44 meses sin rastro del ‘tapado’ enlace canario de la trama

El 27 de noviembre, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió a prisión incondicional al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, a los que pretende juzgar por integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. El ingreso en prisión se debe a su participación en la adjudicación, presuntamente fraudulenta, de contratos millonarios para la venta de mascarillas que se realizó desde el Ministerio de Transportes a través de la empresa Soluciones de Gestión, varios de ellos suscritos con el Servicio Canario de Salud (SCS) cuando el presidente de Canarias era el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ese mismo día, apenas unas horas antes, el empresario Víctor de Aldama –al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera «nexo corruptor» de la trama de presuntas mordidas– afirmó en la Audiencia Nacional que había presentado pruebas al juez Ismael Serrano por las que el expresidente Torres «debería estar bastante preocupado».

Estos tres principales actores de la posible estructura criminal tienen en sus manos, aunque aún no han aportado ninguna prueba de ello, desvelar el gran enigma de la penetración de Soluciones de Gestión en las contrataciones del SCS: ¿quién dijo a Koldo con quién debía contactar y qué persona fue su introductora en las entretelas del Gobierno regional?

«La vaca ya no da más leche», dijo Torres tras las nuevas amenazas vertidas por el empresario De Aldama. Pero no es cierto: aún queda leche en la res. Incluso conocer quién fue la persona que trajo la vaca a Canarias.

Enlace canario

Hace ya 44 meses que la Fiscalía Anticorrupción –que mantiene abierta la causa tras las comparecencias del exasesor y el empresario– inició las investigaciones sobre el caso Koldo,y aún se desconoce el nombre del hasta ahora oculto enlace canario que propició que la empresa de la conjura corrupta hiciera negocios, por los que cobró 12 millones de euros del erario público autonómico, por proporcionar material sanitario por encima del precio de mercado.

Ni siquiera lo desvela el último informe de la UCO, que convierte a Torres en pieza clave utilizada por la trama para que presionara y agilizara los pagos del Ejecutivo regional a la empresa de Ábalos, De Aldama, García y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE que ya ha pasado prisión provisional. Un desembolso económico que había gestado el entonces viceconsejero de Presidencia –y mano derecha del ahora ministro–, Antonio Olivera, directamente con Koldo en abril de 2020 y que aún no habían cobrado en julio, tres meses después.

El propio Torres se curó en salud en su comparecencia de junio ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias:«Podrán salir las conversaciones que sean, pero no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación mía fuera de la legalidad, ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas». Y hasta ahora es cierto, pues más allá de las expresiones y el tono usado en sus comunicaciones con Koldo García, no hay prueba alguna de delito penal.

Sin embargo, hay cuestiones sin aclarar. ¿Por qué este trato de familiaridad usado con un asesor del ministro y no con el propio Ábalos, con quien no se comunica siendo ambos altos cargos del PSOE? ¿Por qué la UCO, que tiene en sus manos todas las conversaciones y mensajes de los dispositivos electrónicos que el propio García entregó a los agentes policiales, acota la fecha en el 20 de abril de 2020? ¿Quién le dio a De Aldama el contacto de Olivera que remitió el 21 de abril al empresario Íñigo Rotaeche para iniciar el cierre del primer contrato de dos millones de mascarillas? ¿Por qué no hay ninguna referencia anterior al 20 de abril pese a que, por el contenido de los mensajes, está claro que ya había una conversación previa y se habían iniciado contactos que acabaron en «el compromiso firme de 11 operaciones»? ¿El desconocido introductor de la trama en Canarias vinculado a esas operaciones confirmadas es propietario de un teléfono que no está siendo investigado? ¿Tienen Ábalos, De Aldama, García y Cerdán dispositivos de comunicación ocultos con los que conectaban con ese misterioso personaje? ¿El tapado es peninsular o canario? ¿Es miembro de los gobiernos central o autonómico, o del partido, ya sea en su dimensión federal o regional?

Muchos interrogantes

Muchos son los interrogantes que giran en torno al misterioso enlace canario. El propio Ábalos dijo que se incrementaron los delitos y se pidieron para él penas altísimas precisamente para incrementar el riesgo de fuga, conducirlo a prisión y «conseguir una declaración colaborativa». ¿Tirará de la manta ahora que duerme bajo techo penitenciario y desvelará el gran enigma?

«Todos tenemos derecho a aprender poco a poco», contestó García al magistrado cuando le inquirió si quería añadir algo tras comunicarle que lo iba a enviar a prisión. ¿«Poco a poco» significa que irá aclarando por fascículos cuestiones aún no desveladas para lograr rebajar los años de su más que posible condena?

De lo que suceda en los próximos días se sabrá, o no, quién dio a Koldo un número concreto de teléfono y a quién pertenecía el mismo, para marcar así los dígitos e iniciar la gestión del entramado corrupto en Canarias. Por ahora, el exasesor ha preferido no soltar prenda y agarrarse a su derecho a no declarar.

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