El TSJC obliga a la Administración a hilar fino si quiere delegar en Gesplan

Las administraciones públicas que quieran asignar tareas a la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) tendrán que hilar muy fino para que estos autoencargos no acaben considerándose como algo irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha reafirmado en su postura respecto a dos encargos que los ayuntamientos de Arafo y Candelaria realizaron a la empresa pública para modificar y redactar sus planes generales de ordenación. A través de dos sentencias firmes, la sala anula la adjudicación directa a Gesplan de estas tareas, por no estar suficientemente fundamentado que recurrir a este medio público era más eficaz que realizar un concurso público al que pudieran concurrir empresas privadas.

Este tipo de adjudicaciones directas o encomiendas a organismos incluidos dentro del sector público –como es el caso de Gesplan pero también de otras sociedades– llevan años en el punto de mira del sector privado. ¿El motivo? Empresas y colegios profesionales cuestionan que recurrir a este modelo de manera injustificada acaba hurtando la posibilidad de concurrir o pujar para hacerse con un contrato público, sisando parte del trabajo al que podrían optar. Y es que aunque no es irregular el hecho de que desde la Administración se recurra a medios de la propia Administración para ejecutar un proyecto, la normativa sí estipula que deben estar justificados por razones de eficacia o carencia de medios técnicos y materiales, que no puedan ser sustituidos por un procedimiento de contratación pública.

Y, precisamente, ha sido esa falta de justificación lo que ha acabado por anular los encargos en Candelaria y Arafo, que fueron denunciados por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Porque aunque la sentencia declara que el encargo a Gesplan sí es conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y al régimen del medio propio –es decir que la empresa pública de ámbito regional pueda considerarse parte del conglomerado municipal, algo que se había cuestionado en las demandas– no se cumple la exigencia adicional de la normativa autonómica de una justificación más concienzuda.

Guzmán Abreu, abogado de Gesplan en los procedimientos iniciados por las demandas del Colegio de Arquitectos, explica que si bien el TSJC ha dado la razón al colegio profesional en estas dos sentencias, en otras dos anteriores no fue así, respaldando los encargos a Gesplan hechos por los ayuntamientos de Puerto de la Cruz y Adeje para la redacción del Plan Especial, en el caso del primero, y de su Plan General de Ordenación, en el segundo. El resquicio legal que ha blandido el TSJC para declarar la nulidad en los encargos de Candelaria y Arafo es esa justificación reforzada que se hace necesaria al amparo del artículo 15.2 de la Ley del Suelo. Un artículo que estipula que las sociedades mercantiles de capital público –como Gesplan– no podrán proceder directamente a la redacción de instrumentos de ordenación «salvo cuando quede acreditado que sea una opción más eficiente que la contratación pública». De manera que cada ayuntamiento que le quiera encargar a Gesplan la redacción de un PGO tiene que justificar que resulta más idóneo que la contratación externa.

En opinión del letrado uno de los aspectos más importantes de estos procedimientos es que no se haya invalidado la declaración de Gesplan como medio propio de los ayuntamientos y, por consiguiente, ha quedado constatado que «que es legal que lo designen y le hagan encargos». Eso sí, las corporaciones tendrán que ser especialmente minuciosas con los argumentos que utilicen para justificar por qué recurren a ella y no realizan un concurso público. Gesplan es una empresa pública de ámbito regional creada en 1991 con el objetivo de realizar estudios urbanísticos y de planeamiento para prestar apoyo a aquellas administraciones que no tuvieran el músculo suficiente para realizarlo por ellas mismas. Ahora, con más de 2.000 trabajadores y una facturación anual de 80 millones de euros –que este año aspira a duplicar– se ha convertido en un auténtico gigante empresarial que también realiza tareas de formación, trabajos forestales, obras vinculadas a la agricultura o ganadería y que se encargará también de tareas vinculadas al bienestar animal o asumirá la gestión de los dispositivos de emergencia. Es también medio propio de casi todos los 88 ayuntamientos de Canarias mediante una participación simbólica en su capital social. Lo que ha favorecido el incremento de este tipo de autoencargos.

Las dos sentencias del TSJC son firmes, pero en el caso de Arafo se está a la espera de que la sala resuelva una nulidad de actuaciones presentada por Gesplan. Ambas corporaciones municipales están a la espera de estudiar en profundidad de la sentencia para decidir cómo proceder. Aunque el alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, aseguró que si no existe otra vía de actuación tendrán que sacarse a licitación tanto la modificación menor para el encaje de la circunvalación del colegio Andrés Orozco como el inicio del plan general. Pero al mismo tiempo lamentó que sacar a concurso estos proyectos supondrá retrasos. «Se tarda, porque el proceso licitador tiene sus tiempos y todo se retrasa, pero si es lo que hay que hacer y lo haremos», afirmó.

Para el Colegio de Arquitectos estas resoluciones judiciales «marcan un antes y un después» en la contratación de los servicios urbanísticos en Canarias, al exigirse que cualquier excepción al procedimiento competitivo esté respaldada por informes técnicos y económicos, y descartar la adjudicación directa como proceso automático. Un procedimiento que desde el colegio profesional llevan tiempo denunciando al considerar que impide a los profesionales acceder a contrataciones públicas, eliminando la concurrencia competitiva. El temor es que se acabe creando un monopolio del sector público que termine estrangulando más y más al privado, con el consiguiente perjuicio a los ciudadanos.

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