Canarias frena los pisos turísticos hasta 2030: así funciona la nueva Ley de Viviendas Turísticas
Esta normativa impone restricciones al uso y construcción de estos inmuebles, que han impedido a numerosos vecinos encontrar una vivienda adecuada
La Provincia
El Parlamento de Canarias aprobó la semana pasada una ley que transformará por completo el panorama de la vivienda en las islas. A partir de ahora, el uso de viviendas vacacionales estará estrictamente limitado en proporción al uso residencial. Además, se prohíbe la apertura de nuevos alojamientos turísticos durante los próximos cinco años.
Los votos a favor del cuatripartito formado por PP, Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente sirvieron para dar luz verde a una de las leyes más importantes de los últimos años en materia turística.
Doris Borrego entra a la presidenta del Parlamento y en el Registro de la Cámara las 6.000 firmas contra la ley de Vivienda Vacacional / María Pisaca
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, llega para sustituir al Decreto 113/2015 y que redefinir por completo el modelo turístico-residencial del archipiélago.
Sin nuevas viviendas turísticas hasta 2030
La principal consecuencia de la ley es una de las novedades más aplaudidas por los residentes canarios, aunque genera algunas dudas. A partir de ahora y hasta 2030, no se podrán abrir nuevas viviendas vacacionales. Durante los próximos cinco años los ayuntamientos deberán elaborar su propio planeamiento para decidir cuántas, dónde y en qué condiciones podrán operar estos inmuebles.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, destacó que "por primera vez, Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional", asegurando que se trata de un paso decisivo en un equilibrio complejo entre el derecho a la vivienda y una actividad económica en auge.
Así se buscará el equilibrio entre turismo y el derecho a la vivienda
La consejera explicó ante el Parlamento que la norma responde a una demanda social creciente, contener la presión turística sobre el parque residencial y mejorar el acceso a la vivienda para los 2,2 millones de habitantes del archipiélago.
La consejera incidía en que "se inicia un camino hacia la planificación, la gestión y la ordenación urbanística", y que la actividad turística "ha venido para quedarse, pero con orden, mesura y equilibrio".
La ley establece un objetivo estructural:
- 90% de las viviendas deberán ser de uso residencial
- Solo el 10% podrá ser de uso vacacional
Esta proporción obliga a los municipios a evaluar con detalle la distribución actual de viviendas y su impacto en la convivencia vecinal.
Los ayuntamientos tendrán un papel muy importante
La prohibición de registrar nuevas viviendas vacacionales se mantendrá durante cinco años, tiempo durante el cual los ayuntamientos estarán obligados a:
- Elaborar un planeamiento municipal específico que habilite expresamente dónde se permite esta actividad.
- Decidir cómo, cuándo y cuántas viviendas turísticas podrán operar en cada núcleo.
- Garantizar que sus decisiones no afecten a la calidad de vida de los residentes.
La consejera remarcó que los pequeños propietarios que ya operan legalmente podrán seguir con su actividad con normalidad. Sin embargo, la ley introduce varios elementos novedosos para frenar la especulación y la presión sobre el mercado residencial:
- Prohibición total de pseudohoteles: edificios completos dedicados al uso vacacional por parte de grandes propietarios.
- Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse nunca a uso turístico.
- Las nuevas viviendas no podrán dedicarse al alquiler vacacional hasta que hayan pasado 10 años desde su construcción.
- Se limita la actividad de los grandes propietarios, que actualmente gestionan más del 55% de las viviendas turísticas y plazas en Canarias.
- Los ayuntamientos disponen de seis meses para activar planes de inspección obligatorios.
- El Gobierno de Canarias ofrecerá a los ayuntamientos una ordenanza provisional para agilizar la adaptación normativa.
Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, señaló que la ley "define la sostenibilidad como garantía de calidad de vida y pone freno a la gentrificación y la turistificación", procesos que ya afectan de forma notable a diversos municipios canarios.
Un antes y un después para la vivienda en Canarias
La ley aspira a corregir un modelo que, según datos oficiales, ha permitido que en una década el alquiler vacacional tenga ya un peso superior al 15% en algunas zonas turísticas, generando tensiones de precios y expulsión de residentes.
Con esta nueva regulación, el Gobierno de Canarias busca que el turismo siga siendo motor económico sin comprometer el acceso a la vivienda, aliviando la tensión inmobiliaria.
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