Luz en Canarias: el Gobierno prohíbe las llamadas ‘spam’ de las eléctricas y endurece las multas hasta 6 millones de euros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo reglamento que afectará de lleno a miles de hogares canarios al regular el suministro, la comercialización y la agregación de energía eléctrica. La norma introduce cambios relevantes para frenar prácticas abusivas en la contratación de la luz, entre ellas la prohibición general de las llamadas comerciales no solicitadas —el conocido ‘spam’ telefónico— por parte de las compañías eléctricas.

A partir de ahora, las comercializadoras no podrán telefonear a los domicilios en Canarias ni en el resto del país para ofrecer contratos o promociones si el consumidor no ha dado previamente su consentimiento expreso para recibir ese tipo de comunicaciones.

La norma introduce cambios relevantes para frenar prácticas abusivas en la contratación de la luz en los hogares canarios

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó tras el Consejo que el objetivo es acabar también con la llamada contratación “en caliente”. Antes de formalizar cualquier cambio de compañía o de tarifa, las empresas estarán obligadas a remitir al cliente toda la documentación con un lenguaje claro y comprensible, de modo que pueda valorar con detalle las condiciones.

Además, las conversaciones comerciales deberán quedar grabadas y estar disponibles para los usuarios en caso de reclamación. El reglamento también limita las penalizaciones y cláusulas de permanencia consideradas abusivas, que quedarán restringidas a supuestos muy concretos y con topes establecidos.

Multas de hasta 6 millones

En caso de incumplimiento, las eléctricas se enfrentarán a sanciones contempladas en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, con multas que pueden oscilar entre los 600.000 euros y los 6 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de vigilar y, en su caso, sancionar estas conductas.

Según el Ministerio, la reforma persigue tres grandes metas: reforzar la protección de los consumidores, avanzar en la democratización del sistema energético y consolidar la transición hacia un modelo más sostenible. “Se trata de equilibrar la relación entre clientes y comercializadoras, eliminando barreras y ofertas poco transparentes”, subrayó Aagesen.

Más protección para hogares vulnerables en Canarias

El nuevo marco también incorpora medidas específicas para los consumidores vulnerables, una cuestión especialmente sensible en Canarias por el peso de los hogares acogidos al bono social eléctrico.

A partir de ahora, cabildos y ayuntamientos podrán declarar esenciales los suministros de viviendas beneficiarias del bono social para evitar cortes de luz en caso de impago. Asimismo, se prohíbe interrumpir el suministro a personas electrodependientes.

Si un usuario con bono social decide pasarse al mercado libre, la nueva comercializadora deberá informarle por escrito de la estimación anual de la diferencia de coste entre su tarifa actual y la nueva, recabar su consentimiento expreso y comunicar mensualmente estos casos a la CNMC.

Cambios en la refacturación

El decreto también revisa el procedimiento en caso de errores en la facturación. Si el fallo beneficia al cliente, la empresa deberá devolver en la siguiente factura las cantidades cobradas de más, con los intereses correspondientes más un 1,5% adicional. Si el error favorece a la comercializadora, el importe se podrá fraccionar en tantos meses como hayan transcurrido desde la incidencia, con un máximo de un año.

Tres niveles de protección frente al ‘spam’

El Gobierno recuerda que esta reforma se suma a otras normas ya en vigor que buscan frenar las llamadas comerciales no deseadas. Por un lado, la Ley General de Telecomunicaciones reconoce el derecho a no recibir este tipo de comunicaciones. Por otro, una ley posterior establece la creación de un prefijo específico para identificar llamadas comerciales.

Ahora, el nuevo reglamento refuerza esa protección al prohibir de forma general las llamadas para vender contratos de electricidad sin autorización previa del usuario, una práctica que ha generado numerosas quejas también entre consumidores canarios en los últimos años.