Sector público autonómico
La tensión interna y las dimisiones complican los cambios en el 112
Vicky Palma renuncia siete meses después de entrar en el Cecoes por falta de proyecto y liderazgo y critica a la dirección de la empresa

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, interviene en el pleno del Parlamento. / LP/DLP
En mayo de 2025, la Consejería de Política Territorial, de quien depende la Dirección General de Emergencias, lanzó la nueva unidad de análisis de riesgos y planificación operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. El Ejecutivo puso al frente de la misma a quien hasta entonces estaba a cargo de la información meteorológica de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), Vicky Palma, con el fin de coordinar a un equipo de 24 técnicos para prestar apoyo y asistencia en la gestión de emergencias y de protección civil. El pasado 31 de diciembre, Palma renunció a su puesto decepcionada ante «la ausencia de proyecto y de liderazgo», según refleja en una carta que envió al personal del 112. Desde principios de enero, la experta en meteorología ha vuelto a su trabajo en el medio autonómico.
La unidad que dirigía Palma pretende ser el germen de la futura Agencia Canaria de Emergencias, un nuevo organismo impulsado desde Política Territorial desgajando el Cecoes 112 de la empresa pública GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias) para pasarlo transitoriamente a Gesplan, hasta que se constituya la nueva entidad pública que aglutinará todos los servicios destinados a las emergencias y la protección civil.
En la carta de despedida al personal, Palma admite que su experiencia en el Cecoes «ha resultado de lo más decepcionante», después de la oportunidad que se le ofreció para trabajar en la empresa pública. «No pensé que las cosas dentro del Cecoes 112 estuvieran tan mal, y lo siento por su personal. La ausencia de proyecto y de liderazgo es evidente en un momento en que es absolutamente necesario, dado el desafío que supone cambiar de empresa pública y la posible creación de la Agencia Canaria de Emergencias», escribió.
Falta de confianza
La meteoróloga se queja de la «manifiesta falta de confianza y de asignación de trabajo» por parte de la dirección del 112: «La falta de confianza surge principalmente por tener criterio propio, por atender los requerimientos de atención a medios de comunicación y por tener ‘amistades’ que no gustan a la dirección técnica», concluye Palma en su misiva de despedida.
La situación interna en la empresa pública GSC y en el Cecoes está cada vez más enrarecida y tensa después de varios meses de huelga, falta de personal y trabajo al límite, con peticiones de dimisión a la dirección del 112 y críticas de las salas de las dos provincias, gestores de recursos, gestores operativos y coordinadores multisectoriales. La decisión por parte de la consejería que dirige Manuel Miranda de separar el centro de seguridad y emergencias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) no ha hecho sino crispar aún más los ánimos. De hecho se ha pospuesto la fecha de integración del personal en Gesplan, que estaba prevista para el 1 de enero, y los comités de empresa de GSC han exigido explicaciones a la gerencia de la sociedad mercantil ante las informaciones de que el traslado se producirá en febrero sin que se haya informado a la plantilla afectada, alrededor de un centenar de trabajadores.
Los comités de empresa denuncian que en 2025 se dejaron sin cubrir puestos de médicos y enfermeros en las salas operativas, entre otros. En este sentido, recuerdan que el conflicto colectivo presentado el pasado año no solo se debió a la intención de dividir la empresa GSC, sino porque el actual Gobierno no ha cumplido el acuerdo al que se llegó con el anterior Ejecutivo y que también supuso una huelga en la pasada legislatura.
Asimismo, las organizaciones sindicales advierten que la reorganización que se está planteando de las emergencias no está tomando en cuenta a los cuerpos policiales, sobre todo la policía autonómica y las policías locales. Los comités dudan de que la Dirección General de Seguridad esté al tanto de los cambios y de cómo afectan al ámbito de la seguridad pública.
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