Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando nueve barcos italianos en Canarias pusieron a Franco frente a Londres en la Segunda Guerra Mundial

El intento de retener los mercantes italianos refugiados en las Islas acabó en una negociación marcada por el bloqueo británico y el embargo de petróleo.

Puerto de Las Palmas en la década de 1930.

Puerto de Las Palmas en la década de 1930. / Fedac

Héctor Rosales

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

Cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, buena parte de su flota mercante se encontraba en puertos extranjeros, algunos incluso en los de potencias enemigas como el Reino Unido. En España había 32 mercantes italianos. Aquella circunstancia, aparentemente provisional, puso a prueba los límites de la neutralidad española y abrió una negociación larga y tensa en la que terminaron interviniendo las potencias aliadas.

Más de la mitad de los buques italianos refugiados en España se concentraron en Canarias. En sus puertos quedaron diez cargueros y siete petroleros. Nueve de ellos intentaron regresar a la Europa controlada por el Eje. En los preparativos de esos intentos fallidos de burlar el control británico —que dominaba las rutas atlánticas y la entrada al Mediterráneo gracias a Gibraltar— colaboró también la Armada española, una ayuda difícilmente compatible con la condición de no beligerante que el régimen había adoptado.

Lo que ocurrió después con esas embarcaciones y el alcance que tuvo el asunto en la política exterior española es el objeto de una investigación del historiador Juan José Díaz Benítez, publicada este año en el Anuario de Estudios Atlánticos. Su trabajo permite seguir el recorrido de esos buques y el conflicto diplomático que acabaron generando.

Las primeras negociaciones

En 1942, con Mussolini cada vez más presionado por la situación económica y militar, el Gobierno italiano empezó a explorar la venta de los barcos refugiados en España. Para Madrid era una oportunidad difícil de desaprovechar: ampliar su flota en condiciones ventajosas y pagar con mercancías en lugar de con divisas. Italia, necesitada pero no derrotada, defendió su posición en unas negociaciones que se prolongaron durante más de un año.

En abril de 1943, en Niza, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo para la adquisición de nueve de esos buques a cambio de mercancías. Parecía un éxito para la administración española, pero aquel cambio de bandera necesitaba la autorización británica. En plena guerra, el Reino Unido dominaba las rutas marítimas y no estaba dispuesto a potenciar a un país cuya neutralidad seguía generando dudas. Londres llegó incluso a estudiar la ocupación de Canarias —la llamada Operación Pilgrim— si España entraba en la guerra.

La autorización nunca llegó y, en septiembre, el armisticio italiano cambió por completo el escenario. Los barcos dejaron de ser una cuestión bilateral para convertirse en un problema diplomático mayor, con Londres y Washington como protagonistas. Los Aliados exigieron la salida de las embarcaciones de los puertos españoles.

El Gobierno español no aceptó de inmediato y planteó retener al menos dos como compensación por los mercantes españoles hundidos por submarinos italianos durante la guerra.

Samuel Hoare, embajador de Reino Unido en España.

Samuel Hoare, embajador de Reino Unido en España. / LP/DLP

Las conversaciones ya no eran entre Madrid y Roma. El embajador británico en España, Samuel Hoare, asumió el mando en las conversaciones con el régimen franquista. Durante meses se sucedieron propuestas y contrapropuestas: los Aliados exigían la salida de todos los buques; España insistía en conservar al menos dos en propiedad.

El acuerdo final

En enero de 1944, Estados Unidos suspendió el suministro de petróleo a España por sus exportaciones de wolframio a Alemania. La medida no estaba directamente vinculada a los barcos, pero tuvo un efecto inmediato en la negociación. Quedaba al descubierto la dependencia energética española y su limitada capacidad en la negociación. Sin combustible, la economía apenas podía sostenerse y la capacidad de maniobra del régimen se redujo de forma drástica.

En mayo se alcanzó finalmente un compromiso. España permitiría la salida de todos los buques, salvo dos —el Madda y el Trovatore—, que quedarían en régimen de arrendamiento provisional hasta que su propiedad se decidiera tras la guerra.

Ambos fueron abanderados por navieras españolas, pero su explotación resultó poco rentable y su situación jurídica siguió siendo discutida durante años. En la posguerra, la nueva República italiana rechazó la tesis española de la compensación y presentó sus propias reclamaciones, que fueron quedando enterradas ante la nueva agenda internacional marcada por el inicio de la Guerra Fría.

Lo que en 1942 parecía una operación ventajosa terminó reducido a dos buques problemáticos y a un conflicto diplomático prolongado, dejando al descubierto lo estrecho del margen español frente a la presión de Estados Unidos y el Reino Unido.

Tracking Pixel Contents