El 80% de entidades de Canarias ‘pasa’ de rendir las cuentas de su entramado

Las entidades locales de Canarias —cabildos y ayuntamientos— registran el nivel más bajo de cumplimiento de la rendición de cuentas consolidadas de entre todas las comunidades autónomas. Un 80 % de las instituciones insulares y municipales obligadas a presentar esta información —los siete cabildos y los nueve ayuntamientos de las localidades de más de 50.000 habitantes— incumplió este precepto legal. Y no se trata de un asunto menor, ya que los presupuestos consolidados son aquellos que integran los estados financieros de todo el entramado dependiente de la institución pública.

Es decir, los de la institución propiamente dicha —el cabildo o consistorio— y los de todo su entramado de empresas y entes dependientes de todo tipo, tamaño y función. Por eso es una información clave para la labor de fiscalización que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas (TCu), que en su último informe al respecto, con datos de los ejercicios de 2022 y 2023 —es habitual que los órganos fiscalizadores publiquen sus análisis e investigaciones con varios años de ‘retraso’—, da un fuerte tirón de orejas a la Administración local del Archipiélago.

El informe, aprobado por el pleno del TCu el 18 de diciembre, analiza por primera vez el grado de cumplimiento de la obligación de elaborar y rendir cuentas anuales consolidadas, una obligación que está en vigor desde 2022 para los municipios de más de 50.000 habitantes y las entidades supramunicipales, de ahí que entren todos los cabildos insulares aunque ni La Gomera ni El Hierro lleguen a esa cifra de ciudadanos.

Pues bien, la de Canarias aparece como la Administración local con mayores dificultades para cumplir esta ‘nueva’ exigencia legal.

En concreto, las entidades locales isleñas obligadas a formular y rendir cuentas consolidadas son, al margen de los siete cabildos, los ayuntamientos de Adeje, Arona, Granadilla, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, en la provincia tinerfeña, y los de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Telde, en la provincia de Las Palmas.

El caso, siempre de acuerdo con la fiscalización del TCu, es que ninguno de los cabildos insulares cumplió con la obligación de rendir sus cuentas consolidadas en tiempo y forma, y el grado de cumplimiento entre los ayuntamientos obligados fue igualmente muy reducido, hasta situar a Canarias en solo un 21 % de remisión del presupuesto consolidado en 2023 —el último ejercicio fiscalizado—, el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas.

De hecho, resulta más sencillo nombrar a las tres entidades locales cumplidoras, los consistorios tinerfeño de Arona y grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Telde, que a las restantes que no lo hicieron.

Reprimenda

El informe es especialmente crítico, eso sí, con los cabildos insulares, cuya actuación califica de «excepción negativa» en el conjunto nacional. «De los siete cabildos, ninguno presentó las cuentas consolidadas. La situación de los cabildos constituye una excepción negativa respecto a la evolución observada en el resto de tipos de entidades locales», precisan los auditores del TCu.

Además, alertan sobre la trascendencia de que instituciones tan grandes como las insulares incumplan esta obligación: «Dada la relevancia institucional y organizativa de estas entidades, el número significativo de entes dependientes que integran y los recursos públicos que gestionan, la falta de rendición de sus cuentas consolidadas, además de ser un incumplimiento normativo, reviste una especial trascendencia que limita la transparencia de su gestión».

Mientras que la Administración local de Canarias cerró 2023 con un nivel de cumplimiento del 21 % en la rendición del presupuesto consolidado, comunidades como Cataluña, Galicia, Madrid o Baleares superaron el 70 % y en algunos casos incluso cumplieron todas las instituciones, como en Cantabria o Asturias.

A nivel estatal, el Tribunal de Cuentas constata una mejora generalizada entre 2022 y 2023, con un incremento del 28 % en el número de entidades que rindieron cuentas consolidadas. «Destaca que, en 2023, las entidades locales de Canarias registraron un porcentaje de remisión de cuentas consolidadas muy reducido, el 21 %», reza el informe.

El TCu avisa que la consolidación contable no es un trámite formal, sino un instrumento «esencial para garantizar la transparencia» y el control del sector público local. En el caso de Canarias, el bajo nivel de cumplimiento pone de manifiesto la necesidad de reforzar los medios técnicos y organizativos, especialmente en los cabildos.