Clavijo condena la violencia contra la consejera Jéssica de León por la Ley de Vivienda Vacacional

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) han expresado su rechazo a los ataques y amenazas sufridos por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, durante la tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda –conocida también como Ley de Alquiler Vacacional– que aprobó el Parlamento autonómico el 12 de noviembre.

La patronal del sector manifestó en un comunicado su «más absoluta repulsa» contra «todo tipo de violencia». Aunque la asociación afirma que «puede comprender e incluso comparte la desazón, desesperación, el miedo e indignación que sufren decenas de miles de familias canarias y residentes» por la ley, subraya que «en ningún caso justifican la violencia».

Fernando Clavijo, que también mostró su apoyo a la consejera, matizó que «esto no es una ley de Jéssica, la consejera de Turismo, este es un proyecto de ley del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, que la ha aprobado», y pudiéndose «estar más de acuerdo o menos», puntualizó que «la intimidación y la violencia nunca es justificable en ningún concepto, en ningún ámbito». Por ello, afirmó que desde el Gobierno de Canarias se ha condenado la situación que sufre la consejera, a la que mostró «todo» su apoyo tanto personal como presidente del Ejecutivo autonómico.

Las reacciones suceden después de que el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, denunciara en una entrevista con Radio Sintonía que Jéssica de León sufrió varias pedradas contra su casa y su coche y amenazas e insultos en redes sociales durante la aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional. La situación fue criticada por el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que en su cuenta de Twitter (X) publicaba: «Las discrepancias en política son legítimas, la violencia nunca. Condenamos estos hechos, rotundamente, es inaceptable».

Por su parte, la consejera explicó el miércoles haber interpuesto «dos denuncias por amenazas veladas» y reconoció que «no representan al conjunto de la ciudadanía» al mismo tiempo que confía en poder mantener un debate sereno a pesar de los desacuerdos por la aprobación de esta ley.

Polarización

Pues bien, la población canaria reaccionó con una notable polarización ante la ley que promete transformar el panorama de la vivienda en las Islas. A partir de su aprobación, y hasta 2030, el uso de viviendas turísticas estará estrictamente limitado en proporción al uso residencial. En esta línea, no se podrán abrir nuevas viviendas vacacionales y durante los próximos cinco años los ayuntamientos deberán elaborar su propio planeamiento para decidir cuántas, dónde y en qué condiciones podrán operar estos inmuebles. Además, se prohíbe la apertura de nuevos alojamientos turísticos.

De un lado se encuentran los vecinos que han sido testigos de la gentrificación de sus barrios, el consecuente aumento de precios de la vivienda y de los servicios de la zona y, por ende, las dificultades añadidas para la búsqueda de vivienda –ya de por sí agravadas por la crisis habitacional–. Mientras, los pequeños propietarios de una o dos viviendas turísticas ven peligrar un negocio clave en sus economías domésticas. El cumplimiento de la ley supone, a su juicio, su expulsión de un mercado que queda en manos de grandes empresas y corporaciones, sin permitir que los canarios participen de los beneficios.

Ascav pide a Clavijo que se abra una vía de «entendimiento, mediación, negociación y consenso para consolidar las viviendas vacacionales» de decenas de miles de familias canarias y residentes propietarias de una vivienda vacacional. Además puntualizan que la intención de la asociación «siempre ha sido defender que el turismo en Canarias es de todos y que también las familias canarias y residentes tienen derecho a participar en el negocio del turismo».

También indican que «protegen y vela» por la inversión de muchos empresarios intermediadores y gestores de dichas viviendas vacacionales y los puestos de trabajo directos e indirectos que generan. Ascav entiende que «ha llegado la hora de ser recibida por primera vez por el presidente del Gobierno de Canarias y espera que finalmente se pueda llegar a un acuerdo para poner fin a un debate enrocado desde hace más de dos años».

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