El Estado vende como extraordinarios 100 millones para menores que Canarias considera ya comprometidos

Canarias acoge con satisfacción la transferencia de 100 millones de euros aprobada mediante real decreto por el Ministerio de Juventud e Infancia para la atención de los menores migrantes no acompañados en el Archipiélago, aunque lo hace en un clima de críticas. El Gobierno autonómico sostiene que esos fondos, que el Ministerio presenta como una transferencia extraordinaria destinada a cubrir gastos de 2025, corresponden en realidad a partidas ya previstas: 50 millones para 2025 y otros 50 para 2026. "Hoy tenemos estos 100 millones, pero ¿cuánto ha tenido que invertir la Comunidad Autónoma para este fin?", cuestionó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, este martes tras la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros.

El anuncio se produce en un contexto de tensión presupuestaria. La partida llega a final de año, después de que Canarias haya desembolsado, según la consejera, cerca de 190 millones de euros para la atención de los menores. En este sentido, Delgado señaló que la medida "supone que se adelantan los 50 millones del año que viene, con lo cual se tendrá una financiación estable desde el inicio del ejercicio". Pero los fondos, más allá de permitir compensar los gastos ya asumidos por la Comunidad Autónoma, se invertirán para hacer frente a los previsibles costes del próximo año.

La situación se agrava para Canarias si se tiene en cuenta que el Gobierno central, según criticó la consejera, se comprometió en octubre de 2024 a transferir otros 100 millones de euros para atender la crisis migratoria. Unos fondos que "no han llegado", pese a que, en su momento, el Ejecutivo regional los calificó como "un balón de oxígeno" para el Archipiélago que asumía en solitario la emergencia migratoria.

Acerca de los fondos

El real decreto aprobado este martes contempla la financiación de inversiones relacionadas con el alojamiento, alimentación, vestuario, apoyo psicosocial y jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación y atención a perfiles vulnerables, entre otros. "Asimismo, se podrán incluir en esta partida aquellas actuaciones destinadas a mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral, acceso a la vivienda, atención psicosocial y orientación jurídica de aquellas personas migrantes mayores de edad que ya no están tuteladas por las administraciones públicas", afirmaron desde el Ministerio de Juventud e Infancia.

La partida "tiene como objetivo garantizar la adecuada protección de las personas migrantes menores de edad en situación de desamparo que se encuentran en la Comunidad Autónoma", aseguró el departamento que dirige Sira Rego. Según los datos más recientes, Canarias atiende a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En este contexto, Rego subrayó que su equipo ha "mejorado los mecanismos de acogida, multiplicando la inversión pública destinada al cuidado, la inclusión y el acompañamiento" de estos menores.

Unas declaraciones que no terminan de tranquilizar a Canarias. El Ejecutivo autonómico ha comenzado a analizar el contenido del real decreto y expresa su preocupación porque su vigencia se extienda únicamente hasta el 19 de marzo de 2026. "Hay que ver cómo continuamos, qué se hace una vez pase ese 19 de marzo. Es una cuestión que hemos puesto sobre la mesa", advirtió Delgado.

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