Solo uno de cada cuatro expedientes de menores acaba en traslados a la Península

El plazo expira y los deberes quedan sin hacer. El Estado solo ha conseguido materializar en traslados el 23,2% de los expedientes –apenas uno de cada cuatro– correspondientes a los menores migrantes no acompañados que debían abandonar el Archipiélago antes del 19 de marzo a través de la vía ordinaria. Un mecanismo concebido para reubicar a los chicos que ya se encontraban en las Islas antes de la declaración de la contingencia migratoria. Pero a un mes de que venza el plazo fijado, el objetivo está lejos de cumplirse.

Las expectativas sobre esta normativa –al menos desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma– nunca fueron alentadoras. Mientras que el real decreto que regula esta vía ordinaria fija que, antes del 19 de marzo, el Estado debía reubicar a los menores presentes en el Archipiélago hasta reducir su número a 2.211, los datos evidencian un cumplimiento muy limitado: de los 1.108 expedientes remitidos por Canarias para dar cumplimiento a la norma, solo 158 traslados se han materializado, 69 chicos continúan pendientes de derivación y 30 esperan iniciar su viaje a la Península a lo largo de esta semana.

Las cifras resultan claramente insuficientes, no solo para cumplir con la obligación legal de la Administración central, sino también para aliviar el hacinamiento que sufren las Islas, que triplican su capacidad de acogida. Precisamente este desbordamiento del sistema es el que ha conducido al Archipiélago a la situación de contingencia migratoria. Un escenario que también comparten Ceuta y Melilla. El escenario es claro: la demora del Gobierno de España en la ejecución de los traslados ha tenido consecuencias directas para los propios jóvenes. De los más de mil expedientes remitidos por el Ejecutivo autonómico, 213 fueron archivados —una cifra superior al número de derivaciones efectivamente ejecutadas—, bien porque los menores manifestaron arraigo en las Islas o porque alcanzaron la mayoría de edad durante el proceso de la tramitación.

Los traslados

En este último supuesto, las consecuencias son especialmente significativas: al cumplir los 18 años, los jóvenes quedan fuera del sistema de protección de menores y deben continuar su proyecto migratorio a través del procedimiento previsto para personas adultas. Un itinerario menos garantista que el diseñado para los menores no acompañados. Más allá de que muchos de los jóvenes ya han alcanzado la etapa adulta, otros 57 han manifestado que no desean ser trasladados, en parte debido a la dilación en la ejecución de los traslados. Desde la aprobación del real decreto en marzo de 2025 hasta el inicio efectivo de las reubicaciones transcurrieron cinco meses, lo que evidenció una clara ralentización del proceso.

Con respecto al resto de expedientes pendientes, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que 437 se encuentran en las subdelegaciones a la espera de resolución, mientras que otros 174 ni siquiera se han iniciado. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias asegura haber firmado 671 expedientes desde la declaración de la contingencia. Esta cifra incluye tanto a los menores que llegaron a las Islas después del 29 de agosto –fecha en que se declaró la contingencia– y que deben ser trasladados en un plazo de 15 días a través de la vía exprés, como a aquellos que deben hacerlo mediante el mecanismo ordinario. En el caso de la vía exprés, según los datos del Ejecutivo autonómico, 215 menores han sido derivados mediante este procedimiento.

Ante este escenario, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, reconoce que el procedimiento ha sido "lento, extraordinario y garantista". A esta complejidad se suma que, en todas sus fases, tanto las comunidades autónomas como los propios menores pueden presentar alegaciones, un factor adicional que ha contribuido a ralentizar el proceso. El mecanismo de traslado —que la propia Rodríguez valora de forma positiva por permitir derivar a los niños a centros más pequeños, donde la atención es más personalizada— no ha cumplido, sin embargo, los plazos establecidos.

Los datos actuales reflejan que la Comunidad Autónoma tutela a 4.061 menores migrantes no acompañados. Sin embargo, el número de chicos alojados físicamente en los centros de acogida del Archipiélago se reduce a 3.544, una cifra que supera en más de un millar la capacidad fijada por el decreto. Esta diferencia se explica porque 570 menores solicitantes de asilo, aunque han salido de la red de acogida canaria, continúan bajo la tutela autonómica. De ese total, 128 permanecen en centros estatales ubicados en las Islas, como el Canarias 50.

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