¿Qué preocupa a los docentes? La privatización de la enseñanza entre las causas del malestar de los profesores de Canarias

Dos de cada tres docentes de Canarias considera que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública, frente a la privatización de la enseñanza. En concreto, el 66,09% de los profesores de las Islas que han sido encuestados por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STEs) muestra su preocupación por la privatización de la educación, frente al 75,66% de la media nacional. En todo el territorio nacional, los docentes de Madrid, País Vasco y Andalucía son los más críticos con las administraciones públicas. No en vano, el estudio estatal Causas del estado de malestar docente alerta de que la matrícula pública en España se ha reducido al 68% en los últimos años e insiste en que la enseñanza privada «garantiza la segregación y la desigualdad» pero, sobre todo, «destruye puestos de trabajo docentes». «Corremos el riesgo de convertir el saber en una mercancía, lo que puede provocar el colapso de la enseñanza pública, ya que existen estrategias de privatización que buscan ánimo de lucro en el sector», concluye STEs.

Este estudio estatal refleja la realidad de todo el territorio, sin embargo, Canarias es la comunidad autónoma con mayor peso en este informe, puesto que los 1.610 encuestados canarios suponen el 12,18% de los participantes, el porcentaje más alto de todas las regiones. En total, fueron encuestados 13.213 docentes, de los que menos del 57% calificaron su trabajo como «digno y adecuado»; el 52,73% en el caso de Canarias. El estudio explica este descontento como «consecuencia directa del deterioro que abarca todas las dimensiones de la labor educativa».

Falta de dignidad

Precisamente, STEs considera que la falta de dignidad laboral «nace de una ofensiva privatizadora que relega a la escuela pública a un papel subsidiario y que fomenta la segregación». En este sentido, el representante de STEC-IC en Canarias, Gerardo Rodríguez, lamenta que, en las Islas, la financiación de la escuela pública no llega al 5%, «pero sí hay financiación para la concertada». Habla de que la escuela concertada desempeñó «un papel importante en un momento determinado», cuando el Estado no era capaz de ofrecer una educación universal a todo el alumnado y, para lograrlo, fue necesario contar con los servicios de los centros concertados con financiación pública. El docente canario va más allá al sentenciar que «los conciertos no deberían de existir porque, tal y como están establecidos hoy en día, compiten con la propia escuela pública».

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, coincide al afirmar que «percibimos que la educación, en particular la educación pública, no es una verdadera prioridad para las administraciones» y añade que esta percepción de desconfianza «refleja una insatisfacción con las respuestas políticas hasta ahora dadas, especialmente en lo referente a la defensa y potenciación de la escuela pública y sus profesionales como garantes de una educación igualitaria y de calidad».

Financiación

Aparejada a la apuesta de la administración pública por la enseñanza universal aparece, además, la financiación de los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Así, prácticamente el 79% (muy similar al 76% de la media nacional) de los docentes canarios considera que no cuenta con los medios necesarios para desempañar su trabajo. En este sentido STEs alerta que «el progreso educativo exige un cambio sustancial» y España continúa por debajo de la media de la OCDE en cuanto a la financiación educativa. La Confederación de Sindicatos exige, de este modo, alcanzar el 7% del PIB en los presupuestos «para compensar el déficit histórico y hacer creíble la apuesta por la pública», que es «el pilar sobre el que se deben construir los principios de igualdad de oportunidades y cohesión social».

Esta financiación precaria actual priva a los centros de recursos materiales y humanos imprescindibles para garantizar la equidad y la calidad. Gerardo Rodríguez hace suyas las demandas de los docentes al afirmar que «la escuela está infrafinanciada» y eso se ve reflejado en la antigüedad de muchas de las infraestructuras canarias. «No existen centros de nueva creación porque no hay financiación suficiente para la escuela pública», resume el portavoz del STEC-IC. Por su parte, ANPE Canarias insta a los gobiernos estatal y autonómico «a escuchar con atención las demandas del profesorado» entre las que destaca una inversión educativa que alcance al menos el 5 % del PIB, como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Por otro lado, también reclaman un estatuto de la función pública docente que regule, incentive y dignifique la profesión, la mejora de las condiciones laborales y dé mayor estabilidad en el empleo.

Burocracia

Según este estudio estatal, el profesorado español se siente sepultado por la burocracia. Tanto en Canarias como en el resto del territorio nacional, más del 95,7% de los encuestados considera que la burocracia resta tiempo a su labor principal. La mejora de la calidad educativa pasa por devolver al profesorado el tiempo y el espacio necesarios para enseñar, preparar las clases, coordinarse con el resto de compañeros, hacer buenas tutorías y atender mejor a su alumnado, indica el estudio, quien hace hincapié en que las aulas son cada vez «más diversas y complejas».

Es por ello que Gerardo Rodríguez expresa que «la profesión docente requiere de un reconocimiento, una nueva dimensión, que no veo que se le esté dando desde las administraciones públicas, en este caso la Consejería de Educación» y añade que el malestar del profesorado se debe, fundamentalmente, a la falta de financiación que también imposibilita la contratación de nuevos docentes. «Llegará el momento en que la profesión se quede vacía, y por eso en Canarias ahora mismo hay muchas listas abiertas», aventura el portavoz de STEC-IC, quien se alinea así con la opinión del estudio estatal, que concluye que la falta de reconocimiento se materializa, además, en el bolsillo de los docentes y en la pérdida de poder adquisitivo. «Todo ello nos aboca a la gran dimisión», tal y como ha venido a llamarlo la Unesco, que recuerda que la tasa de abandono en la profesión se ha duplicado en los últimos años.

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