctamente la situación como un riesgo existencial para Canarias y las restantes RUP, así como una traición de los principios fundacionales de la Unión Europea, y pidió unidad política. Pero sobre todo solicitó un compromiso más activo del Gobierno español para que junto a Francia y Portugal defiendan el estatuto de las RUP. Porque hasta ahora -según el jefe del Gobierno canario- las autoridades españolas no han tenido a bien reunirse con las autoridades canarias siquiera para analizar conjuntamente el asunto.

Y esa unidad fue refrendada por todas las fuerzas parlamentarias hasta que llegó el turno del PSOE. Sebastián Franquis le afeó a Clavijo que alarmase de esa manera a los ciudadanos. Fue tal vez la intervención más disparatada del portavoz socialista en esta legislatura. En vez de asumir la relevancia y complejidad de lo que puede convertirse en un problema político y financiero formidable, Franquis, con expresión de fastidio, insistió en que el estatuto jurídico de las RUP era estable y existían instrumentos para impedir «eso que dice», por lo que el Gobierno español «ni está pasivo ni lo permitirá». Y acto seguido se sentó en su escaño. Tres minutos le dedicó Franquis a una amenaza de semejante envergadura en el seno de una UE que se tambalea sobre su debilidad económica, su irrelevancia geoestratégica y las dudas sobre sí misma.

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