El Estado deniega el asilo a menores derivados y los devuelve a Canarias
Un menor que ya estaba en la Península ha visto rechazada su solicitud de asilo, lo que le obliga a regresar al Archipiélago

Menores migrantes llegados a Canarias en una imagen de archivo. / ED

Un vaivén de idas y venidas. Aunque el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados con solicitudes de asilo parecía avanzar sin grandes contratiempos –especialmente después del tercer auto del Tribunal Supremo, que instó al Estado a asumir la atención de los niños en un plazo «improrrogable» de 15 días, cumplido el pasado 21 de noviembre–, el proceso vuelve a encontrarse con obstáculos. Al menos a uno de estos menores se le ha rechazado la petición de asilo cuando ya se encontraba en la Península. Una decisión que le obliga a regresar a Canarias, pese a que ya había iniciado un nuevo proyecto de vida.
El contexto resulta poco optimista. Aunque por el momento solo se conoce el caso de este joven que ha tenido que regresar a la Comunidad Autónoma, su situación podría abrir la puerta a que otros menores, en circunstancias similares, reciban también resoluciones desfavorables y, en consecuencia, regresen a las Islas, el lugar del que salieron hace apenas unas semanas. El auto del Alto Tribunal obliga a integrar en la red estatal tanto a los chicos solicitantes de asilo como a aquellos a quienes ya se les ha concedido la protección. En este contexto, Migraciones sostiene que, desde el inicio de las derivaciones, se ha procurado trasladar a los chicos con la solicitud aprobada o con una propuesta favorable. No obstante, reconocen que existen –y seguirán existiendo– casos en los que la petición resulte denegada y, en consecuencia, el menor, mientras siga siéndolo, deberá reincorporarse al sistema de acogida canario.
Desde el Gobierno de Canarias aún no muestran preocupación por la situación, pero reconocen que se trata de un «trámite más» al que la región se enfrenta. Las prisas impuestas por el último auto del Supremo han provocado reubicaciones de última hora que ahora podrían volverse en contra de los niños. El problema no termina ahí. Alrededor de 578 menores con solicitud de protección internacional han sido incorporados a la red estatal, pero esto no supone el cierre del proceso de derivaciones a la Península. De hecho, en estos momentos, en el Archipiélago hay 37 menores a la espera de una cita que les permita presentar su solicitud de protección internacional y, posteriormente, conocer si esta será –o no– aceptada.
El asilo
La gran mayoría de los menores que llegan a las costas canarias sin compañía de un familiar provienen de Mali. A fecha de octubre, en la Comunidad Autónoma había un total 1.365 chicos malienses, de los cuales 660 eran solicitantes de asilo. Es probable que la cifra sea aún mayor, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se han registrado 254 nuevas llegadas de menores. Esta realidad se enmarca en un contexto de inestabilidad política en Mali, que explica el motivo por el que muchos niños que huyen del país obtienen el derecho a asilo.
Según datos de Acnur, desde agosto de 2023 alrededor de 1.500 niños que han llegado a Canarias han solicitado asilo en España. La mayoría –cerca del 70%– son de nacionalidad maliense, seguidos por menores procedentes de otros países de África Occidental. Hasta el 31 de agosto, las personas llegadas a las costas canarias procedían principalmente de este mismo país (41,7%).
En otros términos, el Estado y el Ejecutivo autonómico también se enfrentan a otra discrepancia. Entre 50 y 60 menores presentan conflictos a la hora de ser reubicados a otras regiones mediante el procedimiento previsto para solicitantes de protección internacional. El desacuerdo radica en que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideran que estos jóvenes ya han alcanzado la mayoría de edad. Una postura que cobra peso si se tiene en cuenta que, desde el inicio del proceso de traslados –el primero se realizó el 11 de agosto–, cerca de 240 chicos han cumplido los 18 años, lo que les obliga a continuar su proyecto migratorio a través de los mecanismos establecidos para las personas adultas.
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