Una lluvia de millones lleva la licitación a pública a cifras récord en Canarias

La lluvia de millones que han puesto sobre la mesa las administraciones para sacar adelante concursos de obra pública ha llevado el volumen de las licitaciones a su récord histórico en Canarias. Gobiernos y entidades locales han destinado más dinero que nunca para intentar sacar adelante proyectos que hagan realidad nuevas carreteras, centros de salud, oficinas públicas o redes de alcantarillado. En total, a lo largo de 2025 el montante alcanzado por los concursos que han impulsado los organismos públicos ascendió hasta los 1.845 millones de euros. No es una cifra cualquiera, aunque el gran volumen de inversión pública queda algo empañado por el auge de los contratos que quedan desiertos. Aun así, esos 1.845 millones no solo son un 63% más que la cantidad registrada en el año 2024, –que también fue un ejercicio bastante prolífico en lo que a licitaciones se refiere–, sino que está 32 millones por encima de la cifra licitada en el anterior año que ostentaba el récord histórico. Y hay que retroceder 20 años, ya que el anterior máximo se produjo en 2006, un momento en el que la economía canaria y española estaba en plena efervescencia por el boom del ladrillo, que tenía a rebosar las arcas de las administraciones.

2025 ha destronado a 2006. Y varias son las razones que han llevado a que el volumen de la licitación pública haya alcanzado cotas que pueden compararse con las de entonces. Por un lado, vivimos de nuevo un momento de bonanza económica, en el que, no hay que olvidarlo, las haciendas públicas están ingresando más dinero que nunca en forma de impuestos. Pero no solo eso, la crisis inflacionista que se ha vivido en los últimos años también ha ocasionado que gobiernos, ayuntamientos y cabildos tengan que destinar más dinero que hace unos años para sacar a concurso obras que antes costaban mucho menos. Todo se ha encarecido, desde los materiales hasta la mano de obra, una espiral de subida de precio que ha provocado un incremento en el volumen total de las licitaciones.

Y a esto hay que añadir un tercer factor que obedece puramente a cuestiones de calendario. El año pasado fue el ecuador de la legislatura, un momento propicio para licitar las obras de mayor calado, las que tardarán más tiempo en ejecutarse. ¿El objetivo? Que puedan estar listas antes de que los ciudadanos tengan que pasar de nuevo por las urnas en 2027 y alcaldes, presidentes, consejeros y concejales puedan sacar rédito político de estas actuaciones.

Sin embargo, conviene recordar que las licitaciones no se traducen de forma inmediata en obras en las calles de pueblos y ciudades. El procedimiento, en muchos casos, es largo. E incluso algunos proyectos, cada vez más, tendrán unos plazos mucho más extensos porque no tendrán quien los construya. Porque de nada sirve que el ritmo inversor de la administración pública vaya más acelerado que nunca si, al mismo tiempo, el número de contratos que se declaran desiertos, –es decir, que no han recibido ninguna oferta por parte de empresas interesadas en llevar a cabo la obra– no paran de crecer.

En 2025, el año con el mayor volumen licitador de la historia, 242 contratos se declararon desiertos, con un valor de 190 millones de euros. O lo que es lo mismo, un 10% del total de inversión pública que sale a licitación no es del interés de ninguna empresa. Las razones son varias, pero la principal que esgrimen las patronales sectoriales es que, en muchas ocasiones, los contratos públicos son ofertados con precios totalmente fuera de mercado, por lo que no es rentable hacerse cargo del proyecto.

Si se pone la lupa sobre las estadísticas de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) puede comprobarse como son los cabildos y ayuntamientos las administraciones que están tirando del carro de la licitación en Canarias. Las entidades locales ofertaron en 2025 contratos por valor de 1.102 millones de euros, un 51% más que en 2024.

Pero si los municipios y las corporaciones insulares son las que han puesto más dinero en el engranaje de la contratación pública, el Gobierno de Canarias es la administración que más ha incrementado su volumen licitador en 2025, triplicando sus datos de 2024. El año pasado sacó a concurso contratos por valor de 554 millones de euros. El Ejecutivo central es el que ha estado más rezagado y el único que ha reducido sus cifras. Ha licitado 186 millones de euros, un 19% menos que el año anterior.

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