Canarias cumple la regla de gasto para Bruselas pero no para Madrid

Si preguntas en Madrid, Canarias incumplió la regla de gasto en 2024 y 2025, y lo hará previsiblemente también en 2026. Pero si se hace lo propio en Bruselas, la comunidad autónoma sí que pasa el examen porque la región sí que respetó en los pasados ejercicios esta norma fiscal atendiendo a los parámetros de la Unión Europea (UE). ¿Cómo es posible si la normativa fiscal de los estados miembros debería estar alineada con la comunitaria? Una paradoja que solo puede explicarse por la dejadez de España para trasponer la directiva europea –aprobada en abril de 2024– que flexibiliza la disciplina fiscal para las administraciones públicas. Por eso, lo que son incumplimientos en la capital del país, no lo son en el continente.

El Gobierno central tenía hasta el pasado 31 de diciembre para adaptarse al criterio europeo. Una directriz que no hacía otra cosa que formalizar la flexibilización de la senda de gasto que los 27 habían acordado para hacer frente a la pandemia. El Ejecutivo nacional no ha hecho los deberes, con lo que Canarias incumple, sí, pero una normativa que no está actualizada y es anterior a los cambios introducidos por Bruselas. Ante esto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) determina en su último informe que el Archipiélago no solo se desvió en los dos años anteriores, sino que también lo hará este año. Unos incumplimientos que han obligado a la autonomía menos endeudada del país a presentar un Plan Económico y Financiero (PEF), con unas medidas que la Airef también considera insuficientes.

La Airef no hace otra cosa que cumplir con su obligación y analizar el devenir financiero de las comunidades autónomas, pero lo hace con una regla desfasada que no se alinea con los criterios de Bruselas. Y es más, el hecho de que España no haya hecho suyas las nuevas directrices europeas provoca que subsista una regla de gasto que nadie cumple. Porque la Airef constata en sus informes un reguero de incumplimientos, si se tiene en cuenta que no solo todas las comunidades –salvo Andalucía–, sino también el Gobierno central se han desviado de la regla. Incumplimientos que obligan a presentar Planes Económicos y Financieros que incluyen medidas para tratar de compensarlo, cuando bastaría con aplicar los criterios europeos para que algunas comunidades autónomas, entre ellas Canarias, cumpliesen.

La flexibilización impulsada por la UE y que salva a las Islas de estar integrada en el grupo de los incumplidores se basa en dos preceptos clave. El primero es la tasa de referencia del crecimiento del gasto computable, que es más laxa. Mientras la normativa española limita el incremento a entre un 2,6% y un 3,2%, la modificación de Bruselas permite un aumento del 9,2%, pero en dos años.

Y el segundo detalle y principal, la directiva europea aclara que solo computará para el cálculo de la regla de gasto el llamado gasto primario neto. Es decir, que en él debe incluirse solo el gasto público ordinario. ¿Cuáles son? Pues los salarios de los funcionarios y empleados públicos, el desembolso en educación o sanidad o las subvenciones, pero no deben incluirse aquellos fondos que hayan ido a sufragar actuaciones temporales. Y parece algo lógico. Para calcular el presupuesto mensual de una familia se deberían de tener en cuenta los gastos que se repiten mes a mes, el agua, la factura de la luz, la cesta de la compra o la gasolina. Pero no aquellos gastos extraordinarios como la adquisición de una nevera nueva porque la que se tenía se ha roto. Evidentemente, no se compra una nevera todos los meses, ni siquiera todos los años, pero se trata de un gasto sobrevenido al que no se le puede dejar de hacer frente.

Si se lleva este mismo ejemplo a las cuentas de la comunidad autónoma, no parece que tenga mucho sentido computar como un gasto ordinario partidas que van dirigidas a sufragar necesidades inesperadas o que tienen un plazo temporal determinado. La Consejería de Hacienda del Gobierno canario engloba en este segmento, por ejemplo, los fondos que el Ejecutivo autonómico destinó a la reconstrucción de La Palma o los que se dirigen a la atención de los menores migrantes no acompañados. Gastos a los que suman los fondos para cumplir con sentencias judiciales pendientes o inversiones puntuales en infraestructuras administrativas que, de nuevo, no deberían computarse para el cálculo de la regla de gasto según Bruselas.

«Hemos cumplido la normativa europea y no hemos puesto en peligro las finanzas públicas», expone la consejera de Hacienda, Matilde Asián. Porque Canarias es una región que cumple con los criterios de déficit y deuda pública, que mantiene la sostenibilidad financiera y tiene superávit y que se ve limitada por la regla de gasto, que se ha convertido en un corsé, ya que cumplirla significaría dejar de atender esas necesidades extraordinarias. Y en esto, la directriz de la Consejería es clara. «Siempre vamos a cumplir con la sostenibilidad de las cuentas», expuso Asián, pero insistió que en la actual situación, con un equilibrio estructural, una deuda del 10% muy por debajo del límite que marca Bruselas del 60% y 134 millones de superávit el año pasado, «lo que no vamos a hacer es dejarlo en la cuenta o destinarlo a amortizar deuda si los canarios tienen necesidades».

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