Los alcaldes reclaman auxiliares de policía local ante la falta de agentes

Los alcaldes quieren incluir en la futura Ley de Policías de Canarias dos de sus principales reivindicaciones relativas a los cuerpos locales: la posibilidad de que haya efectivos interinos en casos de «necesidad y urgencia» y la creación de plazas de personal auxiliar de policía local para tareas de asistencia y colaboración con los agentes a fin de paliar la falta de efectivos en los ayuntamientos, sobre todo en los pequeños. Los datos más recientes reflejan que en Canarias hay un déficit cercano al millar de efectivos en la policía local, con municipios donde no hay agentes -caso de El Pinar o varios ayuntamientos de La Gomera- o hay muy pocos, lo que incumple la ratio de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes. Este personal auxiliar no tendría el rango de agente de la autoridad ni podrá portar armas de fuego, y entre sus funciones estará la vigilancia de edificios, la tramitación de documentos, la protección de colegios y espacios públicos y, entre otras, prestar auxilio en caso de accidentes o catástrofes.

El borrador del anteproyecto de Ley de Policías de Canarias ya circula en los ámbitos policiales y en el mismo se contemplan algunas propuestas de la Fecam alusivas al cuerpo municipal y que han sido criticadas en el pasado reciente tanto por las asociaciones de mandos y jefes de las policías locales como por los sindicatos. También los ayuntamientos introducen la obligatoriedad de que para que los agentes puedan solicitar la movilidad a otro ayuntamiento tengan que pasar como mínimo cinco años de servicio activo ininterrumpido y por el sistema de concurso de traslado. Asimismo se mantiene la opción de delegar las competencias de las convocatorias de nuevas plazas en manos de la Comunidad Autónoma, procesos selectivos que ya se están desarrollando mediante convenios.

Después de las idas y venidas de las dos últimas legislaturas, el Ejecutivo soslaya la polémica reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que ha intentado dos veces y en ambas ha fracasado por los desacuerdos entre los alcaldes y los sindicatos. Ante ello, la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad introduce en el texto de la nueva ley varios capítulos relativos a la coordinación policial, la nueva regulación de la Comisión de Coordinación y otros aspectos que correspondían a la normativa específica del cuerpo de seguridad que depende de los ayuntamientos. El actual equipo que dirige la consejera Nieves Lady Barreto no había desechado realizar la reforma pero después de más de dos años de legislatura, y ante la evidencia de que no hay consenso entre las partes afectadas, ha optado por realizar una reforma parcial en la nueva ley con la intención de llevar a cabo el objetivo de que la Comunidad Autónoma asuma una parte importante del control sobre las policías locales e imponer el Cuerpo General de la Policía Canaria como el modelo a seguir en materia de seguridad.

El borrador de la ley pone en manos del Gobierno canario las normas básicas que deberán tener los reglamentos de organización y funcionamiento de los cuerpos de la Policía Local Canaria, así como la homogeneización operativa, técnica, uniformes, medios de defensa, retribuciones y sistema de acreditación. También se arroga la Comunidad Autónoma el establecimiento de actuaciones comunes para mejorar la seguridad vial, medidas para mejorar la «eficacia» de los cuerpos de la Policía Local o asesorar a los ayuntamientos en materia de seguridad pública. El Ejecutivo introduce como propuesta que todos los ayuntamientos con policías locales remitan a la Dirección General de Seguridad en el primer trimestre de cada año un informe anual con la memoria de los servicios prestados el año anterior, la dotación de recursos humanos y materiales y el grado de cumplimiento de las directrices de la Comunidad Autónoma.

El borrador también crea el Consejo de Policía Canaria y modifica la Comisión de Coordinación de Policías Locales como órganos colegiados de carácter consultivo. La Fecam ya intentó en las anteriores reformas de la Ley de Coordinación quitar la presencia de los sindicatos y, por lo que contiene el texto que se estudia, lo ha logrado. El Consejo de Policía Canaria estará formado por ocho miembros, la mitad de ellos del cuerpo autonómico, elegidos por la jefatura, y los otros cuatro son de la policía local, dos de ellos procedentes de las dos capitales canarias y otros dos de municipios de las islas no capitalinas con mayor número de efectivos. En el caso de la comisión de coordinación, esta estará compuesta por el Ejecutivo regional y la Fecam, mientras que los sindicatos se quedan fuera y solo tendrán una presencia de carácter consultivo cuando sean requeridos para ello.

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