El 'pacto de las flores' ya ató en 2022 con el Estado el mecanismo de pago y revisión de las 'ayudas covid'

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, desató esta semana una batalla política contra el Gobierno que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres en la pasada legislatura tras desvelar que el Ejecutivo que ahora preside Fernando Clavijo tiene que afrontar sentencias judiciales porque el anterior gabinete del 'pacto de las flores' no otorgó 'ayudas covid' a varias empresas que tenían derecho a las mismas, a lo que se unió que a su departamento ahora le toca "bailar con la mas fea y pedirles a las empresas que tienen que hacer reembolsos porque no han justificado el destino de los fondos otorgados".

Unas acusaciones que han sido contestadas por Elena Máñez, anterior consejera de Economía y Empleo, que considera que Domínguez mezcla dos cuestiones diferentes: las ayudas no concedidas y la reclamación del dinero no justificado.

Máñez insiste en que el Gobierno de Torres "dejó completamente resuelto con el Estado el mecanismo para atender el pago de los recursos judiciales", al incluir una cláusula en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 -que aún están en vigor, porque han sido prorrogados en dos ocasiones- que permitía utilizar "el dinero procedente de los reintegros y, si fuera necesario, solicitar fondos adicionales al Ministerio". 

Negociación en 2022

"Fue una ardua negociación con el Ministerio de Hacienda que duró todo el año 2022 y esa disposición se incluyó en los presupuestos estatales en previsión de lo que podía suceder en 2023", afirma la exconsejera socialista.

Es más, asegura que las reclamaciones, "algunas de ellas remitidas directamente al Gobierno y otras remitidas por las empresas a los tribunales", solo representan el 2,44% del total de solicitudes, lo que supone "una cifra normal en cualquier convocatoria pública".

"Incapaz de rematar"

"Si el vicepresidente no ha sido capaz de activar esta disposición, la única responsabilidad es su incapacidad de gestión y no del pacto de las flores, que en términos futbolísticos le dejamos el balón al pie pero que ha sido incapaz de rematar", afirma Máñez.

Y por lo que respecta a la revisión de las justificaciones y la reclamación del dinero a las empresas, el anterior gabinete "dejó resueltos y contestados los 435 recursos presentados", por lo que"lo único que tenía que hacer Domínguez era continuar con los trámites, realizar las comprobaciones e inspecciones necesarias y proceder, en su caso, a los reintegros pertinentes".

"Cumplir la legalidad"

"Cumplir la legalidad no es bailar con la más fea ni puede convertirse ahora en un ataque político", insiste Máñez.

La respuesta llega apenas unos días después de que Domínguez confirmara la existencia de 3.000 expedientes en revisión, por un valor cercano a 100 millones de euros, derivados —según señaló— de ayudas que ni Torres ni Máñez estuvieron diligentes en comprobar que eran usadas por las empresas para los objetivos previstos. En aquel periodo se concedieron subvenciones por un total de 1.231 millones, la mayor operación económica de auxilio empresarial jamás realizada en Canarias.

En concreto, el Archipiélago recibió 1.144 millones del Gobierno de España al ser la comunidad más golpeada por la crisis, fondos gestionados mediante un procedimiento extraordinario que se resolvió en seis meses A esta cifra se sumaron 87,4 millones adicionales del programa REACT-EU –el instrumento de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de la Unión Europea (UE)-, del que se beneficiaron más 15.000 pymes del Archipiélago.

Autónomos y microempresas

"El 93% de las ayudas fueron para autónomos y microempresas, el verdadero corazón de la economía canaria", subraya Máñez, que a su vez recuerda que "empezamos otorgando ayudas a los autónomos y y empresas con menos de diez empleados, y dejamos para el final a las grandes para, precisamente, garantizar que el dinero llegaba a las más vulnerables y precarias".

Asimismo, la propia convocatoria de subvenciones establecía que, transcurridos dos años desde la concesión de las ayudas, las empresas debían aportar un certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección, un plazo que se cumplía en diciembre de 2023, cuando ya la responsabilidad correspondía plenamente al actual Ejecutivo: "Hubo un cambio de gobierno, si no lo hubiera habido, seríamos nosotros quienes, por ley, haríamos lo que tiene que hacer ahora Domínguez".

Rapidez y transparencia

La exconsejera del presidente Torres también pone en valor que, frente a las veladas acusaciones de mala gestión que lanzó Domínguez, el procedimiento de concesión de las ayudas "fue rápido, eficaz y transparente y en solo seis meses se resolvieron, gracias también a la implicación de las Cámaras de Comercio, un total de 26.784 solicitudes, con más de 20.000 beneficiarios finales y Canarias no devolvió ni un solo euro al Estado, mientras que otras autonomías no llegaron a utilizar todo el dinero que se había transferido para ayudar a las entidades a afrontar las vicisitudes de la pandemia".

Por último, pone sobre la mesa que el plazo para que las empresas aportaran un certificado acreditativo se cumplía en diciembre de 2023, por lo que es lógico que el proceso de reembolso se iniciara en 2024, con Clavijo de presidente.

Según los datos del director general de Promoción y Diversificación Económica, Alexis Ortega, hay 1.572 expedientes con procedimiento de reintegro y el resto está pendiente de revisión o su plazo aún no ha vencido.

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