Un limbo burocrático que frena el futuro de jóvenes que migran a Canarias

Una carrera contrarreloj, con el tiempo en contra y constantes regresos a la casilla de salida. Así describen Marcos y María –nombres ficticios– su intento de inserción laboral en Canarias. Tienen 30 y 25 años y llegaron a las Islas hace 8 y 6 años, respectivamente. Salieron de Guinea Ecuatorial –antigua colonia española– con un visado de estudios y un objetivo claro: formarse académicamente para acceder a oportunidades laborales que en su país no encontraban. Él se especializó en electricidad y ella es química. Sin embargo, ahora que han concluido su formación profesional, se enfrentan a un obstáculo decisivo: unos trámites burocráticos que avanzan con una lentitud que ambos describen como «insostenible» para lograr su inserción laboral en el Archipiélago.

«Se nos cae el alma al suelo cada vez que vamos a Extranjería a preguntar por nuestros trámites», explica María. Una situación con la que coincide Marcos: «Es muy frustrante». Llevan meses esperando la autorización de residencia y trabajo –dependiente de Extranjería– que les permita modificar su estancia por estudios y obtener un permiso laboral. Aunque ambos han encontrado empresas interesadas en contratarles, esto no ha sido suficiente para acelerar el proceso burocrático y hasta que éste no se resuelva no podrán trabajar. Desde Extranjería les indican que el sistema está saturado y que la resolución –que incluso podría ser desfavorable– podría tardar hasta 11 meses. Mientras tanto, con los estudios ya finalizados y a la espera de tener sus documentos en regla, estos meses, dicen, «toca buscarse la vida como se pueda».

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias –que es la responsable de la gestión del área de Extranjería en el Archipiélago– confirman que hay «mucho trabajo». Sin embargo, añaden que se está trabajando de manera constante en la gestión detallada de las resoluciones.

El panorama dista de ser alentador. Los chicos denuncian que la embajada de España en Guinea Ecuatorial no les ofrece soluciones y que las instituciones públicas apenas facilitan información. «No hay quien nos asesore y ya no sabemos a dónde acudir», lamentan. Lo más duro, subraya Marcos, «es ver que las oportunidades existen, pero no se puede acceder a ellas. Las tienes delante, casi al alcance de la mano, pero se escapan. Después de hacer las prácticas en una empresa, me querían contratar y me dieron el uniforme y las herramientas de trabajo para empezar, pero las trabas burocráticas me lo impidieron».

Un proceso de espera

La situación se agrava si se considera que, pese a los años que ambos llevan en España, ninguno de los dos ha logrado obtener la nacionalidad. Las personas originarias de Guinea Ecuatorial, según la legislación española, pueden solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal y continuada. Sin embargo, «te piden requisitos y que trabajes, pero no te dan lo necesario para hacerlo. Es contradictorio», añaden.

El proceso migratorio de ambos ha estado marcado por la espera: la espera por trámites, por ofertas laborales y por una mejora que llega a cuentagotas y cuya recompensa, dicen, «parece que nunca termina de llegar». Aun así, la experiencia les ha enseñado «a luchar» y, durante su estancia en las Islas, han podido compaginar sus estudios con trabajos en la hostelería y, en el caso de María, también en restauración Todo ello para hacer frente a una calidad de vida y a unos alquileres que, reconocen, «ahogan».

«La gente no se da cuenta del sacrificio que implica migrar. En Guinea, el salario mínimo es de 150 euros y, en la universidad, a veces los profesores ni siquiera llegan a las clase. Todo eso te empuja a salir de tu país en busca de una buena educación que te permita prosperar», explica María, quien añade que, como ellos, muchas otras personas atraviesan situaciones similares: «No queremos ayudas económicas ni que nadie nos regale nada. Estamos preparados para trabajar y construir nuestro futuro, pero es el propio sistema el que nos impide avanzar hacia un futuro mejor».

"Falta de expectativas"

Las dificultades que han atravesado les han llevado a un punto de «falta de expectativas». Desde que salieron de su país no han podido regresar. María lleva 14 años sin ver a su madre y Marcos ha perdido a familiares sin poder despedirse: «Nuestras familias nos preguntan cuándo volveremos, pero los pasajes pueden costar más de mil euros. Es imposible regresar».

Más allá de la imposibilidad de trabajar legalmente, firmar un contrato, cotizar en la Seguridad Social o acceder a prestaciones futuras como el paro, la falta de autorización paraliza por completo sus proyectos de vida: bloquea trámites, pone en riesgo las cuentas bancarias, dificulta el acceso a vivienda, impide viajar, frena los estudios y los deja atrapados en un limbo legal que puede prolongarse meses o incluso años.

«Tener ese documento es como ganarte la lotería o incluso mejor», reconocen los afectados, que además temen perder «los pocos ahorros» que poseen: «¿Y si nos cierran las cuentas bancarias por esta situación?». En este contexto, lanzan un llamamiento social y urgen soluciones: «Solo queremos trabajar. Si las instituciones supiesen todo lo que podemos lograr con ese simple papel...».

Ahora, aunque el escenario se torne complicado, tanto María como Marcos enfrentan el futuro con determinación, decididos a encontrar soluciones a su situación. «Aunque recibamos muchos no, seguiremos buscando el sí… Estamos preparados para acceder a oportunidades de calidad. La nueva generación está muy bien formada y tiene todo lo necesario para transformar el mercado», concluyen.

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