Más de 13.000 personas exigen soluciones urgentes para los 500 mayores atrapados en hospitales de Canarias

Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados llevaron este viernes más de 13.000 firmas al Parlamento de Canarias para exigir que se resuelva la situación de los 500 pacientes con alta médica que ocupan una cama de los distintos hospitales del Archipiélago. Según expusieron, no solo vulnera los derechos del propio afectado, sino que además ha mermado la calidad asistencial del sistema sanitario público. "El coste anual para atender a este medio millar de personas asciende hasta los 135 millones de euros", aseguró el portavoz del sindicato, Octavio Sánchez.

El perfil de estos pacientes con alta médica suele ser el de una persona mayor o con una gran dependencia que se encuentra a la espera de una cama sociosanitaria o que carece de apoyos familiares para regresar a su domicilio. Con este panorama, no les queda otra opción que permanecer en el hospital hasta que quede libre otro recurso.

Durante la comisión de Bienestar Social celebrada este viernes, los representantes de las plataformas encargadas de la recogida de firmas señalaron que estos mayores pasan semanas, meses y hasta años atrapados en una cama de hospital que no ha sido diseñada para cuidar de estos pacientes. "Es una realidad silenciosa que tiene un impacto notable en el sistema de salud, en la eficiencia de sus recursos y en la dignidad y la calidad de vida de un colectivo muy vulnerable", destacó Sánchez.

Fractura entre áreas

La fractura entre el sistema sanitario y el social ha provocado que medio millar de personas -la mayoría de ellas, en la última etapa de sus vidas- se hayan quedado atrapadas en un limbo. Aunque se trata de una problemática que comenzó a gestarse hace décadas, en los últimos años se ha agravado porque la población cada vez es mayor y más envejecida. En el Hospital del Sur, por ejemplo, el 60% de las camas están ocupadas por pacientes sociosanitarios, el porcentaje más alto de Canarias con este tipo de ocupación.

Según defendieron, las camas ocupadas por pacientes sociosanitarios han colapsado la atención hospitalaria; han limitado la capacidad para atender hospitalizaciones, urgencias o cirugías programadas. También suponen un desgaste de recursos humanos y materiales, pues los sanitarios deben atender casos que se escapan de su ámbito y que precisan otro tipo de cuidados.

Impacto económico

El impacto económico fue otro de los aspectos que denunciaron durante su intervención. "Se está haciendo un uso ineficiente de los fondos públicos que además es insostenible, el coste para mantener una cama en un hospital de tercer nivel es de 700 euros, mientras que el precio por plaza en residencias sociosanitarias ronda los 100 euros", argumentó.

En toda esta polémica, el más afectado es el usuario. El representante sindical sostuvo que se está vulnerando el derecho de estos mayores a una atención adecuada. Por ello, su compañero y también portavoz, Pablo León, alegó que la solución pasa por impulsar la atención domiciliaria y por crear más plazas sociosanitarias, sobre todo en las islas capitalinas, que son las más afectadas. "Canarias debe priorizar la inversión en residencias, en centros de día y en recursos de media estancia", resaltó.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados, María Rosa Pulido, cargó contra la "dejadez" de las instituciones con las personas dependientes: "Muchas se encuentran desatendidas". A su juicio, la intención del Ejecutivo de avanzar hacia la desinstitucionalización -apostar por el cuidado en casa frente a las macroresidencias- no saldrá adelante porque "los domicilios no están adaptados y el servicio de teleasistencia aún no está activado".

Protocolo de derivación

Las 13.000 personas que firmaron la petición también quieren que se desarrolle un plan de transición hospitalaria, con un protocolo de derivación y seguimiento al paciente. Precisamente con la intención de atender a esta demanda, Bienestar Social y los cabildos insulares, a través de los convenios de dependencia, anunciaron el pasado miércoles que crearían un protocolo para regular y priorizar las altas hospitalarias y las urgencias sociales.

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