El retraso en las becas de apoyo educativo pone en jaque a las familias: "Mi hija es un expediente más"

El bolsillo del canario promedio no pasa por su mejor momento. En todo el territorio nacional, la tendencia ascendente del coste de la vida parece lejos de alcanzar su techo: entre vivienda, suministros, alimentación y transporte cada vez es más difícil ahorrar o, directamente, llegar a fin de mes. En el caso de las familias de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la tarea se torna titánica, por lo que la ayuda financiera que reciben por parte de las instituciones conforma un pilar fundamental de la planificación familiar con el que, este año, parecen no poder contar.

Las becas NEAE (Necesidad Específica de Apoyo Educativo), dirigidas a este tipo de alumnado, sufren un retraso de tres meses que está imposibilitando a los padres de los menores facilitarles todas las atenciones que requieren en su día a día. En años anteriores, las cuantías eran retribuidas a finales de noviembre o, en el caso de no llegar a tiempo, principios de diciembre. Sin embargo, estamos en febrero y, según reclaman los afectados, ya no es sólo que no les hayan ingresado el dinero, es que, directamente, no saben si se las han aceptado o denegado. Esto ha generado una situación de incertidumbre que deriva, por un lado, en la imposibilidad de continuar con los especialistas que requieren los jóvenes y, por otro, dificulta a los progenitores buscar soluciones como, por ejemplo, fiar las sesiones comunicando un plazo estimado en el que recibirán la beca.

Causas

Las causas de esta situación son como un espejismo. Por un lado, desde asociaciones como Aspercan afirman que está relacionado con un cambio en el procedimiento de la solicitud, donde, en un intento por sintetizar la cantidad de documentación requerida, ha acabado por generar desconcierto en los padres sobre qué anexos enviar y un «cuello de botella» a la hora de recibir las subsanaciones de la documentación requerida.

Por otro lado, varios padres afectados comparten la versión: el gobierno autonómico habría olvidado incorporar a su partida presupuestaria los 800.000 euros correspondientes a las becas NEAE -junto a otras ayudas-, error que habrían solventado mediante una enmienda de la que, a día de hoy, no han recibido noticias de su estado de aprobación. Esto fue denunciado ya en el Parlamento por Nueva Canarias en noviembre.

Padre afectado

Lo confirmado a ciencia cierta es que pasan los días y las cuantías siguen sin llegar. Jonathan Díaz es padre de una adolescente de 16 años con parálisis cerebral, escolarizada en un centro especializado de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, donde cuenta con terapias y clases adaptadas. Sin embargo, su condición requiere de tres sesiones por semana de tratamientos adicionales fuera del horario escolar, como fisioterapeutas para ayudarla a expulsar flemas para poder respirar o sesiones extra de psicopedagogía y logopedia para, entre otras cosas, reforzar la musculatura facial para evitar el babeo o permitirle tragar.

Todo esto supone al presupuesto familiar unos 8.040 euros anuales -o 670 mensuales-, una cifra que dificulta la ya de por sí difícil tarea de llegar a fin de mes, obligando a la familia a cancelar sesiones por la imposibilidad de asumirlas. «Es como avanzar para atrás seis meses: este tipo de niños requiere de atención constante porque no retienen, necesitan ese apoyo continuo para tener calidad de vida», explica.

Desde el Ministerio traspasan las competencias en materia de gestión y recogida de documentación a las comunidades autónomas; en el caso de Canarias, las Unidades de Becas de las universidades públicas son las encargadas de asumirlas, diferenciando entre provincias. Díaz cuenta que, en las cuatro ocasiones que ha acudido en busca de explicaciones, no han sido capaces de darle respuesta: «La incertidumbre es total y nos imposibilitan actuar. Estamos haciendo malabares, pero no podemos estirar más la cuerda». «Para ellos, mi hija es un expediente más, pero yo dependo de esta ayuda para poder darle la calidad de vida a la que tiene derecho», añade el padre.

Cuestionada, la Consejería de Educación explica que estas becas corresponden al Ministerio de Educación y reconoce que el organismo insular actúa como intermediario. Fuentes del Área especifican que disponen hasta el 20 de marzo para tramitarlas en su totalidad y que, además, el porcentaje de solicitudes gestionadas es «superior al de otros años».

Pero lo cierto es que la partida para las NEAE no llega a los bolsillos de los afectados. Díaz presentó la solicitud el 4 de septiembre, hace medio año, y que en años anteriores recibía la beca, a más tardar, la primera semana de diciembre. El progenitor ha puesto el foco en la problemática que se puede ocasionar con la ayuda del año que viene, donde se puede producir, por un lado, un «efecto bola de nieve» en el que se retrasen los plazos por los problemas de este año y, por otro, recibir una menor cuantía al no poder entregar el mismo número de facturas al tener que cancelar sesiones. Díaz, aunque pone la pelota en el tejado del Ministerio, considera oportuno que el ciudadano exija responsabilidades a sus instituciones gubernamentales, por lo que pide al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, que trabaje en resolver esta situación.

Logopedas

Otra de las familias afectadas es la de Naira Ramos, tesorera de la asociación Amararte y madre de un niño de 8 años con el síndrome de Prader-Willi: una afección genética poco frecuente que deriva en problemas físicos, mentales y conductuales.

El joven, becado desde los 3 años, siempre había recibido la ayuda en noviembre, a excepción de esta convocatoria. Ramos alega que en el colegio sólo recibe media hora a la semana de logopedia, algo totalmente insuficiente para un niño de sus características, por lo que requiere de sesiones adicionales que corren por la cuenta del bolsillo que sostiene su familia numerosa monoparental. «Primero es el niño y luego lo demás, pero hay padres que no pueden permitirse asistir a estos especialistas sin ayuda, algo que supone un retraso tremendo para el niño», comenta.

