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Preocupación en Canarias por la contratación de psicólogos sin titulación oficial para atención infantojuvenil en Salud Mental

La Sociedad Española de Psicología Clínica denuncia que el Servicio Canario de la Salud ha iniciado procesos para incorporar psicólogos sin formación especializada, lo que pone en riesgo la atención a menores en Gran Canaria

Preocupación en Canarias por la contratación de psicólogos sin titulación oficial para atención infantojuvenil en Salud Mental

Preocupación en Canarias por la contratación de psicólogos sin titulación oficial para atención infantojuvenil en Salud Mental

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-Anpir) ha lanzado una grave advertencia: el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha iniciado procesos de contratación de al menos diez psicólogos que no disponen de la formación sanitaria especializada necesaria para trabajar en el sistema público de salud, concretamente en el área de salud mental infantojuvenil.

Según fuentes cercanas al proceso, estos profesionales serían destinados a centros de atención a menores en Gran Canaria, dentro de la red que da cobertura a la provincia de Las Palmas. Esta situación ha generado una fuerte reacción por parte de la comunidad profesional y científica, que ve con preocupación cómo se compromete la calidad de la atención a un colectivo especialmente vulnerable.

Riesgos para los menores y vulneración de la normativa legal

La SEPC-Anpir ha sido contundente en su comunicado: la contratación de psicólogos sin la titulación oficial requerida vulnera la legislación vigente y pone en peligro la correcta atención sanitaria de niños y adolescentes que, en muchos casos, atraviesan situaciones críticas que afectan directamente a su desarrollo emocional y psicológico.

«Esta situación nos deja el siguiente panorama: los niños y adolescentes cuya salud mental requiere la máxima protección institucional están en manos de psicólogos y psicólogas que no poseen la formación sanitaria especializada exigida por la ley para ejercer en el Sistema Nacional de Salud (SNS)», señala la organización.

Desde la sociedad científica insisten en que el tratamiento de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia requiere una formación específica, rigurosa y supervisada, tal como establece la ley. Añaden que, a la preocupación que supone para las familias enfrentarse a un diagnóstico de este tipo, se suma ahora la incertidumbre sobre la calidad del tratamiento que recibirán sus hijos.

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