El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente

El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) una disposición de los presupuestos de Canarias para 2025 sobre los puertos deportivos que el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aprobó tres años antes, cuando presidía el Gobierno canario dentro del pacto de las flores.

El recurso fue aprobado por el Consejo de Ministros del 30 de septiembre de 2025, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, y posteriormente admitido a trámite por el TC, que decretó la suspensión cautelar de las disposiciones impugnadas: una relativa a las retribuciones de los gerentes del Servicio Canario de la Salud (SCS) y otra –la disposición final octava– que regula las condiciones de inversión y los plazos de ejecución para las prórrogas de concesiones de los puertos deportivos.

Pero esta última disposición impugnada no es nueva. Las cuentas autonómicas reproducen prácticamente el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, celebrada el 27 de julio de 2022, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de enero de 2023.

Comisión Bilateral Estado- Canarias en 2022

Este documento, certificado el 14 de septiembre de 2022 y visado por Ángel Víctor Torres Pérez, entonces presidente del Gobierno canario, y por Isabel Rodríguez, en ese momento ministra de Política Territorial y ahora de Vivienda, ponía fin a las discrepancias competenciales sobre la Ley 14/2019 de ordenación territorial y turística.

El acuerdo comprometía a la Comunidad Autónoma a modificar la Ley 9/2014 de medidas tributarias, administrativas y sociales para regular la prórroga de las concesiones a puertos deportivos con un nuevo régimen vinculado a la realización de inversiones o aportaciones económicas relevantes.

Aportaciones y plazos

La modificación establecía que los concesionarios podrían prorrogar sus títulos si asumían una inversión mínima del 20% del valor actualizado de la inversión inicial, a ejecutar en los cuatro primeros años desde la concesión, o en seis años si se trataba de clubes náuticos u otras entidades sin ánimo de lucro.

Tres años después, el Gobierno del que forma parte el mismo dirigente que impulsó y aprobó ese marco legal como presidente canario lo impugna alegando que vulnera la legislación básica estatal.

Justificación del Estado

El Gobierno central sostiene que la norma canaria rebaja las exigencias establecidas por la normativa estatal, que fija una inversión superior al 50% y un plazo de ejecución de seis meses, frente al 20% y hasta seis años recogidos en la Ley de Presupuestos canarios.

El Ejecutivo central defiende que la disposición autonómica invade competencias estatales, aunque el contenido sea casi idéntico al que el propio Estado había validado años antes.

Presupuestos generales fallidos

El recurso fue presentado el 30 de septiembre de 2025, cuatro días después de la reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado en la que no se llegó a un acuerdo. Ese día 30, el Gobierno central debía haber remitido al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, que finalmente no se presentó.

Aquel día, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática dio una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que anunció la impugnación de los Presupuestos de Canarias de 2025 por las disposiciones relativas a las retribuciones de los gerentes del Servicio Canario de la Salud y a las condiciones de inversión en los puertos deportivos.

Una «caricatura política»

La decisión provocó una respuesta inmediata del Gobierno canario, que la calificó como una muestra de «deslealtad institucional» y una «caricatura política», en palabras de su portavoz y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, quien recordó que se trataba de aspectos técnicos «resolubles mediante diálogo».

Por ello, cuestionó que un ministro y expresidente de Canarias recurra unas cuentas autonómicas mientras el Ejecutivo central acumula dos ejercicios sin aprobar sus propios presupuestos.

Desde Coalición Canaria, su secretario de Organización, David Toledo, consideró el recurso «inadmisible» y acusó al ministro de «poner palos en las ruedas» a la gestión del Archipiélago.

Fricciones entre Canarias y Madrid

El malestar es ahora mayor al comprobar que uno de los motivos del recurso ante el Constitucional –la disposición sobre los puertos deportivos– fue avalado en 2022 por el propio Torres, lo que se interpreta como un nuevo intento del PSOE canario de desacreditar unos presupuestos elaborados por el actual grupo de Gobierno de Canarias, integrado por CC, PP, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Este asunto reaviva las fricciones entre Torres, también secretario general del PSOE en las Islas, y el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, que en los últimos meses han chocado por cuestiones como la gestión de los menores migrantes no acompañados, los retrasos en la reconstrucción de La Palma o la financiación autonómica.

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