Ramos coincide, al igual que Díaz, en que las causas están relacionadas con el retraso de las ayudas tienen que ver con el olvido presupuestario. En ese sentido, reclama que se trata de un tema muy importante como para no tenerlo presente, en una sociedad en la que la discapacidad está en auge: «Es una realidad continua y diaria en la vida de muchas familias».

Igualmente, enfatiza que el problema no reside únicamente en las ayudas, sino que es necesario aumentar la cantidad de auxiliar educativo que hay en los centros para los alumnos con necesidades especiales, y que no vale la excusa de «que no llega porque no hay dinero».

Versión de la Consejería

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, según declaraciones realizadas a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, defienden que desde las Direcciones Territoriales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se han tramitado el 98% y el 88% de las solicitudes de becas NEAE del Ministerio de Educación. Estos porcentajes, explican, son elevados en comparación con años anteriores, considerando que el plazo para tramitarlas en su totalidad es hasta el 20 de marzo. Según la versión del área de Poli Suárez, desde el Ministerio les han trasladado que la «intención» es cerrar la convocatoria en abril.

En la Consejería –cuentan– se han reforzado los recursos humanos para agilizar la tramitación de las ayudas, y la previsión es que estén tramitadas en su totalidad antes del plazo establecido desde el Gobierno central.

«Lo que tarde el Ministerio en pagar ya no es cosa nuestra: la Consejería de Educación es un mero mediador», aseguran. Finalmente, respecto a los 800.000 euros «olvidados» en los que puso el foco la diputada Carmen Hernández, explican que «están mezclando cosas y no tiene que ver una con la otra».

«Esa cuantía no corresponde a las becas NEAE sino a las ayudas complementarias para el alumnado TDAH –dicen–, que sí son dependientes de la institución canaria, para cubrir a todas aquellas personas que no puedan acceder a la primera». «El dinero correspondiente al año 2026 está incluido en los presupuestos sin incidencia alguna», sentencian. Mientras, decenas de familias aguardan para sus hijos una ayuda sin tener ni una explicación de la tardanza.

Pasos atrás en el progreso

Las repercusiones en la vida de los afectados no van de, simplemente, pausar el proceso educativo hasta que se resuelva la situación. La continuidad es una parte fundamental del proceso, dice la logopeda Rita Vera. La intermitencia en las sesiones deriva en que el niño no sólo deje de avanzar, sino que, además, retroceda. Se trata de alumnado que no tiene, en general, capacidad para gestionar situaciones típicas del aula, la comunicación en general e, incluso, las propias emociones que este retraso en las ayudas generan.

La logopeda expone que, en su centro en Gran Canaria, algunos padres consiguen, con mucho esfuerzo, remover cielo y tierra para que su hijo pueda continuar con el proceso, pero que muchos otros se ven entre la espada y la pared, obligados a cancelar sesiones para poder llegar a fin de mes. «Esta situación afecta un sector de la población muy vulnerable. Estas actividades no son un lujo: son una necesidad importante para la calidad de vida de los alumnos y, en definitiva, un derecho que se les está negando», sentencia Vera.

Las repercusiones no son las mismas para todos los casos, pues el alumnado con necesidades especiales engloba un rango muy amplio y diverso de condiciones. María del Mar Álvarez, gerente de la Asociación Aspercan, comenta que, además de la situación concreta que tenga cada estudiante, importa mucho el curso en el que se encuentre. Por ejemplo, un alumno que pasa al primer curso de Primaria requerirá de ayuda para ser capaz de organizarse con las responsabilidades añadidas propia de esa etapa de la educación, en la que empiezan a recibir deberes para hacer en casa.

También añade que no se trata únicamente de una cuestión educativa, sino también social. El apoyo psicopedagógico es clave para que los alumnos puedan integrarse en el grupo. En el caso del alumnado con autismo tipo I, necesitan de esas sesiones para ser capaces de gestionar y comprender los distintos contextos a los que se enfrentan en su día a día, así como para interpretar las cuestiones relativas a la socialización o ser capaces de gestionar las emociones que sientan.

Para el estudiante que, por esta situación, se ve obligado a cancelar sus sesiones al no disponer de capacidad adquisitiva, coincide con la logopeda Vera al afirmar que es «un retroceso tremendo que genera que los chicos y chicas tengan que volver para atrás», perdiendo todo el trabajo conseguido a través de las distintas sesiones en las que han participado a lo largo de las semanas.

Becas mejorables

Álvarez comenta que, además del sacrificio económico que supone este retraso en el ingreso de las cuantías, existen varias problemáticas inherentes a la forma en la que se han construido estas ayudas. Por un lado, la gerente argumenta el monto total de las becas sigue siendo el mismo que en otros años pero que, a su vez, el nivel de vida no ha parado de crecer. En este sentido, considera que debe revisarse para, realmente, adaptarse a los cambios en el bolsillo del solicitante: «Si antes ya era ajustado y no permitía a los padres sufragar el coste total de lo que necesitan los alumnos, hoy en día es aún peor», comenta.

Por otro lado, Álvarez considera injusto que la ayuda se apruebe o se deniegue atendiendo a las rentas de las familias, debido a que el gasto es el mismo y se trata de un soporte que es necesario para que el beneficiado pueda vivir una vida que sea digna y en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. La solicitud actualmente, continúa, sólo tiene en cuenta los ingresos pero no los gastos, por lo que no implica que esa familia tenga más facilidades que el resto. «Considero que la cuantía debería ser una cifra que se ajustara en función de la renta de cada familia, y que no se trate de una cuestión de si te lo damos o no te lo damos», concluye.

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