Las mentiras que nos unen

Uno de los momentos críticos de cualquier pleno parlamentario es aquel donde por cualquier razón –un discurso, un proyecto de ley, una interpelación, lo que sea– los grupos de la Cámara promueven y comparten un ratito de exuberancia sentimental. Ocurre, como es obvio, con asuntos compartibles que no tienen una naturaleza competitiva: la solidaridad con los pueblos oprimidos (los que sean), con los que padecen enfermedades incurables o muy raras o con el pasado heroico o la celebración de un éxito deportivo, de una efeméride lustrosa o de alguna forma de cultura popular. En el pleno de esta semana concurrió esa circunstancia y sus señorías lucieron sus mejores galas retóricas al efecto. El Estatuto de Autonomía de 2018 estableció que el archipiélago canario –el territorio de la Comunidad autónoma– está constituido por ocho islas, incorporando a La Graciosa, con unos 27 kilómetros cuadrados y 740 habitantes. Esta reforma estatutaria exigía modificar una línea del himno oficial de Canarias.

Todos los portavoces se emocionaron mucho y hablaron de algo que básicamente imaginan: la identidad isleña. A ratos fue divertido, como cuando la diputada del PP, Rebeca Paniagua, soltó que como asombrosa particularidad de nuestro paisito atlántico la fragmentariedad archipielágica no ha impedido una identidad común, como si las islas canarias estuvieran desperdigadas por el océano Pacífico.

Ningún debate sobre La Graciosa

Según el criterio paniaguado, más portentosa sería la unidad del Reino Unido, que agrupa en dos islas a cuatro naciones, en las que se hablan inglés, escocés, galés y gaélico escocés. En la isla de Man, incluso, se habla un notable dialecto, el gaélico manés, que defienden ardorosamente los nacionalistas de la isla, mayoritariamente independentistas, por cierto. Por lo demás es asombroso que no reparemos en que los que nos une no son un puñado de verdades prodigiosas, sino un conjunto de mentiras y ficciones. Las identidades nacen del conflicto, no de un sentimiento inmaculado compartido pasiva y universalmente, o cuando se encierran en sí mismas crean conflictos. Y ningún artefacto identitario explica cabalmente nuestros comportamientos, nuestras fobias o nuestras obsesiones. En sus últimos años Bertrand Russell declaró que lo único que reclamaba para unirse a una nación es que no tuviera un credo, un himno ni una bandera.

En el Parlamento de Canarias jamás se ha debatido monográficamente sobre la ahora octava isla y, como era de esperar, sus señorías no aprovecharon la ocasión. El discurso más insignificante y untuoso fue el del socialista Marcos Antonio Bergás, que llamó a La Graciosa “pequeña isla en medio del Atlántico” (sic) y el único interesante el de Luis Campos, el portavoz de NC, quien al menos recordó los graves problemas que sufre La Graciosa a causa de su alocada presión turística. La Graciosa es uno de los territorios de Canarias donde la turistificación ya no es un peligro, sino una enfermedad crónica. Y a pesar de todas las protestas y anhelos a sus habitantes no se las ha permitido los modestos instrumentos administrativos de una pedanía.

Modernización del REF

Otro instante de consenso, menos edulcorado pero más práctico y fructífero, fue la aprobación del dictamen de la comisión parlamentaria para la modernización del REF, sobre el que se mostraron muy satisfecho todos los grupos, salvo Vox, cuyo portavoz emitió algunas insensateces que no interesaron mayormente a nadie. El dictamen es un esfuerzo sistemático para conseguir un Régimen Económico y Fiscal operativo en el siglo XXI. El diputado Manuel Hernández Cerezo, presidente de la comisión, fue muy piropeado por todos los grupos parlamentarios por su dirección de los trabajos.

Por una vez los diputados tienen razón por sentirse satisfechos de su labor porque se ha aquilatado un REF que se recoloca en la actual economía nacional e internacional, modula sus instrumentos y avanza en su apertura a objetivos sociales para mejorar la cohesión social en las islas. Nada que ver con el guerracivilismo que putrefacta al Congreso de los Diputados y al Senado. Claro que a veces estallan excepciones donde menos te lo esperas. En una proposición no de ley de CC para reactivar el convenio de canje de permisos de conducir con Venezuela la conservadora Jeniffer Curbelo se refirió inopinadamente a los supuestos negocios del expresidente Rodríguez Zapatero en Venezuela. Y ahí saltó Gustavo Matos para dejar claro que lo de los negocios de Rodríguez Zapatero se limita a un bulo de un digital de la fachosfera. Curbelo solo había mencionado a Rodríguez Zapatero, pero Matos, dirigiéndose a todo el grupo del PP, les acusó de preferir otros países “como Suiza o Panamá para llevarse el dinero”.

Estas barbaridades –cuesta imaginarse a Curbelo con cuentas en Panamá– las suelta Matos no porque se las crea, sino porque necesita pequeñas exhibiciones de patriotismo de partido para conseguir un difícil acomodo en las listas electorales de 2027. Los socialistas perdieron la proposición no de ley para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias regulando los grandes tenedores, y eso a pesar de ser defendida vehementemente por Sebastián Franquis. No se entendió muy bien el rechazo del Ejecutivo ni de los grupos que lo apoyan, aunque ciertamente Socorro Beato fue muy razonable solicitando mayor debate técnico e inscribir un registro de grandes tenedores en otra norma legislativa.

Dependencia y RTVC, dos temas centrales

El pleno terminó con la habitual impresión de un gobierno compacto que desarrolla su programa con errores y tardanzas, pero manteniendo el rumbo, y una oposición que no acaba de conseguir hincarle el diente atrapada en inercias, manías y personas y mecanismos de fiscalización del Ejecutivo que no funcionan.

Esta semana el gabinete que preside Clavijo consiguió dos hitos de peso dentro de sus objetivos relevantes que deberían materializarse antes de fin de año: cerrar finalmente la friolera de 1.132 millones de euros para los convenios plurianuales con los cabildos (2025-2028) en materia de dependencia y aprobar el proyecto de ley de Ordenación Comunicación Audiovisual de Canarias, es decir, de la televisión y la radio autonómicas, que incluye en su articulado la garantía del carácter público de los servicios informativos, una exigencia de los trabajadores de RTVC objeto de mil sospechas de la oposición socialista. Extrañas sospechas, ciertamente, porque ¿para que querría un gobierno privatizar los servicios informativos de una televisión pública? ¿No lo hubiera hecho ya Pedro Sánchez si tuviera alguna ventaja?

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