Rubén Pérez Correa: "Si hay dinero para tanques, tiene que haberlo para menores migrantes"

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa (Vigo, 1977), ha visitado Canarias esta semana en medio de la fricción entre el Gobierno regional y el Estado por la financiación y traslados de menores migrantes.

Usted se reunió este martes con el Gobierno de Canarias en un contexto de reproches cruzados por los retrasos en la aplicación del Real Decreto de derivación de menores y la financiación ¿Qué balance hace del encuentro del que poco ha trascendido?

Siempre hemos mantenido un diálogo con el Gobierno canario, y sabemos que existen diferencias sobre el alcance del Real Decreto Ley y su implementación. El Gobierno Canario nos ha trasladado que el cuello de botella radica en la Administración del Estado, específicamente en la Delegación del Gobierno, debido a la lentitud en los procedimientos . Pero nosotros discrepamos del criterio de lentitud.

¿Entonces dónde está el cuello de botella?

Entendemos que el proceso debe ser garantista, requiriendo, por ejemplo, que la Fiscalía de Menores determine el arraigo del menor o su identificación de edad. En ese sentido, la Delegación del Gobierno ha finalizado un número de expedientes mucho mayor que los traslados efectivos que ha realizado el Gobierno Canario. De las más de 200 resoluciones positivas de traslado realizadas por la Delegación, el Gobierno canario no las ha completado. Dicho esto, no queremos entrar en una polémica estéril. Estamos hablando de menores y el procedimiento debe ser garantista. Eso implica cuidados adicionales en todo el proceso logístico y administrativo. Nuestro horizonte sigue siendo completar la aplicación del real decreto ley en marzo.

Según el Real Decreto, unos 2.800 de los cerca de 4.500 menores tutelados por Canarias deben salir antes del 19 de marzo. ¿Les va a dar tiempo?

Creemos que sí. Por el medio ha estado el auto del Tribunal Supremo, que obligó a centrar muchos esfuerzos en la derivación de los menores solicitantes de protección internacional. Ese trabajo está prácticamente terminado. A partir de ahí podremos concentrar recursos tanto de la Delegación del Gobierno como del Ejecutivo canario en los menores incluidos en el artículo 5 del Real Decreto –los de nuevas llegadas– y en los de la disposición adicional, que ya estaban en el sistema cuando se declaró la contingencia migratoria. Nuestra previsión es que si las resoluciones se agilizan entre diciembre y la primera quincena de enero, en febrero y marzo puedan dedicarse a ejecutar los traslados. Tras hablar con todas las partes, creemos que es posible cumplirlo.

En la vía ‘exprés ‘ para derivar a menores en 15 días tras su llegada, Canarias denuncia retrasos de hasta tres meses.

Siempre hemos sostenido como ministerio que ese plazo de 15 días para los que llegan es un plazo muy poco garantista, desde el punto de vista de que somos varias administraciones las que interactuamos en el proceso. Hay muchas casuísticas. Algunas comunidades de destino presentan recursos de manera sistemática contra los traslados y esos recursos hay que responderlos uno a uno. Aun así, los tiempos se han ido agilizando respecto al inicio del procedimiento.

¿Las comunidades están cumpliendo o están poniendo trabas?

No les queda otra que cumplir, porque es un Real Decreto Ley. Incumplirlo sería una ilegalidad.

El Consejo de Ministros de esta semana aprobó 100 millones de euros para menores migrantes y volvió la polémica. Canarias sostiene que ese dinero ya estaba comprometido. ¿Cómo está la situación?

Nosotros nos manejamos siempre con las cifras que verbaliza el Gobierno canario y hace poco hablaba de 151 millones de gasto. Es cierto que ha hecho unas modificaciones presupuestarias -190 millones dice Canarias de coste- y hemos habilitado la partida de 100 millones que permite consignar los gastos tanto de 2025 como de 2026.

¿Pero no va a haber dinero entonces en 2026? El Gobierno canario alega que ya se ha gastado esos 100 millones y más.

En 2026 volveremos a hablar en el ejercicio presupuestario, porque entendemos que los costes del sistema de protección al trasladarse los menores van a ser sensiblemente inferiores, ya que prevemos cumplir las derivaciones.

Usted ha denunciado que los sistemas de protección están infrafinanciados en las comunidades . ¿Cuánto deberían invertir?

Sí, la infrafinanciación es generalizada. No se cubren ratios de personal, no se sustituyen bajas, no se cumplen convenios colectivos y muchas licitaciones se incumplen. Todas las comunidades deberían rescindir contratos cuando eso ocurre.

"Tenemos que abrir el debate de que la protección a la infancia entre en el sistema de financiación autonómica"

¿Y no debe el Estado incrementar su financiación?

Estamos en un momento histórico de transferencias del Estado a las comunidades autónomas, pero la protección a la infancia debe abordarse en el debate de la financiación autonómica, igual que la dependencia. Es un planteamiento que hemos trasladado a los ministerios de Hacienda y de Política Territorial. La financiación debe contemplar tanto las transferencias del Estado como los recursos propios de las comunidades, con un sistema de protección a la infancia –menores migrantes no acompañados y menores españoles– pensado no solo para la atención diaria, sino también para la transición a la vida adulta y a la integración sociolaboral. Sin haber presupuestos, somos capaces de consignar muchos recursos para gasto militar. Si tenemos para comprar tanques y aviones, tenemos para ayudar a los menores que están en un sistema de protección muy masificado y que están pidiendo una oportunidad de desarrollo personal.