Canarias acelera las pruebas para determinar la edad de los menores

Canarias pisa el acelerador. El Ejecutivo autonómico ha optado por agilizar las pruebas de determinación de edad de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del Archipiélago. El procedimiento, que ahora se practica casi in extremis, pasa a resolverse en unos siete días, frente al mes que solía requerir en condiciones normales. ¿El objetivo? Acelerar los traslados a la Península mediante la vía exprés –amparada en la contingencia migratoria vigente desde el 29 de agosto, que establece que cualquier menor debe ser reubicado en un máximo de 15 días– y asegurar que quienes ocupan las plazas de acogida son efectivamente chicos menores de edad.

Esta medida se adopta en un contexto de tensión persistente entre el Gobierno central y el autonómico. La Comunidad Autónoma mantiene que el Estado «incumple de manera sistemática» con las Islas. La situación, además de estar marcada por una emergencia migratoria, «lo está por una humanitaria», advirtió el portavoz Alfonso Cabello al término del Consejo de Gobierno. En este contexto, los exámenes médicos, que se practican a los chicos en cuanto pisan el Archipiélago, han sido un foco constante de fricción entre ambas administraciones.

El proceso

Pese a los avances, el mecanismo exprés parece encallado y, por ahora, no está siendo eficaz. Los 15 días previstos, denuncian desde el Gobierno canario, se han convertido de media en mes y medio. Y aunque desde la declaración de la contingencia migratoria han llegado más de 200 nuevos menores, apenas se han producido 51 derivaciones. A esto se suma que, desde septiembre, se han realizado 53 traslados por la vía ordinaria –mecanismo previsto para los chicos que se encontraban en el Archipiélago antes de la declaración de contingencia–, y se espera que a lo largo de la próxima semana otros 23 menores viajen a sus nuevas comunidades de acogida.

La cifra continúa siendo insuficiente. El problema de la vía exprés, sostiene el Ejecutivo regional, radica en las subdelegaciones del Gobierno, que son las responsables de proponer los traslados, inscribir a los menores en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y determinar en qué comunidad autónoma serán reubicados.

«Hemos trasladado nuestra preocupación al Ministerio de Juventud e Infancia por este tipo de problemaa», señala la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, en alusión a las dificultades ya detectadas en el procedimiento exprés.

Las subdelegaciones

La Comunidad Autónoma sostiene que las subdelegaciones están aplicando un «procedimiento administrativo común» que introduce trabas y ralentiza los traslados. En la práctica, esto supone un retraso de hasta diez días. La situación se complica aún más al considerar que el real decreto establece que las pruebas para determinar la edad deben ser realizadas por la comunidad de destino.

El panorama dista de ser esperanzador. La red de acogida del Archipiélago atiende actualmente a 4.471 menores migrantes no acompañados, mientras la resolución de expedientes avanza de forma paulatina. El jueves, la Delegación del Gobierno en Canarias cerró 295 expedientes de menores, a los que se suman otros 117 archivados por mayoría de edad del migrante o por informe negativo de la Fiscalía.

En este contexto, las pruebas de la edad arrastran, además, importantes dificultades. Casi cuatro de cada diez jóvenes clasificados como menores dubitados –aquellos cuya edad genera dudas– resultan ser mayores tras las pruebas médicas. En concreto, un 37,64% supera los 18 años.

Los datos

Este dato, obtenido mediante análisis óseo y otras evaluaciones físicas, implica que, hasta que se determina su edad real, los jóvenes son considerados menores a efectos legales y quedan bajo la tutela temporal de Canarias. Ello convierte al Ejecutivo autonómico en responsable directo de su cuidado, protección, alimentación y alojamiento. En un territorio ya tensionado por la presión migratoria, la relevancia de estas pruebas se multiplica.

La determinación de la edad se basa en una serie de pruebas médicas que incluyen una exploración física general (con especial atención al desarrollo torácico), una radiografía de la mano y una ortopantomografía dental. Cuando persisten las dudas, se puede solicitar una tomografía axial computarizada de la clavícula para afinar el diagnóstico y, de esta forma, lograr una mayor precisión en el resultado final.

Sin embargo, el proceso de determinar la edad arranca en la Fiscalía, donde se formalizan las diligencias. Tras este paso, se le practica al adolescente la primera radiografía –que habitualmente es en la muñeca, aunque también puede ser de la mandíbula–. Con esas imágenes se elabora un informe que posteriormente revisa un médico forense. Después de la evaluación del experto, el dictamen se remite, nuevamente, a la Fiscalía, que por último le notifica la resolución al joven envuelto en este procedimiento.

Mientras que se llevan a cabo las pruebas médicas y hasta que se alcance un resultado final y se determina si la persona afectada es menor o mayor de edad, los chicos permanecen en centros de acogida del Gobierno canario o son derivados a recursos gestionados por Accem.

Suscríbete para seguir leyendo