El Gobierno y CSIF lo confirman: la "superpaga extra de Navidad" será una realidad para los funcionarios canarios en diciembre

Cuando ya eran altas horas de la noche y parecía que las negociaciones no llegarían a buen puerto, las partes lograron finalmente alcanzar un acuerdo. El Gobierno ha pactado con los sindicatos una subida salarial para los funcionarios, una reivindicación que los representantes de los empleados públicos llevaban tiempo defendiendo para que las nóminas se actualizaran según el IPC y evitar así la pérdida de poder adquisitivo. Todo apunta a que el incremento comenzará a aplicarse en diciembre, coincidiendo con la paga extra de Navidad, lo que supondrá un ingreso especialmente elevado para miles de trabajadores.

"Podemos decir alto y claro que los empleados públicos van a recuperar poder adquisitivo y van a mejorar sus condiciones laborales", decía uno de los responsables de CSIF al salir de la mesa de negociación. Los sindicatos se mostraban muy orgullosos por el acuerdo alcanzado con Función Pública que supone un paso histórico en sus salarios. Después de seis reuniones y una huelga, todos los sindicatos, menos CCOO que no se ha pronunciado, han dado luz verde a esta subida salarial propuesta por el Gobierno.

CSIF tenía tres objetivos en esta negociación

El portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios explicó que el sindicato perseguía tres objetivos en esta negociación. El primero era evitar que los empleados públicos perdieran poder adquisitivo y lograr que lo recuperaran cuanto antes. Según las previsiones, cuando finalice el periodo de incrementos en 2028, se habrá alcanzado una recuperación del 2,9%.

El segundo objetivo consistía en que la subida tuviera carácter retroactivo en 2025. El tercero buscaba eliminar la tasa de reposición e incorporar mejoras en las condiciones laborales. Finalmente, el sindicato ha conseguido cumplir los tres.

Así sería la subida salarial

El aumento salarial beneficiará a más de 3,5 millones de trabajadores públicos a nivel nacional, 165.000 canarios, y supone un impulso en una de las demandas más importantes de los últimos años. Según el borrador del Gobierno, el aumento del 11% se aplicaría en el periodo 2025-2028, y se produciría de esta manera:

• 2025: 2,5%
• 2026: 1,5% más una variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC
• 2027: 4,5%
• 2028: 2%

Los sindicatos también han anunciado que la subida correspondiente a este año se abonará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Por tanto, con la próxima nómina coincidirán la paga extra de Navidad y las subidas retroactivas (esperadas ahora, aunque podrían retrasarse a enero), convirtiendo el ingreso del mes en uno de los más altos de la historia. Además, los sindicatos buscan que el aumento acumulado de estos cuatro años alcance el 11,5%, debido a las diferentes crecidas salariales anuales.

Cuando se complete la subida, los salarios de los funcionarios por diferentes categorías quedarían así:

• A1: 36.300 €
• A2: 34.120 €
• B: 32.320 €
• C1: de 27.230 € a 30.230 €
• C2: 28.290 €

A estas cantidades se deberían añadir complementos como trienios y otras bonificaciones personales de cada trabajador público.

"Es un gran acuerdo"

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, valoraba la reunión positivamente: "Se ha conseguido un gran acuerdo. No solamente ganan los empleados públicos, también gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país en general".

Desde Función Pública afirman que el acuerdo "supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028".

Otras mejoras del acuerdo

El texto aprobado por el Gobierno y los sindicatos no solo incluye la subida salarial, también contempla mejoras en materia de estabilidad laboral. El documento prevé impulsar nuevos procesos de consolidación para reducir la temporalidad en la Administración General del Estado. El objetivo es situar la tasa de interinidad por debajo del 8% antes de 2029, alineándose con los criterios exigidos por la Unión Europea.

Otro de los elementos clave del pacto es el refuerzo de la formación continua de los empleados públicos. El Gobierno se compromete a ampliar los programas de capacitación digital, gestión administrativa y atención ciudadana, áreas consideradas estratégicas para modernizar los servicios públicos. Estas iniciativas llegarán acompañadas de una dotación presupuestaria específica destinada a actualizar plataformas tecnológicas y a crear itinerarios formativos obligatorios y voluntarios que permitan mejorar la carrera profesional dentro del sector público.

Por último, el acuerdo también incluye avances en conciliación y condiciones laborales. Entre ellos destacan la ampliación de días de libre disposición, la mejora de los permisos por cuidado de familiares y la posibilidad de extender el teletrabajo en aquellos puestos donde sea compatible. Los sindicatos valoran especialmente este punto, ya que abre la puerta a negociar nuevas modalidades de flexibilidad horaria y a revisar cargas de trabajo, un aspecto que consideran esencial para mejorar el clima laboral y la eficiencia de los servicios públicos.

Los funcionarios ya esperan que el Ejecutivo apruebe este pacto en el Consejo de Ministros para que sea oficial.