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‘La cuenta de la vieja’: los expertos certifican que Canarias pierde dinero con la reforma de la financiación autonómica

Los economistas calculan que cada isleño recibirá 185 euros menos que la media nacional, 307 menos que un catalán o 479 menos que un valenciano

María Jesús Montero, llegando a la rueda de prensa que ofreció el viernes en Madrid.

María Jesús Montero, llegando a la rueda de prensa que ofreció el viernes en Madrid. / ZIPI ARAGON/EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Oriol Junqueras (ERC) para reformar la financiación autonómica, reconocer la ordinalidad y asegurar recursos adicionales para Cataluña ha reabierto el debate territorial y generado inquietud en el resto de comunidades sobre el impacto del nuevo modelo. En Canarias, los expertos consultados consideran que, sin conocer todavía la letra pequeña del pacto, de entrada este acuerdo no va a beneficiar al Archipiélago porque recibiría menos dinero del que le correspondería. Señalan que el reparto anunciado sitúa a las Islas por debajo de su peso poblacional.

Además, alertan de que la extensión del principio de ordinalidad perjudicaría especialmente a Canarias por su menor capacidad recaudatoria por habitante y subrayan una línea roja compartida: el Régimen Económico y Fiscal (REF) debe mantenerse fuera del sistema de financiación para preservar su función compensatoria de la lejanía e insularidad.

Los números no cuadran para las Islas

El economista y asesor fiscal Orlando Luján analiza con cautela, pero con una visión crítica, las repercusiones para Canarias del nuevo acuerdo. Tras un primer examen de las cifras, Luján advierte que, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia un incremento de casi 21.000 millones de euros para el sistema, el reparto propuesto para el Archipiélago no resulta equitativo en términos poblacionales.

Según el experto, existe una «matemática básica» que no favorece a las islas: de los 20.975 millones de euros de recursos autonómicos adicionales, a Canarias le corresponderán 611 millones, cifra que no alcanza el 3% del total, cuando la población de las Islas supone casi un 5%, de forma que los isleños solo recibirían unos 270 euros por habitante de estos recursos, mientras que el promedio por habitante que se repartiría a las comunidades es de unos 455 euros. Para Luján, si este proyecto sale adelante así, los canarios solo obtendrían un 60% de lo que percibiría adicionalmente la media del resto de comunidades.

Incremento de los recursos en 2027 respecto al modelo vigente

Mapa coroplético

Más dinero para otras comunidades

A título de ejemplo, indica el experto fiscal, comunidades con más riqueza por habitante como Cataluña recibirían 577 euros, Valencia 749 euros, Baleares 330 euros y otras como Andalucía 559 euros. Es decir, cada canario percibiría 185 euros menos que la media nacional, pero la brecha es aún más evidente si se compara con estas comunidades más favorecidas por el reparto: 307 euros menos que en Cataluña, 479 euros menos que en la Comunitat Valenciana y 289 euros menos que en Andalucía, mientras que incluso Baleares –con cifras más moderadas– quedaría 60 euros por encima de lo que recibiría Canarias. Por tanto, «parece que se puede afirmar que el reparto de estos recursos adicionales sobre el vigente sistema de financiación autonómico no beneficia a Canarias», expone Orlando Luján.

La ‘cuenta de la vieja’ de la financiación

José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias y de la consultora Corporación 5, plantea lo que denomina «la cuenta de la vieja». Según explica, para inyectar los 21.000 millones de euros que el Gobierno central ha anunciado para el sistema de financiación autonómica, el Estado tendrá que endeudarse o subir impuestos por un valor equivalente a unos 450 euros por cada español.

Sin embargo, los 611 millones asignados a Canarias se traducen en 270 euros por habitante. En palabras del propio Francisco, en términos netos «a cada canario le dan 270, pero le quitan 450». Se queda con 180 euros menos de lo que aporta, lo que deja al Archipiélago en una posición desfavorable. Francisco califica este acuerdo con Cataluña de financiación autonómica como una propuesta «inadecuada en la forma e inconveniente en el fondo», alertando de que el modelo pone en riesgo la cohesión territorial y la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos básicos, pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el pasado viernes en la presentación del nuevo sistema de financiación que ninguna comunidad autónoma perderá recursos, que este está diseñado para aumentar los fondos disponibles y reducir las diferencias entre territorios.

La ordinalidad, el mayor riesgo para Canarias

Francisco pone el foco en un peligro adicional: el principio de ordinalidad. Los expertos advierten que, si este principio se generalizara al resto de las comunidades autónomas como se ha prometido a Cataluña, Canarias sería la región más perjudicada de toda España. Esto se debe a que el Archipiélago es el territorio con menores ingresos tributarios por habitante, por lo que un sistema basado en la ordinalidad sería «terrible para las finanzas autonómicas» y reduciría drásticamente lo que las islas recibirían.

«A cada canario le dan 270, pero le quitan 450»

Orlando Luján

— Economista y asesor fiscal

José Carlos Francisco aclara que no se trata de un simple acuerdo parcial entre gobiernos, sino de un cambio de «profundo calado» en la Ley de Financiación Autonómica. El experto se muestra muy escéptico sobre su éxito parlamentario. «Yo pienso que en el Congreso esto no lo van a aprobar», sentencia. Este sistema se debatirá el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades.

José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), coincide con los otros analistas en que una aplicación del criterio de población ajustada produce una disminución de lo que realmente le correspondería percibir a Canarias. Rivero Ceballos ve incomprensible, además, la reducción de la ponderación de la variable de insularidad, que cae del 0,6 al 0,5 en el nuevo modelo. Para el economista, por lo menos, el hecho de que el Ministerio no haya mencionado el REF en su propuesta permite dar por sentado que esta «raya roja» se mantiene intacta, lo cual es vital para la compensación de la ultraperiferia.

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