Las triquiñuelas de Moncloa impiden a Canarias usar todo su superávit

El real decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas –y, de paso, fomentar una reconciliación política del Gobierno de Pedro Sánchez con Junts– ha caído como un jarro de agua fría en el seno del Ejecutivo de Canarias que preside Fernando Clavijo.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, confiesa su «perplejidad» por la argucia utilizada por Moncloa para infligir una doble penalización al Archipiélago:_«Hace una semana nos dijeron que usáramos 100 millones de nuestro superávit para destinarlos a la recuperación de La Palma en vez de cumplir con el compromiso de que ese dinero lo iba a transferir el Estado y, por tanto, solo nos quedan 44 millones».

Dicho de otro modo, mientras que el resto de comunidades autónomas podrá usar el 100% de su superávit para «inversiones financieramente sostenibles», Canarias solo podrá utilizar el 30%, ya que el restante 70% tiene como destino reconstruir la Isla Bonita tras la devastación que supuso la erupción del Tajogaite.

Irrazonable

«Hace una semana, como mal menor, aceptamos que en el decreto de medidas específicas para La Palma se aprobara que esos 100 millones, que el Estado debería haber transferido en enero como parte de sus compromisos, los pusiera Canarias; y solo una semana después comprobamos, con otro decreto, que nos ha dejado de manera irrazonable con solo 44 millones para inversiones sostenibles, cuando el resto de autonomías puede usar la totalidad de su superávit», insiste la consejera de Hacienda.

El ‘decreto La Palma’ del 25 de noviembre mermó en un 70% el dinero que puede ahora utilizar el Archipiélago

«Es muy injusto, estamos en desventaja», añade. Esta «indignación» de Asián es mucho más comprensible cuando recuerda que «desde el principio de la legislatura este Gobierno reunió a todos los grupos parlamentarios para construir una unidad de acción de cara a solicitar al Ministerio de Hacienda lo que incluye ahora el nuevo decreto ley».

La 'solución canaria'

Fue en enero de 2024 cuando Asián trasladó a los grupos parlamentarios, en una reunión mantenida en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife,  la propuesta de introducir una disposición transitoria en los Presupuestos Generales del Estado –que al final no se aprobaron– que incluía una modificación del artículo 12 de la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de no aplicar «medidas preventivas, correctivas y coercitivas» a aquellas comunidades autónomas «que se encuentren en situación de equilibrio o superávit estructural y su deuda no supere el límite fijado», que en el caso de las autonomías es el 13% de su Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Esa modificación legal, que se denominó solución canaria –que contaba con el respaldo unánime de empresarios y sindicatos en el seno del Consejo Asesor–, habría permitido al Gobierno autonómico destinar su superávit a incrementar su presupuesto en educación, sanidad y políticas sociales.

«Aquello quedó en agua de borrajas», afirma la consejera Asián antes de insistir en que, «sin embargo, ahora nos hacen caso, una semana después de que nos obliguen a usar 100 de nuestros 144 millones, para que el resto de autonomías puedan usar la totalidad de sus superávits y remanentes de tesorería en inversiones que, como dice el propio decreto, contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público». «Lo que es una ventaja para el resto, para Canarias se ha convertido en un trato injusto», concluye.

Sí al fondo; no a la forma

Con respecto a los otros dos protagonistas a los que se dirige el real decreto ley aprobado el 2 de diciembre –cabildos y ayuntamientos–, tanto la Federación Canaria de Islas (Fecai) como la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ven con buenos ojos que el Estado abra la mano y permita usar los remanentes de Tesorería y sus respectivos superávits en inversiones de interés general. El pero al decreto viene por la forma en que se ha aprobado, pero no se cuestiona su fondo. Como resume el vicepresidente de la federación municipal y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, «lo que es triste es que la decisión no se haya tomado por tener una visión política municipalista y responder a las demandas que hacemos desde el año 2024, sino para dar solución a la aritmética parlamentaria, que pone en peligro lo que resta de la legislatura de Sánchez, y para acercarles a Junts».

Hernández calcula que la totalidad de los 88 municipios canarios tiene ociosos unos 1.500 millones que se amontonan en los ayuntamientos, mientras que la Fecai calcula que los siete cabildos suman 100 millones más. «Si tenemos en cuenta que por cada euro invertido se generan cinco euros de actividad económica vinculada a la inversión, estamos hablando de que se van a movilizar en los municipios más de 7.500 millones de euros gracias a este decreto», concluye el dirigente municipal.

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